La desgravación fiscal para inversiones de renta fija puede desaparecer de los presupuestos del próximo año
La Administración y los medios financieros privados se muestran contentos por el éxito que ha tenido la emisión de deuda pública a dos años que salió al mercado sin desgravación fiscal y a un tipo de interés del 16%. En los veinte días que duró la operación, prevista inicialmente para 20.000 millones de pesetas ampliables, se han recibido solicitudes por una cifra que ronda los 60.000 millones. La acogida de la emisión hace que se piense en la posibilidad de desaparición de la desgravación fiscal de la que gozan los títulos del mercado de renta fija; necesidades de mayor recaudación pública avalarían una decisión de este tipo que no sería muy contestada por los medios económicos.
En cualquier caso hay opiniones para todos los gustos acerca del carácter beneficioso o no de la emisión de deuda a dos años que se ha cerrado. Por un lado, en medios de la Administración se señala que, a pesar de no tener aún las cifras totales ya que no ha terminado todavía el plazo para que los bancos, cajas y otros intermediarios financieros comuniquen cuáles son las demandas definitivas, se tiene la impresión de que una buena parte de los 60.000 millones de pesetas colocados lo han sido entre los ahorradores privados, independientemente de su nivel de ingresos anuales.En medios de la banda, por su lado, las opiniones no son tan uniformes. Hay bancos que han colocado 2.000 millones de pesetas entre el público y a petición de éste que lo solicitaba en sus oficinas; otros, por el contrario, que han actuado como intermediarios en operaciones que superan los 5.000 millones de pesetas consideran que han sido las sociedades de cartera, que tenían liquidez en estos momentos, los principales demandadores de estos títulos.
Preferencia por un mayor interés
Según estas fuentes, las sociedades de cartera han abandonado momentáneamente parte de su negocio en la Bolsa, lo que explicaría en cierta forma la caída de las cotizaciones de las semanas pasadas, colocándose en una posición de dinero ante las próximas elecciones. La aparición de los bonos del Estado a dos años de amortización, con un 16% de interés bruto sin desgravación y con una facilidad de conversión en dinero habría atraído a este tipo de inversores institucionales.Los 60.000 millones colocados significan, en opinión de algunos círculos bancarios, una buena noticia ya que el Tesoro no tendrá que colocar a final de año una cantidad importante de dinero en su última emisión de deuda pública para alcanzar los objetivos previstos de financiación del déficit público. Que el Estado no tenga necesidad de poner en marcha una emisión de deuda pública muy elevada supone que no habrá una tensión muy acusada a finales de año para que suban los tipos de interés de las operaciones pasivas de la banca.
Terminar con las subvenciones
En principio, a la Administración no le quedaba por sacar al mercado más que 27.000 millones de pesetas en deuda a medio plazo, ya que el endeudamiento exterior previsto estaba cubierto con las últimas operaciones y las subastas de pagarés del Tesoro -deuda pública a corto plazo- se acercan a las previsiones de obtener 150.000 millones de pesetas.Pero como la ley de Presupuestos Generales admitía la ampliación del límite de endeudamiento total y la posibilidad de modificar las cifras asignadas a deuda externa o interna, el Consejo de ministros del pasado viernes decidió aumentar en 25.000 millones de pesetas dicho endeudamiento. De esta forma se negociará un nuevo crédito exterior de 200 millones de dólares, y así se equilibrará algo la balanza de capitales muy negativa por no haber acudido a los mercados internacionales las empresas privadas en la proporción que se había estimado a primeros de año. Además, el Ministerio de Hacienda sacará, del uno al veinte de diciembre, el último tramo de deuda pública a medio plazo por valor de 40.000 millones de pesetas, a tres o cuatro años de amortización, con el 12,75% de interés y un 15% de desgravación fiscal.
La acogida de la emisión de deuda a dos años, cuya rentabilidad real es menor que cualquiera de las otras de renta fija que se ofrecen en el mercado, hace que tanto los responsables de Hacienda como los de las empresas que suelen emitir con desgravación fiscal se planteen la posibilidad de que a partir del año próximo en los Presupuestos Generales no se recoja la posibilidad de desgravación.
El razonamiento es simple. Por un lado se tiene cada vez más claro que la desgravación fiscal no es otra cosa que una retribución adicional que en unos casos el Estado paga fraccionadamente sobre sus propias emisiones y que en otros, en el caso de las empresas privadas, no deja de ser una subvención a los tipos de interés de esas emisiones. En cualquier caso es un pago del Estado, o mas propiamente el dejar de ingresar cantidades importantes -150.000 millones de pesetas en 1982- por parte del fisco, que en unos casos está justificado y en otros no.
Disminución de los tipos
En medios de la Administración se considera la conveniencia de acabar con los beneficios de la desgravación ya que se ha demostrado más efectivo ofrecer un tipo de interés bruto más elevado, aunque la rentabilidad real sea menor. El Estado, al final, paga menos por sus obligaciones y se trata de ello.Los responsables de la banca, por su lado, en sus conversaciones con los representantes socialistas han señalado que la emisión de deuda a dos años con el 16% de interés, para cualquier cantidad de dinero a partir de 10.000 pesetas, y la (le pagarés del Tesoro al mismo tipo pero a un año de amortización, suponía de hecho una presión al alza en los tipos de interés de sus depósitos a plazo que consideraban demasiado elevada. Los técnicos socialistas aceptaron la posición de la banca siempre y cuando ello llevara aparejado el reconocimiento por parte de las instituciones financieras de que debía desaparecer la desgravación fiscal a sus emisiones de renta fija porque elevaban el precio del dinero en general y suponían un coste que pagaba el Estado.
En medios financieros privados se asumió el planteamiento socialista lo que puede llevar de hecho a una reducción importante del coste del dinero en los próximos meses. Por un lado, si la Administración admite que el 16% a uno o dos años es elevado, en sus emisiones tenderá a que el tipo de interés se sitúe a niveles más bajos.
La desaparición de la desgravación fiscal hará descender en esa misma cantidad el volumen de déficit público y, por lo tanto, su necesidad de financiación. En último término, la rentabilidad real de las emisiones bancarias y de otras empresas descenderá para alinearse con los nuevos tipos de referencia marcados por el sector público.
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