El programa económico de Alianza Popular

Nada más lejos de la intención de Alianza Popular, al plantearse su programa económico para los próximos cuatro años, que proponer utopías que nos permitan una crítica fácil de quien pueda ganar las próximas elecciones, o recurrir a un new look para recubrir viejas arrugas. Para mejor claridad, creo que es positivo explicar cuáles han sido los ejes principales de análisis de la realidad que nos han llevado a las propuestas concretas del programa económico de Alianza Popular. Son los siguientes:1. Necesidad de una política de oferta. El mantenimiento de una política de demanda a través del gasto público ha llevado a la economía española al previsible resultado de aumentos en el gasto público y la inflación, no del consumo privado; en aumentos de las importaciones, no de nuestra competitividad exterior; en un crawding out del sector privado de los mercados de capitales, no a un relanzamiento de la inversión nacional, etcétera. Además, el Estado español ha demostrado a lo largo de los últimos años su incapacidad para cumplir sus presupuestos de inversión. Así que su supuesta acción de locomotora de la economía se ha reducido a incrementar nuestros costes internos, haciendo recaer sobre el sector privado el control de la inflación. El previsible resultado no podía ser otro que la staflation (inflación con recesión económica).

2. La necesidad de combinar una política de oferta con una reducción del déficit presupuestario. Las experiencias norteamericanas e inglesas demuestran que el efecto reactivador de fomentar la oferta económica de un país ha de ir acompañado de una estable oferta crediticia al sector privado. Acabados los felices tiempos de las políticas monetarias dirigidas a través del control de los intereses, si queremos de verdad fomentar el ahorro, es vital la disciplina monetaria del sector público para permitir unas condiciones competitivas en los mercados financieros. Por tanto, AP no propone grandes reducciones de impuestos: sólo la indexación de las rentas más bajas, para evitar la injusticia de que el Estado se beneficie a través de los más débiles de la inflación que él mismo provoca; la indexación imperfecta de las amortizaciones, para fomentar la inversión productiva, pero sin llegar a establecer el necesario sistema FIFO, y la posibilidad de que la inversión en las pequeñas y medianas empresas se beneficie de los mismos incentivos fiscales que en las grandes, así como garantizar su transmisión a otras generaciones.

3. Necesidad de crecer económicamente alrededor del 4% para promover el empleo. Dado que a partir de 1973, progresivamente, gran parte del ahorro nacional se utiliza para el pago de la factura del petróleo, no sólo la demanda interna puede sostener el crecimiento económico. En esta circunstancia, España necesita exportar, y para ello, ser competitiva a niveles mundiales, asemejando sus costes internos a la media de la OCDE.

Es decir, inflación, déficit, balanza de pagos, costes por unidad producida, presión fiscal por renta per cápita, formación de capital bruto, endeudamiento exterior en relación con el PIB, han de asemejarse a los de nuestros competidores. Y no nos parece de más que la Administración colabore en este esfuerzo exportador, unificando su acción y sus criterios en un solo organismo. Cualquier otro planteamiento de crear empleo sin crecimiento económico, o de crecer sin aumentar significativamente nuestras exportaciones, hundiría nuestra economía en el subempleo o en el proteccionismo; cualquier otra fórmula reduciría nuestra calidad de vida.

4. Evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los menos beneficiados. Garantizando una cobertura universal, indexando las rentas más bajas, evitando que los que tienen empleo eleven demasiado el coste por unidad producida, que dejaría fuera a los que no lo tienen o se encuentran en empleos marginales; reduciendo los costes para poder adquirir experiencia en primer empleo. En definitiva, creemos que es necesaria una reordenación del gasto público según los siguientes parámetros:

- Recortando las transferencias, disciplinando las empresas públicas y los gastos consuntivos.

- Maximizando la efectividad en la. administración de la Seguridad Social, permitiendo la competencia a todos los niveles, con lo que no sólo los actuales fondos deberían ser suficientes, sino que el usuario será también cliente.

En resumen, Alianza Popular cree que con el aumento de la actividad económica la recaudación fiscal será también mayor, sin necesidad de afectar negativamente al ahorro y a las expectativas de inversión a través del aumento de la presión fiscal. Alianza Popular propone, en definitiva, un programa económico claro, pero difícil, para una situación pésima, pero con causas fáciles de identificar.