3 años de cárcel a dos acusados de quiebra fraudulenta

Manuela Ramírez Marrero, de 74 años, y su sobrino Manuel Ramírez Borrás, han sido condenados por la sala segunda del Tribunal Supremo a sendas penas de tres años de prisión por un delito de imprudencia temeraria, relacionado con la quiebra fraudulenta de una agencia de préstamos de Tenerife, de la que los encausados eran titular y apoderado, respectivamente. Ambos deberán indemnizar a los acreedores. El saldo negativo de la entidad se eleva a casi cien millones de pesetas.La agencia de préstamos se denominaba José Santaella y su titular era Ramírez Marrero desde 1966. Su sobrino Manuel Ramírez Borrás ejercía las funciones de apoderado desde 1971, en unión de otro sobrino de la primera, que se encuentra en paradero desconocido y en situación de rebeldía.

En la entidad no se llevaban libros de anotaciones, ni siquiera los que exige la normativa mercantil, y no existía contabilidad alguna. Para uso interno, algunas operaciones, como imposiciones de capitales o reintegro de intereses, se anotaban en fichas o en libretas. Tampoco se llevaba un registro de ventas y compras de inmuebles, que se realizaban con cargo a los fondos de los impositores.

Los acusados habían retirado en varias ocasiones dinero de la agencia para usos particulares. Los vales y notas correspondientes han desaparecido.

En las anotaciones internas de la entidad se hacían figurar importantes sumas de dinero como préstamos a los propios acusados, que luego las invertían en bienes inmuebles y negocios a su nombre. Las anotaciones sobre estas operaciones desaparecieron antes de 1975.

Debido al completo desorden contable y a la deficiente gestión financiera, la situación económica de la agencia resultó deficitaria y se suspendieron en 1973 los préstamos al exterior, pese a lo cual los acusados continuaban recibiendo imposiciones de dinero de los clientes.

La situación se fue deteriorando hasta febrero de 1976, fecha en que el acusado declarado rebelde abandonó España y se instó la declaración de quiebra. El juzgado de primera instancia número uno de Tenerife declaró la quiebra fraudulenta, con un saldo negativo próximo a los cien millones de pesetas.