Cinco ministros de Trabajo no pudieron con el paro

Cinco ministros en poco más de tres años, el entramado legislativo de un nuevo modelo de relaciones laborales, la presencia institucional de los sindicatos de clase, la concertación social y una conflictividad laboral fragmentada, pero creciente, como consecuencia de los cierres empresariales y expedientes de regulación de plantilla, son los aspectos más significativos con que se ha tenido que enfrentar un Ministerio inventado para resolver la confrontación social. A pesar de los nuevos usos democráticos, paradójicamente, la intervención de este departamento ha sido superior a la de pasadas épocas, cuando no era reconocida la autonomía de las partes que intervienen en la negociación colectiva. En medio de todo, el drama del paro, problema sin resolver.El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha sido un departamento elástico en los últimos tres años. Su estructura orgánica y el ámbito de sus competencias han crecido y decrecido al vaivén de la coyuntura política. En los pasillos del Ministerio todavía se cuenta que uno de sus titulares exigió, para aceptar su nombramiento, que lo que sólo era Trabajo se convirtiera en un superministerio, con las competencias añadidas de Sanidad y Seguridad Social. Fue precisamente el añadido sanitario el que proporcionó la carcoma que desembocó en su cese.

Nunca ha sido Trabajo un departamento apetecido por hombres con amplia perspectiva de aventura política. Para muchos, es el Ministerio que más quema, y lo señalan -para lección de futuros Gobiernos que deseen esquivar problemas- como la ubicación ideal de compañeros de viaje en Gabinetes de coalición.

De las 77.853 personas que componen la plantilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 53.097 son funcionarios. El resto es personal laboral, contratado o eventual. La estructura del departamento es compleja. Once organismos autónomos, entre los que se cuentan el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación y la Organización de Trabajos Portuarios, dan empleo a 34.491 personas. En los dos organismos de la Seguridad Social trabajan 33.528. No es, una plantilla excesiva, según criterio del interior de la casa, sino, en todo caso, "mal utilizada". Ninguno de los altos cargos del Ministerio, todos ellos funcionarios, ha cedido a la tentación de integrar las listas electorales, a pesar de que "no han faltado ofertas".

Un departamento comodín

Para los sindicatos, la gestión durante la actual legislatura ha tenido graves deficiencias. Comisiones Obreras denuncia el carácter de "comodín que este Ministerio, básico en cualquier Estado moderno, ha tenido para el partido en el poder". Aspecto en el que coincide UGT, para quien los continuos cambios de titular han creado "un cierto confusionismo, que ha repercutido negativamente en su funcionamiento".

Ambas centrales se aúnan al criticar el escaso desarrollo legislativo, del nuevo marco de relaciones laborales y la carencia de consultas a los sindicatos, la deficiente gestión en ciertos organismos del departamento, la falta de solución a la devolución del patrimonio y, como matiza Julián Ariza, de CC OO, "la falta de voluntad en la participación institucional de los sindicatos, que ha supuesto una constante batalla frente a la reticencia de la Administración". Pedro Guardeño, de UGT, constata que "en Trabajo se ha producido, en definitiva, la cristalización de una política social regresiva del Gobierno de UCD".

El paro que crece sin remedio

Rafael Calvo Ortega (catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, 44 años) estaba ya en el cargo antes de que las elecciones legislativas de marzo de 1979 dieran la continuidad en el Gobierno al partido de Suárez. Había sucedido en febrero de 1978 a Jiménez de Parga, y llegó al Ministerio de Trabajo equipado con su tenacidad para el trabajo y no pequeñas dosis de optimismo. Cuando en abril de 1978 el número de parados era de 722.000 se atrevió a dictaminar que, en su opinión, la cifra no era alarmante. Su optimismo se derivaba entonces de las medidas previstas en los pactos de la Moncloa, en cuya gestación intervino activamente, pero que, como ministro, no tuvo muchas oportunidades de aplicar. Cuando en mayo de 1980 dejó el cargo para asumir la secretaría de Unión de Centro Democrático, los parados habían crecido hasta 1.250.000.

Su buena voluntad quedó también de manifiesto cuando calificó al Estatuto de los Trabajadores de "bueno, porque venía a rellenar un vacío legislativo". Y, aunque ello era cierto, el Estatuto de los Trabajadores, dejó fuera de su ámbito a los funcionarios del Estado, la Administración adoptó una actitud salomónica en los temas que enfrentaban a las dos centrales mayoritarias y, a pesar de suponer la definitiva consolidación de la estructura laboral en el marco democrático constitucional, ninguna de las partes quedó plenamente satisfecha. Las negociaciones que Calvo Ortega llevó directamente con representantes del PSOE para buscar el acuerdo que hiciera posible su aprobación parlamentaria generaron la oposición de CC OO. Como consecuencia de los pactos, el título referente a conflictos colectivos y cierre patronal quedó excluido.

La devolución del patrimonio comenzó a ser contemplada, pero prologada por los graves problemas para su ejecución. Calvo Ortega, antes de su despedida, anunció la reforma del sistema de empleo comunitario, la piedra de toque de graves conflictos, casi siempre protagonizados por los campesinos andaluces. Su partida coincidió con la celebración del Uno de Mayo, fiesta de los trabajadores y que en el pasado había estado camuflada bajo la advocación de San José Artesano.

Un ministro fugaz

Salvador Sánchez Terán llegó al Ministerio a sus 46 años recién cumplidos. Ingeniero de caminos, venía acompañado por su fama de eficaz. Procedente de Transportes, su estancia en Trabajo ocupó el tiempo necesario para conectar con Telefónica, su posterior destino. Sin embargo, sí tuvo ocasión de sacar a la luz uno de los textos que más críticas han venido soportando desde que apareciera en el Boletín Oficial del Estado: la Ley Básica de Empleo. Roto el diálogo con las centrales, el principal punto de desacuerdo radicó en el plazo de la cobertura de desempleo, que los sindicatos pedían de dos años y que quedó condicionado al período de cotización, con un máximo de dieciocho meses.

Tanto CC OO como UGT coinciden ahora en señalar que es posiblemente la Ley Básica de Empleo, que Calvo Ortega dejó en la carpeta de pendiente, una de las "normativas más nefastas" de las aparecidas en este período legislativo, y que para su elaboración hubiera sido necesario contar con las centrales.

La primera urgencia del ministro fue desbloquear el vidrioso tema del patrimonio sindical; no así la regulación de la huelga, que quedó aplazada sine die. En 1980, el Ministerio colaboró activamente en la ceremonia de la confusión de los datos de las elecciones sindicales, que supusieron la consolidación de las dos centrales mayoritarias, CC OO y UGT. Fue Sánchez Terán el que intentó continuar la tercera vía con la preparación de una orden ministerial que, en opinión de otras centrales, buscaba favorecer a Unión Sindical Obrera (USO) de cara a próximos comicios sindicales.

Entre los asuntos que figuraban en su agenda mientras ocupó la cartera de Trabajo, según sus más íntimos colaboradores, estaba un programa de empleo que no llegó a poner en práctica y que se basaba en el desarrollo de aquellos aspectos del Estatuto de los Trabajadores relacionados con las distintas modalidades de contratación.

En septiembre de 1980, Sánchez Terán cede la cartera de Trabajo a Félix Manuel Pérez Miyares (abogado, 44 años, antiguo delegado provincial de los sindicatos verticales, diputado y presidente de la UCD andaluza). A su llegada, sus dos principales objetivos, que no se verían logrados, eran la lucha contra el falso paro y la reforma del empleo comunitario. Dotado de gran simpatía personal, como aseguran sus colaboradores, Pérez Miyares lleva a cabo por primera vez en la historia del país la regulación laboral de los deportistas profesionales.

Fue un ministro partidario de un sindicato adecuado a la militancia de UCD. Quizá por eso le acusaron de connivencias con la USO, que él siempre negó, aunque reconoció que a los obreros que en Huelva le pedían su consejo no tenía más remedio que decirles: "No te apuntes a ninguno de los sindicatos marxistas que me llevan la contraria en el Congreso de los Diputados". Durante su mandato no quiso hablar de la devolución del patrimonio sindical, "porque no hay acuerdo sobre las cuantías".

Con una "clara vocación política en el mundo del trabajo", como él mismo manifestara recién jurado el cargo, su breve permanencia en el edificio de los Nuevos Ministerios está impregnada por el deseo de reformar el empleo comunitario y los primeros intentos de concretar los programas de reestructuración sectorial con los conflictivos expedientes de regulación de empleo.

Problema sanitario para un superministerio

En febrero de 198 1, una vez que se produce la dimisión de Adolfo Suárez y recientes aún los ecos del frustrado golpe de Estado, un catedrático de Optica, con larga experiencia en el entramado administrativo, Jesús Sancho Rof (cuarenta años), consiguió el sueño dorado de tener en sus manos, añadido a Trabajo, el impresionante presupuesto de la Seguridad Social, además de la gestión del aparato sanitario. Trabajo quedó absorbido en un superministerio: Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, con un presupuesto superior al del resto del Estado.

El nuevo ministro llegó con grandes planes. Sin embargo, a los dos meses, una epidemia impidió su realización. El síndrome tóxico, envenenamiento masivo producido por aceite de colza adulterado, fue el factor determinante de su gestión y el que, finalmente, provocó su cese.

En el área de Trabajo, su gestión se inicia con el objetivo de cumplir la propuesta que el presidente Calvo Sotelo expresó en su discurso de investidura: una política de concertación social, que se traduciría, posteriormente, en el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). Un pacto que ha presidido las relaciones laborales en el último año, ha intentado poner freno al desempleo y ha consolidado institucionalmente a las dos centrales mayoritarias. Si siempre el Ministerio de Trabajo ha estado condicionado por el paro, el ANE viene a reforzar la necesidad de buscar una política de empleo que ponga fin a remedios coyunturales.

Santiago Rodríguez Miranda recoge la herencia de un Ministerio aliviado del área de Sanidad. El nuevo ministro (cuarenta años, abogado del Estado y fundador del Partido Social Demócrata Balear) llegó a finales de 1981 con una obsesión: terminar con "la Seguridad Social del despilfarro". Reformar la estructura de la Seguridad Social, terminar con el fraude en la percepción del desempleo y poner remedio al desempleo -"el principal problema del país"- son las metas que se planteó al asumir el cargo. Precisamente la reforma de la Seguridad Social, con la presentación de las denominadas sesenta medidas, fruto de largas y entrecortadas reuniones, desencadena, tanto por parte de empresarios como de trabajadores, los ataques más furibundos que el actual titular ha tenido que soportar.

Su afán por combatir la corrupción comenzó en el propio Ministerio. Los funcionarios que dejaban una segunda chaqueta en el respaldo de su silla de trabajo mientras acudían al pluriempleo renegaron por lo bajo de las "ínfulas del nuevo ministro". Los árboles le impidieron ver el bosque. Su excesivo énfasis en perseguir a los supuestos defraudadores del seguro de desempleo le ha impedido corregir las graves deficiencias y retrasos de las prestaciones, evitar el desigual reparto de los fondos del empleo comunitario y resolver los problemas presupuestarios de algunos de los institutos.

Con Rodríguez Miranda, la contratación temporal pactada en el ANE sufre nuevas modificaciones y le enfrenta con los dos sindicatos mayoritarios y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), firmantes del acuerdo. Se inicia, en el fondo, una tímida flexibilidad de plantillas, que los empresarios han venido demandando desde que el Estado proteccionista iniciara su declive.