Un documento prudente
LA NOTA de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal sobre las próximas elecciones se propone realizar "una iluminación religiosa y moral" de la "conciencia cristiana" ante tan importante acontecimiento. El considerable número de españoles que observan la fe católica con estricta obediencia confiere, necesariamente, amplias implicaciones políticas a ese documento. Los obispos, en cualquier caso, redoblan la prudencia a la hora de matizar la fuerza vinculante de sus exhortaciones. Señalan que la Iglesia "no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni con ningún sistema político"; que los hombres y mujeres que consagran su vida al estado religioso "deben mantener públicamente sus distancias de cara a las opciones políticas concretas"; que "la Iglesia no debe identificarse con ninguna postura política ni imponerla autoritativamente a sus fieles"; que "ningún programa político agota las exigencias del Evangelio", y que la actividad política debe "valorarse en su justa dimensión... sin menospreciarla ni caer tampoco en la tentación de otorgarle un valor absoluto".Los obispos consideran que la emisión del voto es un acto moral y que los cristianos deben fundamentarse, al depositarlo, sobre una serie de puntos de la vida personal y colectiva. En vísperas de la campaña electoral, el derecho a la vida de los no nacidos puede ser esgrimido contra el aborto terapéutico propugnado por los socialistas, mientras que "la primacía de la persona del trabajador en las relaciones laborales y económicas" puede poner en aprietos a los profetas del neoliberalismo económico. Sin duda, los políticos conservadores llamarán la atención sobre las referencias a "la protección eficaz del matrimonio y de la familia" y al "derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciban sus hijos", en tanto que la izquierda centrará su interés en "la recta distribución de los recursos materiales, culturales y cívicos" o "la lucha por la justicia en todos los órdenes de la vida".
El documento es, por otra parte, una firme apuesta por la España democrática. Junto a un diagnóstico sobre el desencanto de algunos sectores sociales respecto al sistema como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis económica, el desempleo y el terrorismo, los obispos manifiestan su apoyo a la Constitución, elogian la eficacia de las instituciones públicas para superar pruebas muy difíciles (como el golpe frustrado del 23 de febrero, añadimos nosotros); reconocen el notable progreso del espíritu de convivencia y el afán de moderación en la sociedad española, y alaban la capacidad de los líderes y de los partidos para anteponer los intereses del Estado a los suyos propios y de las asociaciones patronales y los sindicatos para concertar sus programas.
En definitiva la declaración merece un elogio desde los sectores de la sociedad civil que pudieran temer un intervencionismo inapropiado de la jerarquía católica en el proceso electoral. El documento se mueve en una prudente amigüedad respecto a las opciones concretas y en una definida posición de apoyo a las libertades democráticas. Y la muestra más clara de este compromiso es su afirmación de que, tras las elecciones, "es obligado acatar el resultado de la voluntad popular, respetar las instituciones y el Gobierno resultante de las urnas y seguir colaborando, aunque sea desde una oposición constructiva, al bien del cuerpo social".
