La lucha de los altos cuerpos de la administración impidió que Economía erjerciera sus funciones de control

El Ministerio de Economía, cuyo titular actual concentra además en su persona la vicepresidencia segunda del Gobierno para Asuntos Económicos, ha pasado en los cuatro últimos años por fases diversas, pero siempre tendiendo a asumir mayores cotas de responsabilidad general. De ser calificado como mero apéndice de la persona del vicepresidente Fernando Abril Martorell a la unificación en Juan Antonio García Díez de los dos cargos, más el derivado de la inclusión del antiguo Ministerio de Comercio, media un buen trecho que se explica tanto por la intensidad de la crisis económica como por las luchas corporativas que, anegan en buena parte a la Administración pública.Los resultados de las elecciones generales de 1979 suponen para Economía un mero cambio formal: en lugar de ser considerada en el organigrama administrativo como una. secretaría de Estado, a cuyo frente estaba José Luis Leal, se transforma en un ministerio con la misma persona como titular y en la misma línea de dependencia con el vicepresidente económico Fernando Abril Martorell. Tanto es así, que el ascenso de Leal viene a ser la condición para que éste no dimitiera anteriormente para poder presentarse a las elecciones generales -los ministros no son elegibles, los secretarios de Estado sí- que dieron el triunfo por segunda vez consecutiva a Unión de Centro Democrático (UCD).

Las fórmulas de operatividad, los esquemas de actuación, siguen siendo los mismos; el Ministerio de Economía tiene que túatar de globalizar los intereses concretos de cada uno de los ministerios con claras competencias económicas, impidiendo de esta forma la continuación de los reinos de taifas en que éstos se han convertido con el transcurso de los años. El intento se centra en crear un ministerio horizontal que sepa oponerse a los particularismos de los demás ministerios, de los verticales, en cuanto que éstos tienen en su seno, y desde fuera, sectores productivos concretos a los que defender: desde determinados cuerpos de la Administración hasta, los empresarips de algunos sectores concretos que consideran a los ministerios,sectoriáles como si se tratara de un bufete,de abogados servicios de estudios o representantes más o menos legales de sus intereses particulares:

El Ministerio d e Economía, según este esquema, tiene que centralizar las decisiones en este terreno sin aceptar las presiones, de cada uno de los demás. La existencia de una vicepresidencia económica separada no viene sino a dificultar o duplicar esta tarea. Durante la primera época, que acaba con el relevo de Abril Martorell y de José Luis Leal, esto es así. El poder se concentra en la vicepresidencia, y el ministerio no pasa de ser otra cosa que una secretaría ampliada de la propia vicepresidencia. Su operatividad, desgajada de la vicepresidencia es nula. Los balances a hacer tienen que ser conjuntos, aunque algunas decisiones correspondan formalmente al la vicepresidencia y otras al Ministerio de Economía.

En cualquier caso, las personas que trabajan en estos dos organismos en aquellos años son conscientes de ello; son pocos, y los de Economía realizan sus funciones en base a los papeles que los del piso de arriba les solicitan en cada ocasión. Forman parte de todos, los organismos de coordinación ministeriales, prpsidiendo las comisiones. Sus tareas básicas se limitan a tratar de frenar las apetencias del fondos o competencias que los demás ministerios quieren mantener o acrecentar. Las grandes líneas de política económica emanan de la vicepresidencia, y los contactos entre los titulares de ambos aparatos pasan unas veces por períodos cálidos y en otras se encuentran cerrados todos los circuitos de comunicación.

La independencia del Banco de España

Al margen del diseño de las grandes Iíneas de actuación económica, de la elaboración de los principales cuadros en los que anualmente tiene que moverse la actividad, en Castellana, 3 -en el primer pilo se encuentra el despacho de Leal en 1979 y en el segundo el de Abril-, se van tomando las grandes decisiones de modificación del sistema financiero el paso principal de todo ello se inicia cuando el Banco de España adquiere una independencia funcional y formal. Hasta entonces el banco emisor no había dejado de ser considerado como una dirección general más del Ministerio de Hacienda y, por tanto no podía ejercer ningún tipo de actuación diferenciada de aquél.

El establecimiento de una normativa nueva que regula la actuación de los órganos rectores del Banco de España, confiriendo a éstos una nueva. posibilidad de independencia frente al Ejecutivo aunque integrado dentro de toda la política general del Gobierno, es un paso adelante. El gobernador del Banco de España es desde entonces nombrado por el Rey, a petición del Consejo de Ministros. En la práctica esto supone que el gobernador tiene casi rango de ministro y que por tanto, puede actuar sin coacciones previas de otro ministro, puede efectuar críticas a la actuación global y, dentro de sus competencias específicas, diseñar su política concreta sin intromisiones graves.

Las dos crisis del sistema financiero sufridas a lo largo de los tres años y medio de la legislatura ponen otro contrapunto en la actuación de este ministerio de reciente creación; las decisiones de la Corporación Bancaria y posteriormente del Fondo de Garantía de Depósitos en la política de reflotamiento de los bancos en crisis ilustra los componentes básicos en esta materia: se puede liberalizar el sistema financiero modificando los tipos de interés del pasivo y del activo; se pueden abrir los canales de obtención de financiación hasta límites considerados como insospechados dos años antes, pero en el mismo momento en que se produce la crisis, primero, hay que negarla. y posteriormente, guardar los trapos sucios dentro de la propia casa.

Los rumores sobre crisis en determinadas instituciones bancarias fueron, surgiendo desde 1979 cada vez con más fuerza. Siempre eran desmentidos por todas las partes e incluso no se llegaba a admitir la existencia de una crisis general, sino de casos concretos, hasta que ésta estalló. En ese momento se pone en funcionamiento un mecanismo que ha ido modificándose con el paso de los meses. Desde la intervención por parte de las autoridades monetarias, a través de la Corporación Bancaria o del Fondo de Garantía de Depósitos, hasta el dejar declararse en ruina a un banco, pasando por la venta ayudada a terceros sin pasar por los mecanismos de saneamiento bajo control público. Y siempre sin utilizar el derecho de tanteo por parte del Estado como en todas y cada una de las ocasiones solicitó la oposición socialista.

Las explicaciones, justificadas a partir del razonamiento de la necesidad de mantener una imagen de solvencia en todo el sistema bancario, contestadas incluso en el seno de las propias instituciones financieras, no bastaban. No obstante, está aún por ver que se produzca una explicación suficiente sobre el nivel de crisis de alguna de estas entidades ayudadas a reflotar al 50% por capitales públicos y privados.

Nuevos instrumentos financieros, creación y modernización de nuevos mercados, apertura de nuevas operaciones, tradicionales ya,en los mercados internacionales, pero inéditas en el español; liberación de dividendos, aunque con limitaciones para que no se produjeran nuevas desviaciones al principio, son los principales rasgos de la actuación en esa materia de las autoridades económicas.

Las formas utilizadas en el reflotamiento de algunos bancos, las ayudas que el Banco de España ha concedido a otras que atraviesan por dificultades importantes y un buen oscurantismo, conformarían las líneas negativas de este período.

La unificación con ComercioEl cambio de vicepresidente, que llevó aparejado también el de mínistro, significa una transformación importante sin el Ministerio de Economía. Mientras que la vicepresidencia es ocupada por Leopoldo Calvo Sotelo, en Economía se instala Juan Antonio García Díez, que logra además una importante batalla: el nuevo ministerio surge de la fusión del primitivo de Economía con el de Comercio. Se termina la ilusión horizontal mantenida hasta entonces, y la lucha por el control del principal ministerio se decanta hacia uno de los cuerpos más prestigiosos de la Administración: los técnicos comerciales, dejando aparcadas las apetencias de los economistas del Estado, también con gran poder, pero menos numerosos. La relativa independencia de que gozaba este departamento ministerial respecto a los diversos grupos de presión sectoriales se deteriora, ya que las competencias son ahora asumidas por personas relacionadas con los sectores exportadores o de comercio interior. La lucha por la defensa de intereses sectoriales, reconocida como no demasiado mala en otros departamentos, puede tomar cuerpo en aquel que precisamente había sido diseñado como el único en el que no debían existir.

Aunque en un primer momento no se puede apreciar esta lucha, lo cierto es que cuando se decide la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca surgen los problemas sectoriales en tomo a las competencias sobre el comercio exterior de determinados productos; agrupar o no todos los temas relacionados con la alimentación plantea la discusión sobre a quién corresponde diseñar la política de importaciones de productos agrarios, y al final fue Economía y Comercio quien se las quedó.

Durante el medio año que duró el mandato de Calvo Sotelo como vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos pocas son las variaciones que hay; el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya está en marcha, lo mismo que el plan plurianual de inversiones públicas. Se sigue en el proceso de liberalización iniciado en el sistema financiero, tratando de adaptarlo a las nuevas necesidades de la economía real.

La firma del ANEEs en la primavera y verano de 1981 cuando en la vicepresidencia ecómica, ocupada ya por García Díez, quien también es titular de Economía y Comercio, vuelve a pulsarse el poder que tal acumulación provoca. El punto álgido viene de la mano de la firma del Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE), en el que queda diseñada la mayor parte de la actuación del Gobierno en materia económica.

Desde medidas concretas sobre revisión de salarios para todos los trabajadores hasta las contrapartidas que Economía está dispuesta a conceder a cambio de la firma, todo sale del ANE.

El compromiso gubernamental de lograr que el nivel de paro a finales de 1982 fuera el mismo que el existente en el momento de la firma del ANE, la moderación salarial dos puntos por debajo de la inflación esperada para este año y el mantenimiento de la tasa de elevación de precios también por debajo de la del año anterior conformaban el marco sobre el que diseñar los Presupuestos Generales del Estado y las principales cifras macroeconómicas. Se contaba además con un factor positivo: la moderación de los precios del petróleo.

La firma del ANE, además de significar el máximo de poder de la vicepresidencia económica, marca también el momento en el que determinadas fuerzas sociales, las empresariales sobre todo, se despegan de García Díez y se inicia una de las mayores ofensivas contra un político en los últimos tiempos.

Desde el descubrimiento del pacto de los ochocientos millones de pesetas a cuenta del patrimonio sindical al proyecto de Presupuestos Generales, se pone en entredicho la mayor parte de las actuaciones del equipo económico.

El paso de los meses ha demostrado que la firma del ANE ha sido un cartucho quemado en balde, ya que apenas si hay previsiones en él realizadas que se vayan a cumplir. La tasa de inflación se ha disparado, y los más optimistas confían en que acabe el año con un 15,5%; el desempleo, aunque, según las estadísticas de paro registrado, empezó a decrecer a partir del primer trimestre del año, ha vuelto a iniciar una senda creciente. En el mes de abril, el Ministerio de Economía tuvo que aprobar un decreto de nuevas inversiones públicas, porque con el volumen existente se veía claro ya que era imposible llegar al objetivo del mantenimiento del empleo.

Los expertos consideran que la discusión y negociación de los precios de los productos agrarios sometidos a regulación de campaña tienen buena parte de la culpa de lo que está pasando en el terreno de la inflación. Si durante los dos primeros años de esta legislatura los precios agrícolas crecieron por debajo de la tasa de inflación, lo que ayudó a ir conteniendo las elevaciones de precios de consumo, lo aprobado este año lanza hacia arriba todas las expectativas, a lo que hay que añadir las subvenciones no cuantificadas que reciben los agricultores y que significan nuevas tensiones inflacionistas.

El aumento del déficit del sector público y la dureza de la política monetaria norteamericana hacen el resto para acabar con las esperanzas. La revaluación continuada del dólar y la elevación de los tipos de interés en los mercados internacionales, unido a la recesión de la economía del principal país occidental, rompen las expectativas de crecimiento diseñadas en tomo al ANE. Ello a pesar de que las exportaciones de productos españoles siguen creciendo más deprisa que las importaciones.

Si la balanza comercial durante 1982 tiene un mejor perfil que en años anteriores, la de capitales experimenta un desequilibrio importante que la Administración se muestra incapaz de enjugar; el tipo de cambio del dólar y la elevación de los tipos de interés hacen que las empresas españolas no salgan al exterior en busca de fondos para sus inversiones. Es cierto que, por el contrario, el crédito al sector privado está creciendo dentro de las coordenadas previstas. Pero ello no significa otra cosa que el hecho de que se ha producido un desplazamiento de los créditos exteriores a los interiores, por resultar éstos más baratos combinando tipos de interés y riesgo de cambio.

Apenas si hay operaciones para nuevas inversiones llevadas a cabo por las empresas; se trata de continuar con las previstas o de obtener los fondos necesarios para reposiciones.

Los problemas del futuro

Con todas estas previsiones, el futuro próximo no parece especialmente alentador para aquellos que vengan a sustituir al equipo de gobierno. Por otro lado, las fuerzas sociales, patronales y algún sindicato han dejado claro que no creen bueno que la experiencia del ANE -principal arma política del actual equipo económico- deba repetirse en un futuro próximo. La concertación parece que debe realizarse directamente y sin la intermediación gubernamental, a la que no se le da una credibilidad inmediata.

Las perspectivas, máxime si se produjera una victoria socialista, parecen apuntar a un nuevo desmembramiento del actual Ministerio de Economía y Comercio, volviendo este último a ser un departamento independiente.A cambio podría convetirse en realidad, acariciada a su vez por el cuerpo de interventores, que Hacienda se quedara como Ministerio de Ingresos, y Economía se transformara en uno de control y distribución de gastos, además de servir de planificador general de la actividad pública y diseñador de las grandes líneas de actuación económica.

Sería entonces un ministerio controlador de la actividad de los otros, distribuidor de los ingresos públicos y sin competencias sobre sectores de ningún tipo, que entorpecen la actividad que debe primar sobre todas las demás, en opinión de José Luis Leal: "Parar los pies a todos aquellos gastos que no tengan una prioridad absoluta, actuar a cara de perro con quienes solicitan mayores gastos sin poner al lado de dónde saldrá el dinero necesario para hacer frente a esas decisiones". Algo que en la primera etapa de la actual legislatura se llevó a rajatabla en la mayoría de las ocasiones y que se fue deteriorando a medida que pasaban los meses.

Los descontroles del último año, en el que cada ministerio económico actuaba por libre, proponiendo acuerdos parciales con los que satisfacer las presiones que recibían desde las bases, necesitan desaparecer mediante una actuación coordinada por algún departamento de la Administración que cuadre los números de ingresos y gastos e impida nuevos crecimientos del déficit público sin justificación aparente.