La defensa nacional

LAS CUESTIONES de la defensa nacional merecen una meditación a dos bandas a la hora de hacer el balance de la legislatura. Por una parte está el tema de la defensa como tal, que enlaza con la incorporación de España a la OTAN, el proceso de renovación de armamento y los nuevos planes del Ministerio. Por otra, el inacabado problema militar de fondo de este país, la interferencia secular del Ejército en las cuestiones de la política y el aventurerismo golpista de algunos sectores de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil que cuajó en la intentona del 23 de febrero del año pasado.Un análisis desapasionado de la política militar de UCD nos debe llevar al reconocimiento de los esfuerzos hechos por el general Gutiérrez Mellado para modernizar las estructuras castrenses españolas en todos sus aspectos y para acomodar e insertar a las Fuerzas Armadas en el sistema de la Monarquía parlamentaria. Pero con la misma frialdad de juicio es preciso añadir que esa gestión no fue suficiente para evitar la conspiración de Milans y Tejero, pese a que ambos individuos habían hecho ya gala en ocasiones anteriores, y públicamente, de su animadversión al régimen de libertades. A este respecto, la blandura del ministro Rodríguez Sahagún a la hora de tomar medidas tras las célebres declaraciones de Milans al Abc, en las que desautorizaba la transición; casos como el del general Atarés; la negativa del partido del Gobierno a conceder el reingreso en el Ejército a los militares demócratas de la UMD, y la benevolencia objetiva que se tuvo en la Guardia Civil con personajes como el teniente coronel Tejero pueden servir de antecedentes a la noche de las metralletas. Queremos decir con esto que un exceso de comprensión mal entendida pudo animar a los rebeldes a la comisión de su delito. Además Suárez no controló suficientemente los servicios de información y no supo o no pudo evitar la rebelión final.

En su impotencia, el Gobierno de UCD fue ayudado, por algunos líderes socialistas y de la oposición de izquierdas. Aunque enojoso, resulta necesario sacar aquí a reclamo algunas de las adulaciones que Enrique Múgica ha desparramado en los últimos cuatro o cinco años con destino a los hombres de la milicia, la inutilidad de actos folklóricos de ese género protagonizados por otros diputados del centro y de la izquierda y lo enervante para sus electores de elogios como el de Carrillo a Rodolfo Martín Villa "como el mejor ministro del Interior" -un ministro del que dependía la Guardia Civil-. También es conveniente, aunque molesto, hacer una recapitulación de las maniobras de algunas personas más o menos representativas del PSOE en pro de un Gobierno de gestión presidido por algún militar de prestigio para desplazar a Adolfo Suárez. Este recordatorio sólo pretende señalar que las torpezas de la UCD gobernante tuvieron su coro externo de admiradores y que, entre la adulación y el miedo, muy pocos fueron los que se atrevieron a acercarse al problema de fondo de las relaciones del Ejército con la sociedad civil.

Superadas las negras fechas de febrero de 1981, la política militar de Calvo-Sotelo ha obtenido algunos triunfos que muchos predecían como casi imposibles: se vio el juicio contra los rebeldes, y los principales cabecillas fueron condenados a la máxima pena, que ahora purgan en prisión, a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo. Este es un dato de importancia cuyo mérito, en lo que quepa, no se le puede hurtar al ministro Oliart y al actual presidente del Gobierno. Naturalmente que no es oro todo lo que reluce. Como punto de partida, la instrucción del proceso de fuera del sumario a la gran mayoría de los guardias civiles profesionales asaltantes del Congreso, y la lenidad objetiva con que el Ministerio del Interior ha permitido las acciones callejeras pro-Tejero y sus secuaces debe ser convenientemente rememorada. La absolución de los tenientes de la Guardia Civil que asaltaron el Congreso, la blandura de las penas para algunos de los principales encartados, los incidentes con la Prensa en la sala del juicio y cuestiones similares ponen de relieve el equilibrio inestable con que toda la compleja estrategia de contención de las tentaciones involucionistas ha tenido que llevarse a cabo.

Cabría afirmar que la relativa seriedad del Gobierno en el enfrentamiento del problema militar comenzó a partir del manifiesto de los cien, momento en el que por vez primera el poder ejecutivo tuvo una reacción adecuada frente a la indisciplina. Hasta ese instante el ministro Oliart se había revelado más como un prisionero de las decisiones ajenas que como el director de la política de la defensa. Quizá la más criticable de las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa haya sido la designación del capitán general de Zaragoza, y cabe todavía interrogarse sobre qué significado puede tener que el actual presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor haya sido fundador de la revista Fuerza Nueva. Las pocas declaraciones públicas que el general Lacalle ha hecho no son para felicitarle por su sensibilidad democrática. En cualquier caso, da la impresión de que a partir del susodicho manifiesto el Gobierno se hizo un poco más. con la situación militar. Este complicado y delicado panorama ha vuelto paradójicamente a deteriorarse después de las sentencias del 23-F, que merecieron comentarios y reflexiones bastante poco inteligentes por parte del propio Calvo Sotelo.

El giro general hacia la derecha de la política gubernamental tras la intentona de golpe, la actitud más que prudente de la izquierda en esas fechas, la desmovilización sindical; el miedo, en definitiva, que recorrió la piel de este país facilitó a Unión Centro Democrático ese ensayo de reacomodación militar que no estamos seguros que se haya llevado a cabo sin notables renuncias. Pero es justo señalar que hoy por hoy el fantasma del golpe parece más lejano que hace un año o año y medio, y que en algo ha debido contribuir a ello la gestión del Ministerio de Defensa.

Probablemente el precio de la mayor tranquilidad en los cuartos de banderas sea también una política más que discutible en otros aspectos del propio Ministerio. Por ejemplo, la renuncia a emprender una reforma sistemática y profunda de la enseñanza militar, con el apartamiento injustificado de ella de hombres de la valía y la lealtad del general Pinilla; la escasa o ninguna exigencia de debate en la realización de inversiones tan costosas como la compra de los F-18 para el programa FACA, o la silenciosa aceptación por el Gobierno de la preocupante tendencia que muestran algunos sectores militares a trata de relacionarse con el Rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas sin pasar por la aduana constitucional y legal del Gobierno de la nación y a tratar de reservarse niveles de decisión en cuestiones militares que competen al poder ejecutivo.

En los otros aspectos la defensa española ha sido orientada de manera prepotente, como señalábamos ayer, hacia la integración de nuestro país en la OTAN. Es preciso señalar que no pocos pacifistas y antiotanistas de este país se preguntan no pocas veces, sin confesarlo, si esta contribución a la política de bloques que el Gobierno de UCD ha tenido a bien decidir no contribuirá al menos a una modernización no sólo técnica, sino también de mentalidades, de los cuadros de mando de nuestro Ejército. Esta especie de consolación para quienes no quieren ver a España en la Alianza -consolación pequeña si se recuerdan los ejemplos griego y turco- se enmarca en la acertada suposición de que los temas de la defensa, en los países democráticos, entroncan directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en contra de lo que ha sucedido en España en las últimas décadas. La aceptación de este criterio llevaría a una reforma drástica de la distribución territorial de unidades, de los presupuestos en armamento y de las posibilidades de colaboración industrial y del mundo de la investigación con las Fuerzo Armadas. Pero sea como sea, el Gobierno que salga de las urnas se encontrará con un problema militar sólo parcheado en algunos de sus aspectos, más dramáticos. Y más sensibilizado si es la izquierda quien ocupa la Moncloa. Por eso, pese a las palabras rotundas de Felipe González, es de suponer que será necesario algún nivel de pacto -sin ceder un ápice en la defensa del espíritu y la letra de la Constitución- en el futuro y desde luego, un absoluto nivel de autoridad. Porque la autoridad sin pacto o el pacto sin autoridad de nada sirven en estos casos.