La nacionalización de la banca mexicana tendrá rango constitucional

La nacionalización de la banca mexicana, que López Portillo decretó el pasado 1 de septiembre, tendrá rango constitucional en breve, una vez que la Cámara de Diputados apruebe las reformas a la Carta Magna propuestas por el presidente. En la exposición de motivos se dice que con esta reforma se trata de asegurar el carácter irreversible de "esta conquista del pueblo mexicano".Después del apoyo popular conseguido por el decreto nacionalizador (manifestaciones multitudinarias, declaraciones unánimes de políticos del PRI y líderes sindicales, oficialistas o no) nadie dudaba ya de la irreversibilidad de la medida. Pero en un país donde los presidentes gozan de un poder casi omnímodo, López Portillo no quiere dejar ningún cabo suelto.

Hasta los propios banqueros parecen haberse convencido de que no hay posible marcha atrás. Algunos abogados de prestigio formularon severas críticas formales al decreto de nacionalización, lo que hizo pensar en un primer momento que todos los bancos presentarían un recurso de amparo ante los tribunales. La verdad es que, transcurrido el plazo de quince días hábiles, sólo Banpaís ha tomado este camino. El juez ha aceptado a trámite la demanda, pero nadie da un peso por ella.

Aunque a regañadientes, los banqueros son conscientes de que la banca no volverá ya más a sus manos; los temas que ocupan ahora sus afanes son qué va a pasar con las empresas industriales y de servicios que controlaban los bancos y cuándo y cómo van a cobrar las indemnizaciones.

Sobre el monto de las indemnizaciones existe una polémica de fondo aún no resuelta. Por un lado, los políticos situados más a la izquierda defienden que la nacionalización afecta sólo a las acciones y que, por tanto, las indemnizaciones deben plantearse por el valor de las acciones. Los propios banqueros estiman, por su parte, que hay que hacer una valoración minuciosa de sus activos para poder indemnizar en consecuencia.

El Estado mexicano se ha fijado un largo plazo para resolver el tema. No parece que en estos momentos de falta de liquidez vaya a apresurase en el pago a los banqueros. Pero, de momento, cuenta ya con seiscientos millones de pesos (novecientos millones de pesetas) en el Fondo de Solidaridad Nacional, constituido con aportaciones populares, para, indemnizar a los banqueros. Esta suma de dinero, obtenida en tan sólo quince días, ya es síntoma del nivel de aceptación popular que tiene la nacionalización de la banca.

Junto a su inclusión en el texto constitucional, López Portillo ha remitido al Congreso un ley orgánica del Banco de México, que convierte a esta institución en el único órgano capacitado para fijar la paridad del peso y regular el mercado cambiario. El rígido control de cambios establecido actualmente adquiere así un rango legal de primer orden.

López Portillo ha enviado, por último, una lista de mexicanos que han adquirido bienes raíces en Estados Unidos. Es la tan temida relación de evasores de divisas, que podría hacerse pública en octubre si los incluidos en ella no reintegran al país los capitales llevados al exterior. Sacar dólares de México era, antes del 12 de agosto, un acto legal, contra el que no caben sanciones, pero toda la opinión pública va a echarse encima de quienes aparezcan en las listas y, sobre todo, pueden adoptarse contra ellos fuertes medidas fiscales.