La incorporación de España a la OTAN, el acontecimiento mas destacado en las relaciones exteriores.

La política exterior española en el transcurso de la primera legislatura constitucional, que abarca el período de mayo de 1979 a septiembre de 1982, gira en tomo a tres grandes temas: OTAN, Mercado Común y Gibraltar. De ellos, el ingreso de España en la Alianza Atlántica constituye, por su trascendencia y por las controversias internas y externas que ha originado, la piedra angular de las relaciones exteriores de nuestro país en los últimos años.Para propios y extraños, Gobierno y oposición, partidarios y detractores, la incorporación de España a la OTAN constituye una cuestión fundamental, un hito en esas relaciones exteriores y un tema que promete, al no haber sido todavía objeto de ratificación ,parlamentaria, seguir durante mucho tiempo en el primer plano de la actualidad, especialmente si los socialistas ganan las próximas elecciones. En efecto, el PSOE, que nunca consideró suficiente una simple mayoría parlamentaria para decidir un tema de tal magnitud, acaba de reiterar la semana pasada, por boca de su secretario general, Felipe González, su intención de congelar la incorporación de España a la estructura militar de la Alianza en un primer paso, y someter la pertenencia de nuestro país a referéndum si sale vencedor en los próximos comicios.

Pero esa incorporación de España a la OTAN no sólo ha provocado un vivo debate entre Gobierno y oposición, sino que en su día fue objeto de fuertes contradicciones internas en el seno del Gabinete Suárez, donde el entonces titular de la Moncloa y su equipo de colaboradores diplomáticos fueron siempre partidarios de retrasar al máximo la entrada de España, en contra de la opción del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, claramente a fa vor de la adhesión, española. Las tensiones Presidencia-Exteriores alcanzaron su cota- málma con motivo de unas declaraciones de Oreja a EL PAIS en mayo de 1980, en las que el ministro se mostraba favorable al ingreso de España y señalaba 1981 como el año en que debía producirse tal ingreso. Las declaraciones fueron prácticamente desautorizadas por el presidente Suárez y hay motivos más que suficientes para pensar que el relevo ministerial de Oreja, en septiembre de ese año, estuvo motivado en gran- medida por su posición decididamente atlantista.

Si las simplificaciones fuesen posibles en un tema tan complejo como el de las relaciones internacionales, se podría decir que la política exterior española se inicia en la legislatura con unos tintes latinoamericanos y de apoyo al Tercer Mundo, matizados por una política común a los Gobiernos Suárez y Calvo Sotelo en los temas de Mercado Común y Gibraltar, para terminar con la adopción de una opción atlántica.

Etapa Oreja

Esta opción se materializa y culmina el 5 de junio de este año, con la recepción de España como miembro número dieciséis de la OTAN, en una ceremonia celebrada en la sede de la Organización en Bruselas y en la que nuestro país está representado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca. Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores desde la designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno en julio de 1976, es mantenido en su cargo tras las elecciones de 1979. En esta etapa aprovecó para conseguir una normalización plena de las relaciones diplomáticas entre España y el resto del mundo, principalmente con la Europa- democrática, con un énfasis especial en los contactos con el mundo latinoamericano, árabe y africano. Prácticamente, Oreja inicia los contactos entre España y las naciones del continente negro, a las que realiza cerca de una veintena de viajes. Fruto importante de esa política africana de España, una dimensión totalmente nueva en nuestra política exterior, es conseguir la práctica desaparición del tema de Canarias del orden del día de las reuniones de la OUA (Organización para la Unidad Africana).

En las relaciones con los países del Magreb, Oreja intenta una política de equilibrio y colaboración con Marruecos y Argelia, que no produce los resultados apetecidos. El acercamiento a Argelia, las diversas visitas a la capital argelina por parte de los altos funcionarios de la Administración, incluido el presidente Suárez, y el apoyo español a la autodeterminación saharaui como culminación del proceso del Sahara producen vivas suspicacias en la capital marroquí, a pesar de una visita real a Rabat en junio de 1979, en la que el monarca alauí vuelve a poner de relieve la importancia de las relaciones entre España y Marruecos para la estabilidad en la zona. Capítulo, importante en la etapa de Oreja como ministro es la sustitución de dos acuerdos heredados del régimen anterior: el Concordato con la Santa Sede de 1953 y el Pacto Ibérico, y su adecuación a las nuevas realidades constitucionales. España firma en este período cuatro acuerdos con el Vaticano, que cubren las relaciones con la Santa Sede en los terrenos jurídico, económico, de educación y de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, y un tratado de cooperación hispano-luso que regula toda la gama de las relaciones entre los dos países.

El Pacto Andino

Como consecuencia de las fructíferas visitas de los Reyes a Latinoamérica en 1976 y 1977 y la entrada de España en el Pacto Andino en 1979, en calidad de observador, las relaciones entre nuestro país y el continente latinoamericano registran un auge sin precedentes, con consecuencias económicas, políticas y culturales importantes para España. Entre 1979 y 1980, Suárez y Oreja realizan nueve viajes a diversos países del continente que, evidentemente, se traducen en una positiva presencia española en todos los campos. La suspensión de reuniones de cancilleres de los países andinos, como consecuencia del golpe de García Meza en Bolivia, primero, el conflicto fronterizo ecuatoperuano, después, y el contencioso entre Colombia y Venezuela, por último, hacen que la presencia española en la zona aparezca más debilitada en la etapa siguiente de Pérez-Llorca.

La reivindicación española de Gibraltar es objeto de atención preferente por parte de Marcelino Oreja, buen conocedor del tema por sus años al frente del Gabinete de Fernando María Castiella. En su haber hay que anotarle haber conseguido el 10 de abril de 1980 la declaración conjunta hispano-británica de Lisboa, firmada en nombre del Reino Unido por el entonces secretario del Foreing Office, lord Carrington. La declaración, que será luego analizada con detalle, suponía el desbloqueo, por primera vez, de las negociaciones sobre el futuro del Peñón, y constituye la pieza clave sobre la que han de discurrir las conversaciones entre los dos países cuando se produzca su reanudación en la próxima legislatura.

En septiembre de 1979 ocurren dos hechos que producen un gran desconcierto en las cancillerías occidentales y que marcan el inicio de un cierto tercermundismo en la concepción de la política exterior española. Se trata de la participación de España, como país invitado, en la Conferencia de los no Alineados, celebrada en La Habana, y la visita oficial a Madrid del líder de la OLP, Yasir Arafat, recibido con todos los honores por el presidente Suárez. Los dos acontecimientos, inspirados en la Presidencia del Gobiemo, suponen un distanciamiento entre las concepciones de política exterior mantenidas por la cúspide del ejecutivo y el ministro Oreja, que culmina al plantearse el tema de la adhesión de España a la Alianza Atlántica y que se traduce en el relevo del titular de Exteriores en septiembre de 1980.

Etapa Pérez-Llorca

A pesar de su condición de diplomático, la llegada de José -Pedro Pérez-Llorca al palacio de Santa Cruz produce sorpresa en los medios políticos de la capital de España, dado su total apartamiento de los temas internacionales. Pérez-Llorca se encuentra un Ministerio de Asuntos Exteriores mediatizado en sus decisiones por la influencia del grupo de fontaneros de la Moncloa y con algunas parcelas importantes -negociaciones con las Comunidades Europeas y cooperación con Guinea- en manos ajenas.

La dimisión de Adolfo Suárez, en enero de, 1981, le da al nuevo ministro la oportunidad de reforzar la unidad de acción exterior. Confirmado en el cargo por el presidente Calvo Sotelo, Pérez-Llorca recupera así para su Ministerio la negociación de la adhesión de España a las Comunidades Europeas y centraliza en el palacio de Santa Cruz el tema de la cooperación con Guinea Ecuatorial, anteriormente dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Igualmente, Pérez-Llorca va sustituyendo los embajadores políticos nombrados en la época de Suárez por profesionales de la carrera diplomática. La última sustitución, que se produce este verano, es el cambio de José Lladó en la Embajada de Washington, por el diplomático Nuño Aguirre de Cárcer.

El peso específico del Ministerio de Asuntos Exteriores se hace sentir en la Administración durante todo el Gobierno de Calvo Sotelo, lo que se traduce, entre otras cosas, en un aumento presupuestario dedicado a la cooperación técnica internacional.

Presupuesto limitado

Sin embargo, hay que resaltar a este respecto qlue la cantidad destinada por los presupuestos Generales del Estado al Ministerio de Asuntos Exteriores sigue siendo ridícula para un país de las características de España, que pretende jugar un papel destacado entre los países del Tercer Mundo, especialmente en Latinoamérica. Si se excluye al Departamento de Administración Tenitorial, Asuntos Exteriores es el ministerio peor dotado de toda la Administración, con un total de 17.697 millones de pesetas en el ejercicio de 1982. Con esa cantidad el ministerio tiene que llevar adelante la acción exterior de España y pagar a cerca de 4.000 funcionarios, de los que 662 pertenecen a la carrera diplomática.

Pérez-Llorca, que intenta en los momentos íniciales de su actuación llevar a cabo uná política de continuidad con la de su antecesor, cambia de táctica por los compromisos internacionales de España y por la prioridad atlántica introducida en nuestra política exterior desde el mismo momento por Calvo Sotelo. El jefe del ejecutivo se compromete en su discurso de investidura ante las Cortes a conseguir la incorporación de España a la OTAN durante su mandato.

A partir de ese momento, la política exterior española realiza un giro de 180 grados en relación con la etapa anterior. El gobierno se esfuerza en subrayar que la incorporación de España a la OTAN fue una decisión totalmente española. En palabras de Pérez-Llorca a este periódico, "nadie nos empujó a ella y actuamos teniendo en cuenta exclusivamente el interés nacional, aunque entiendo que otros conciban el servicio a ese interés de forma distinta".

Aparte de la polémica interna suscitada la, decisión, esta levantó y levanta fuertes suspicacias en Portugal e Italia, recelosas en el tema de la ubicación de los mandos de la organización, mientras que otros países, como Grecia, Dinamarca, Noruega y Holanda, se resistieron durante meses a la ratificación parlamentaria como consecuencia de la oposición del Partido Socialista Obrero Español a la entrada de España en la Comunidad Atlántica.

Otra negociación importante, con connotaciones a la vez atlánticas y bilaterales, la constituye durante este período la renegociación del Convenio de Defensa con Estados Unidos, caducado en septiembre de 1981 y renovado, ya dentro del marco de los acuerdos entre Washington y los países miembros de la Organización Atlántica, el 2 de julio de este año. El complejo acuerdo, que regula toda la gama de relaciones entre España y Estados Unidos, tendrá que ser objeto de ratificación por las nuevas Cámaras, y el partido socialista, partiendo en todo momento de la renovación, ya ha anunciado que piensa solicitar revisiones parciales.

Europa espera

En el tema de la negociación España-Comunidades Europeas hay que registrar la invitación formulada a España durante la presidencia belga en el primer semestre de este año a participar, junto con Portugal, dos veces al año a nivel ministerial y otras dos a nivel de directores de política exterior, en las reuniones de cooperación política del Mercado Común. Por otra parte se han cerrado hasta ahora seis capítulos, de los dieciséis en los que está estructurada la negociación España-CEE. Pero la crisis de la Comunidad a causa de la política común agrícola y la contribución presupuestaria, junto al permanente boicoteo francés, con la excusa unas veces de la competencia agraria española y otras por motivos electorales, harán prácticamente imposible que se cumplan, los plazos anunciados por el gobierno, que preveían una entrada de nuestro país en el Mercado común el primero de enero de 1984.

Gibraltar es el tercero de los grandes temas. Por primera vez en el largo contencioso que separa a España y Gran Bretaña desde la pérdida del Peñón, en 1704, los jefes de Gobierno de los dos países, Margaret Thatcher y Leopoldo Calvo Sotelo, se reúnen en Londres, el 8 de enero de este año, y acuerdan, en un comunicado histórico, poner en marcha la Declaración de Lisboa de abril de 1982, en virtud de la cual se establece la fecha del 20 de abril para la apertura de la verja por parte española a cambio de un inicio de las conversaciones "sobre todos los aspectos del contencioso, incluida la soberanía", y una reciprocidad en el trato de los españoles en el Peñón por parte británica. Tres meses después, Argentina procedería a la invasión de las Malvinas, dando al traste, entre otras cosas, con la negociación hispano-británica sobre Gibraltar, otra de las cuestiones que tendrán que ser abordadas por el nuevo Gobierno que surja de las elecciones.

Por último, hay que destacar en este período la centralización y coordinación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de las relaciones con Guinea Ecuatorial, lo que permite el establecimiento de un programa de cooperación con la antigua colonia española, que culmina con la celebración de una conferencia de donantes, bajo el patrocinio de Naciones Unidas, en abril de este año.