El transporte escolar, entre el negocio y el riesgo

PARA ALIVIO de los padres convertidos a la fuerza en chóferes de sus hijos, la huelga de autobuses privados dedicados al transporte escolar concluye hoy en casi toda España. La causa de ese plante, en el comienzo mismo de la apertura del nuevo curso, fue la resistencia de los empresarios a cumplir, en los plazos y en las formas establecidos por la Administración, la nueva reglamentación, orientada a impedir, mediante la adopción de medidas de seguridad y la exigencia de revisiones del estado de los vehículos, la alarmante frecuencia de los accidentes que han vendido salpicando la crónica negra de la vida española. Porque nadie debería olvidar que los accidentes de autobuses escolares producidos durante los últimos cinco años han arrojado el tremendo balance de más de cien muertos, en su mayoría niños, y una cifra todavía más alta de heridos.La nueva norma tal vez pecaba de rigidez burocrática, pero la lista de accidente y la insuficiente vigilancia administrativa anterior disculpaban esos excesos. En última instancia, el controvertido decreto se limitaba a elevar los requisitos de seguridad del transporte escolar español hasta los niveles habituales en los países de la Comunidad Económica Europea. Es cierto que la revisión normalizada de los autobuses en talleres previamente designados y con capacidad para extender las correspondientes certificaciones hubiera sido preferible a los trámites de ventanilla y a la, pesadez de los formularios. Aun así, la experiencia de los pasados años, la obligación de velar por la seguridad infantil y la obsolescencia de buena parte de¡ parque de autobuses eran argumentos lo suficientemente poderosos como para tener derecho moral a exigir de los empresarios una, actitud de colaboración y de buena voluntad que ha brillado por su ausencia. La Administración ha incurrido tal vez ingenuamente en sus habituales vicios de reglamentismo puntilloso, pero los transportistas han exhibido una picardía condenable al tenderle una trampa para cazar elefantes en el momento de la iniciación del año académico.

El acuerdo entre la Administración y los empresarios de transportes para concluir la huelga flexibiliza hasta tal punto la manera de dar cumplimiento al decreto que aplaza hasta el próximo curso la obligatoriedad del tacógrafo, destinado a detectar. las excesivas horas al volante de los conductores, y el requisito de que cada viajero disponga de un asiento. De esta forma, la huelga concluye con la rendición casi incondicional de la Administración, que se dejó sorprender cándidamente por una huelga cuidadosamente planeada para las fechas propicias de la reanudación de las clases. Tomando como bandera los excesos y las rigideces de la nueva reglamentación, los transportistas adoptaron el papel de víctimas perseguidas por una Administración asfixiante, en la certidumbre de que los padres del millón aproximado de escolares que utilizan los autobuses terminarían poniéndose de su lado.

Por lo demás, el elevado número de alumnos transportados en España -más de 400.000 en el sector estatal y más de 600.000 en el privado- es consecuencia de una planificación irracional de. la escolarización y de una política irresponsable de construcciones escolares. El intento, todavía tímido, de recuperar las, escuelas rurales, barridas anteriormente del mapa en beneficio de las concentraciones escolares, podría permitir en el futuro dedicarlas a los niños de preescolar y a los alumnos de los primeros cursos de EGB. Porque la política de concentración escolar desarrollada en los años pasados sólo sirvió para desarraigar de su ámbito al niño del medio rural y exponerle a los riesgos de los largos viajes por carretera. La cuestión del transporte escolar en las grandes ciudades afecta de manera preponderante al sector privado de la enseñanza, cuya, oferta responde en ocasiones demasiado literalmente al principio de la libertad de mercado y se encarece en virtud de unos interminables recorridos que, de añadidura, prolongan la escolaridad de los alumnos con horas extras de ida y vuelta a sus domicilios. Un planteamiento más racional de la política educativa aconsejaría, sin embargo, una multiplicación de centros escolares que eliminara esos fatigosos desplazamientos y diera a los niños la posibilidad de dedicar al ocio las excesivas horas que malgastan como forzosos viajeros.