Encierro de los comités de Matesa en defensa del plan de viabilidad de la compañía

Desde el pasado viernes, miembros de los comités de empresa de Maquinaria Textil del Norte de España, S A (Matesa), pertenecientes a las factorías de Pamplona y Barcelona, se encuentran encerrados en sus respectivos centros de trabajo como medida de presión para que la Administración central dé una solución definitiva a la incierta situación de esta industria textil. Esta situación, fruto de un conflicto que salió a la luz en julio de 1969, afecta directamente a 260 trabajadores, quienes se preguntan "qué oscuros intereses pretenden cerrarla ahora".

El encierro de los trabajadores viene motivado por la negativa del Ministerio de Hacienda a dar el visto bueno al plan de viabilidad elaborado por Bedaux Española, que pretende el relanzamiento de Matesa.Este plan, presentado ante el Ministerio de Hacienda el pasado día 6 por los comités de las factorías de Pamplona y Barcelona, contempla un relanzamiento de la empresa a todos los niveles y una revitalización de la red comercial. Para ello serían necesarios 840 millones de pesetas, la mayor parte de los cuales, 490 millones, se destinarían a hacer frente a las indemnizaciones, jubilaciones anticipadas y concesiones de desempleo derivados de una reducción de la plantilla. El resto, 350 millones, se destinarían para el relanzamiento de Matesa.

Una buena parte de esta última cantidad de be ser destinada principalmente a la revitalización de la red comercial, que, al parecer, se encuentra muy deteriorada. Asimismo ayudaría al lanzamiento de un nuevo telar que ahora tiene Matesa a nivel de prototipo y que, según estudios técnicos, "es un telar totalmente válido y rentable".

Si el Gobierno concediese estas ayudas, apoyando por tanto el plan de viabilidad, los trabajadores de Matesa se constituirían en sociedad anónima laboral. Sin embargo, para los trabajadores la actual situación de Matesa no es otra que la de su cierre, como consecuencia "no sólo de la negativa del Gobierno a la aprobación de este plan, sino de la intencionalidad de algunos miembros de la Administración del Estado que nos han dirigido a esta situación".

Un problema de origen político

"Por eso tenemos que denunciar a este Gobierno por su intransigencia, que a lo largo de mucho tiempo, una y otra vez, ha demostrado no tener ninguna voluntad política para resolver el problema de una empresa, Matesa, que su raíz fue política, a pesar de tener en sus manos poderes legales para dar una solución al problema", según manifestaron los miembros del comité de empresa de esta industria durante el transcurso de una conferencia de Presa.La plantilla de Matesa es, en la actualidad, de 260 personas, repartidas entre las factorías de Pamplona y Barcelona. En la capital navarra domina la mano de obra directa, mientras que en Barcelona es precisamente la indirecta, ya que es en esta población donde se lleva a cabo la actividad comercial y las relaciones públicas de la empresa. La reestructuración empresarial propuesta en el plan de viabilidad elaborada por Bedaux Española afectaría en principio a unos 140 trabajadores de la! dos factorías.

En estos momentos, y según los miembros del comité de empresa encerrados en la factoría de Pamplona, se adeudan a los trabajadores tres mensualidades y media sin que apenas haya recursos financieros. Igualmente, el 50% de los trabajadores de Matesa han consumido ya el período de desempleo, y en caso de cierre no podrían disfrutar del mencionado subsidio.

En julio de 1969 salió a la luz el affaire Matesa, uno de los escándalos que más repercusión tuvieron en la estructura del régimen franquista. "El escándalo estalló", según los trabajadores, "por el encono Opus Dei-Falange". Contra Matesa afectó gravísimamente la denuncia que se hizo contra Vilá Reyes y altos directivos por fuga de divisas, que "acabó en el juzgado de delitos monetarios. La evasión de capital era tan real", prosiguen, "como el conocimiento que de ello tenía el Gobierno, que permitía oficiosamente este sistema que propiciaba rriontar delegaciones comerciales y demás vías que apoyarían la venta de nuestro producto. Con la denuncia se acabó el sistema crediticio, y Matesa quedó sin liquidez".

Partir de cero

Posteriores medidas judiciales y políticas optaron por, según se señala en esta documentación, el escándalo. El decreto de 20 de septiembre de 1969 creó la figura de la administración judicial y se rechazó la incautación de la empresa, pedida por parte del Gobierno. El resultado definitivo fue "un mazazo a las perspectivas de consolidación y expansión de la empresa"; además hubo una profunda reestructuración de plantilla que, con un ajuste posterior, dejó intactos trescientos puestos de trabajo. De esta manera comenzó una etapa llena de obstáculos para Matesa.Partiendo prácticamente de cero y completamente desprestigiada por el escándalo comenzó la explotación, que puede dividirse en dos etapas: una primera, desde 1969 hasta 1974, cuando se produce una marcha ascendente de facturación que generó "cantidad de efectos a cobrar a nuestros clientes como parte aplazada de las ventas, pero que nos dejó sin liquidez al no obtener financiación ni el descuento de las letras, ya que la banca oficial y la privada se negaron a ello".

Etapa difícil

La segunda etapa, que transcurre desde 1975 hasta 1982, ha sido difícil, a juicio de los trabajadores, por tener que vender sin poder otorgar aplazamientos a los clientes. Consiguientemente se reduciría el mercado, puesto que la competencia internacional sigue cobrando a tres, cinco y hasta siete años.En las cifras de venta se puede apreciar muy claramente estas dos etapas:

"Durante los últimos años, Matesa ha tenido que hacer grandes esfuerzos para subsistir, puesto que el anuncio de la celebración de la causa penal y la posterior condena de la empresa como responsable civil subsidiaria perjudicaron la marcha de la explotación. La larga duración de la ejecución de la sentencia, con la celebración de seis subastas, tampoco ayudó nada".

Para paliar esta situación, que motivó retrasos importantes en el cobro de salarios y en el pago de proveedores, se utilizaron fondos provenientes de la caja general de depósitos, que eran el resultado de algunas enajenaciones de activos.

"Aunque los fondos se solicitaron en conjunto para el relanzamiento de la empresa, nunca fueron concedidos para este fin. Por el contrario, se daban en pequeñas cantidades para paliar retrasos excesivamente importantes en el cobro de los salarios. De esta manera se han dado cerca de 250 millones de pesetas, que, juntos, hubieran cambiado la marcha de la empresa. Sin embargo, no han servido más que para salir del paso".