El programa del PSOE / y 2

EL PROGRAMA económico del PSOE trata claramente de huir del modelo nacionalizador de la Internacional Socialista, inaplicable en nuestro país tanto por la estructura interna heredada del pasado como por los nuevos desafíos de la economía internacional. A la realista aceptación de que nadie dispone de soluciones milagrosas para encarar una crisis de ámbito internacional, largo alcance y diagnóstico dificil se une probablemente la convicción de que la política económica posible en España se halla férreamente condicionada por poderosos factores -internos y exteriores- que escapan a la voluntad de los gobernantes. La estrategia de redistribución socialdemócrata tuvo sus oportunidades de éxito en épocas de crecimiento sostenido pero se enfrenta con enormes dificultades en tiempos de escasez y recesión. A estas razones hay que añadir la tierra quemada que deja UCD a sus eventuales sucesores. Casi un billón de pesetas de déficit público, tensiones inflacionistas no dominadas, cerca de dos millones de desempleados, un peligroso desequilibro de la balanza exterior y un sector público ineficiente y desprestigiado es el incómodo legado que recibirían los socialistas si alcanzasen el poder el próximo 28 de octubre. El fracaso del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, pese a las facilidades que le dispensó el ANE, para imponer una política de austeridad y saneamiento repercutirá negativamente en el próximo período, hipotecado tanto por los endosos del pasado como por las expectativas de un electorado acosado por el desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva.El programa socialista o, mejor dicho, el conjunto de medidas no siempre interconectadas que constituye su contenido, se orientan fundamentalmente al aumento de los puestos de trabajo y a una discreta tentativa de redistribución de la renta. El gran peligro que encierran esas propuestas, en sí mismas moderadas y no demasiado originales, son las implicaciones negativas que pueden derivarse de su propia dinámica. Pese a las invocaciones del documento al mercado y a la iniciativa privada, la aplicación rígida y poco meditada de algunas de esas medidas podrían llevar a un aumento disfuncional del intervencionismo estatal y a la completa renuncia a las medidas liberalizadoras introducidas a regañadientes por los gobiernos de UCD durante los últimos años. Digamos, de pasada, que el dirigismo arbitrista es una planta muy conocida en la política económica española, desde los tiempos de la autarquía hasta la pintoresca estrategia de reindustrialización del ministro Bayón, y que la mala imagen de buena parte de nuestras empresas públicas españolas, corroídas por la ineficiencia, desangradas por el despilfarro y conectadas con tinglados privados, no puede mejorarse de la noche a la mañana.

El programa del PSOE contiene un plan de recuperación cuyo objetivo más ambicioso es la creación de 200.000 puestos de trabajo por año. Este crecimiento del empleo se basaría en una recuperación de la inversión privada y en un aumento notable de la inversión pública, impulsada por un fondo de acción coyuntural que figuraría en los Presupuestos Generales del Estado. La palanca de las inversiones privadas sería una concertación con la banca, orientada probablemente a favorecer los créditos para proyectos de inversión. La calificación de las cajas de ahorros como entidades de "utilidad pública", la moderación en la liberalización de coeficientes y el plan de construcción de viviendas parecen señalar que el crédito destinado a la inversión disfrutaría de unas condiciones preferentes.

El complemento de esta acción sería una política de rentas basada en una moderación de los costes salariales y la reducción en seis puntos en las cuotas de la seguridad social que pagan los empresarios. La solidaridad de la población empleada y el aligeramiento del mercado de trabajo gracias a la reducción de la edad de jubilación y a la disminución de la jornada laboral contribuirían, así, a la creación de esos 200.000 empleos anuales. Las dimensiones del proyecto socialista adquieren todo su relieve al recordar que entre 1979 y 1981 se han perdido cerca de 980.000 puestos de trabajo. Ahora bien, para conseguir la creación de esos nuevos empleos, nuestra producción de bienes y servicios tendría que crecer a un ritmo equivalente al de los años anteriores a la crisis, lo que lleva implícito el riesgo de desatar fuertes alzas en los precios y de comprometer el equilibrio de los intercambios con el exterior. No es seguro que las defensas previstas por el programa socialista para hacer frente a esos peligros -un mayor control de precios, una revisión de la estructura arancelaria y el complemento del crédito exterior, que apoyaría la cotización de la peseta- fueran suficientes o no engendraran problemas aun mayores.

De añadidura, el reforzamiento de la política de coeficientes obligatorios de inversión, el aumento de los con troles de precios (y presumiblemente de los tipos de interés), la intervención directa en la asignación del crédito (mediante la regionalización de las cajas de ahorro) y la fijación de circuitos privilegiados de crédito podrían desembocar en un aluvión de controles muy negativos para el funcionamiento de nuestra economía. De otra lado, el cumplimiento de los objetivos generales del programa socialista, tanto en sus aspectos económicos como en sus dimensiones sociales, podría ejercer una fuerte presión sobre el gasto público y aumentar la magnitud del déficit. La política educativa, la mejora de los servicios públicos, los subsidios de desempleo, las jubilaciones anticipadas y los restantes renglones del proyecto del PSOE deberán ser cuidadosamente cuantificados y sumados para comprobar si cuadran con las cifras de ingresos previstos. En resumen, el PSOE se propone seguir la senda de la recuperación mediante el estímulo de la demanda interna. Pero la voluntad de crecimiento, que se perfila como el ariete del cambio económico, implica el serio riesgo de eliminar esas positivas medidas de disciplina monetaria y de flexibilidad económica que apenas han ido calando en la intervenida economía española. En tal caso, las perspectivas de que la escalada del déficit público acelerase la inflación y el desequilibrio de la balanza de pagos sería más que preocupante. Por lo demás, cualquier política económica se enmarca en el cuadro general de las instituciones políticas y sociales y debe tomar en cuenta las expectativas de los agentes económicos. Los socialistas, si alcanzasen el poder, tendrían que ganarse la con fianza de los pequeños y medianos empresarios, en cuyas manos están las llaves de un aumento del empleo, conseguir de los sindicatos mayoritarios unos términos de negociación al menos tan razonables como el ANE y plantearse la negociación de los precios agrícolas del próximo año. En esa perspectiva, el programa de los socialistas sería papel mojado si su capacidad para reformar la Administración Pública, sanear las empresas estatales, gestionar honestamente los recursos de los contribuyentes y manejar con prudencia la política económica del día a día nos les concediera ese margen de crédito sin en que ninguna estrategia económica a medio o largo plazo es factible.