La Junta de Canarias no ha establecido la repercusión para las islas de la entrada de España en la CEE

El Ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y su repercusión en Caparlas, se presenta, desde hace varios años, como una cuestión de profundo debate entre los sectores económicos y políticos del archipiélago que ven enél un paso fundamental pan la actual situación de la economía insular. Cuatro estudios sobre el problema han sido realizados hasta el momento por otros tantos expertos en la materia: los profesores Stefan A. Musto, Juan Antonio Payno, Francisco Granell y Pedro Schwartz.

A pesar de la preocupación suscitada en las islas, la Junta de Canarias, organismo preautonómico, no ha sido hasta el momento capaz de fijar ante el Gobierno su posición definitiva sobre las condiciones que deben ser exigidas en Bruselas para el "caso canario"En el debate que se viene practicando desde hace cuatro años, con más intensidad y constancia que en cualquier otra parte del país, subyace una cuestión considerada capital para el futuro del archipiélago, su régimen económico-fiscal (REF), de difícil supervivencia, según los expertos, frente a la Unión Aduanera Comunitaria.

El régimen de franquicias arancelarias del que disfrutan las islas, data de 1852, año en que fue aprobada la ley de puertos francos, que, más tarde, en 1900, mediante otra ley, fraguó su actual régimen de libertad comercial. El REF es más reciente; se aprobó en 1972 (acaba de cumplir, por lo tanto, diez años) y con el mismo quedaban sancionadas las especificidades - fiscales de Canarias que, con el tiempo, irían sufriendo sucesivos recortes. En este sentido, la aplicación de una tarifa especial, de carácter proteccionista para la producción industrial local, ha sido en los últimos años motivo de oposición dé los sectores comerciantes, enfrentados, de manera irreconciliable, a los industriales. La voz de alarma dada por el Gobierno de que el REF, calificado como los derechos forales o la carta magna de Canarias y preservado en la Constitución y en la reciente LOFCA, no podría continuar en vigor tras la entrada en la CEE, ha sido la espoleta de una dura lucha de intereses opuestos, entre industriales y comerciantes, que ha dividido no solo a los sectores económicos sino también a los políticos.

Numerosas discrepancias

La Junta, que en mayo de 1980, en un documento considerado confuso que dirigió al Gobierno, parecía no querer pronunciarse, tiene hoy, en su seno, las mismas discrepancias, no solo entre partidos diferentes, sino, incluso, entre destacados dirigentes de UCI), fuerza mayoritaria en dicho órgano de Gobierno.

El profesor Stefan Musto, director de un estudio realizado por el Instituto Alemán de Desarroflo de precisa, ante lo que denomina el desafío europeo, que en las islas se teme, principalmente, que la integración en la CEE, sin una previa negociación de condiciones especiales, signifique el fin del librecambio tradicional, además de la pérdidas de las restituciones por exportaciones para los productos alimenticios procedentes de las comunidades, la propia pérdida de la autonomía fiscal, la subida de los impuestos como consecuencia de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el encarecimiento de los productos básicos. El citado profesor aboga en su informe por una solución especial para el ingreso de las islas en la CEE. Otro tanto proponen los economistas españoles Granell y Payno. Pedro Schwartz llega a recomendar que el IVA sea no solo menor en las islas que en la Península sino que, en algunos casos sea el tipo cero.