Revisión salarial y elecciones generales
Cuando se procedió a la firma del ANE, las partes -Gobierno, patronal y sindicatos- establecieron unas previsiones de inflación (6,09% durante el primer semestre, y el doble, 12,55%, para todo el año 1982) que se han visto desbordadas. El ANE establece una revisión salarial que, dada la inflación del primer semestre, 7,8%, ha de ser del 3,42%, teniendo como tope dos puntos por debajo de la inflación anual previsible (16,21%), es decir, el 14,21%. de subida salarial total (convenio más revisión).De esta manera, la pérdida de los salarios será -aun con revisión- superior a la máxima prevista (2,55%) por los firmantes del ANE.
La responsabilidad de este desbordamiento de las previsiones de inflación es atribuible al Gobierno, a las circunstancias económicas internacionales -entre las cuales destaca la política económica de la Administración Reagan- y a la presión de determinadas fuerzas sociales que -como es el caso de la patronal española- se oponen radicalmente a la adopción de medidas necesarias para la reforma y modernización del sistema económico: de la Seguridad Social, del sistema fiscal, etcétera, creando de esta forma obstáculos para el presente y para el futuro económico de nuestra patria.
Víctimas de la demagogia
Las negativas consecuencias de esta actitud no lo serán sólo para los trabajadores. Los mismos empresarios españoles resultarán víctimas de la demagogia que sus representantes en la patronal han adoptado, más en función de posiciones políticas partidistas que en la defensa de la economía de las empresas.
Esta afirmación está lejos de ser gratuita. Véase, si no, la tribuna libre que, con el título Inflación y salarios, aparecía firmada por el presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (Aecon), Manuel Aguirre Bellver, vicepresidente, asimismo, de la Confederación Empresarial CEIM, en la edición de EL PAIS del lunes 30 de agosto de 1982. Frente a la revisión salarial que la inflación hace necesaria, el presidente de la patronal de la construcción afirma: "Nos encontramos (los empresarios) ante la disyuntiva de elegir entre el cumplimiento de lo pactado o exponer la imposibilidad de cumplir lo que se acordó. Sólo la segunda opción permite capear el temporal y mantener el empleo presente a toda costa, que fue, es y debe seguir siendo el objetivo fundamental". Aplicando el principio la mejor defensa es un buen ataque, prosigue diciendo, "el presupuesto era inflacionista, los sindicatos desencadenaron una notable conflictividad laboral para que los empresarios asumieran en la negociación colectiva... insólitas obligaciones en materia de acción sindical y de creación de empleo... cuando el único compromiso que figuraba en el ANE en materia de empleo lo asumió el Gobierno (sic). Gobierno y sindicatos establecieron pactos secretos para subvencionar con cargo al presupuesto a los últimos y restringir al máximo la normativa sobre contratación temporal. La autoridad laboral competente mostró incomprensión en los expedientes de regulación de empleo".
Esta defensa desesperada llega demasiado lejos. Apelando a la Constitución, puede atacarse a la democracia. Lo hemos sufrido abundantemente este año. Así, se cuestiona la representatividad de "las centrales sindicales denominadas mayoritarias" (¿quizá en un rapto de nostalgia de los sindicatos verticales?). Se denuncian pactos secretos inexistentes (o no sabe Aguirre Bellver que el presupuesto se discute públicamente en el Parlamento). Y se miente: ya el título de Acuerdo Nacional sobre Empleo compromete a todos los firmantes. Pero, además, el punto 11.2 del mismo, establece la responsabilidad específica de empresarios y trabajadores: "Para la negociación... en los convenios afectados por este acuerdo, se tendrán en cuenta factores como la situación de las empresas, la creación de empleo, la vigencia de los convenios...".
Sin embargo, el presupuesto no era inflacionista, sino insuficiente. CC OO, a través del diputado Nicolás Sartorius, propuso incrementar la inversión pública en 200.000 millones de pesetas, propuesta que fue rechazada. Posteriormente, poco antes de las elecciones al Parlamento andaluz, el Gobierno, en una maniobra electoralista, amplió la cifra en 50.000 millones, a través de un crédito extraordinario.
Déficit y sacrificios salariales
El déficit -que resulta de la insuficiencia de los ingresos frente a los gastos- plantea efectivamente problemas al control monetario y resulta ineficiente en muchos de sus empleos. Para evitarlo, habría que haber emprendido la reforma de1a Administración, y en concreto, de la Seguridad Social, reformas que boicoteó la patronal. Además: "Una primera consecuencia de estas cifras (sobre el déficit) es la necesidad de aumentar la presión fiscal -en impuestos, no en cotizaciones- por la triple vía de completar el cuadro de la imposición indirecta, mejorar la gestión y reducir el fraude en la imposición directa, especialmente para las rentas no salariales, y revisar y reducir las bonificaciones y desgravaciones fiscales, tantas veces inútiles" (informe del Banco de España).
Los sindicatos asumieron con responsabilidad -generalmente reconocida- el sacrificio salarial y su compromiso de solidaridad en materia de empleo. La conflictividad habida lo fue, ciertamente, no por dinero, sino por la conservación y la creación de puestos de trabajo. Sólo el ciego y el descarado egoísmo, que ignora los compromisos contraídos, es responsable de dicha conflictividad.
Pero, además, el sector de la construcción ha sido sostenido por la actividad del sector público. Según el informe del Banco de España, en el año 1981, "la inversión en viviendas disminuyó en torno al 4,5%, correspondiendo un descenso real mayor en las viviendas de promoción privada (-5,8%), ya que la obra ejecutada en viviendas protegidas de promoción directa experimentó un crecimiento significativo. El conjunto de la inversión pública, en la que predomina la construcción, aumentó un 24,2% en términos reales. Y el resto de la construcción, que corresponde a edificios no residenciales y construcciones industriales, registró un descenso estimado superior al 5%".
"Al aumento de la inversión pública se unió, en 1981, un crecimiento de la obra pública licitada, a precios constantes, del 11,7% (6,7% en 1980), en el que los mayores aumentos correspondieron a las inversiones licitadas por el MOP y las corporaciones locales". "En el apartado correspondiente a viviendas iniciadas, aumentaron las de protección oficial y se redujeron las libres". A esto hay que añadir, para estimular la demanda del sector, y en 198 1, que estas subvenciones (que probablemente son regresivas socialmente) se extendieron a las viviendas libres.
Débil demanda
Pero hay más, las dificultades del sector obedecen a "la debilidad persistente de la demanda, como indican los promotores de construcción" . "El bajo nivel de demanda existente aparece, a su vez, explicado por el descenso muy notable del crecimiento de la renta real disponible y por las perspectivas pesimistas de su evolución futura". Resultados de la desaceleración de los salados reales y de la continuación del descenso del empleo. "La debilidad sostenida de la demanda ha, originado un volumen muy elevado de viviendas invendidas". ¿Puede esperarse que con la contratación temporal mejoren las cosas? ¿Puede comprarse un piso alguien con trabajo temporal?
Así, pues, el interés del empresario de la construcción se ve traicionado por la actitud política de sus representantes, que atacan la actividad del sector público, frente a sus ingresos. No nos corresponde cuestionar esa representatividad -al revés que el presidente de la patronal hace con los sindicatos-. Pero sí advertir contra el fraude que probablemente vamos a contemplar en la próxima campaña electoral: con los fondos de la patronal (ya ocurrió en las elecciones andaluzas) se hará campaña política en base a tópicos que los empresarios deberían pensar despacio: que el déficit es el socialismo, etcétera. Lo cierto es que del déficit se alimentan multitud de empresas.
La salida de la crisis, que afecta a toda la nación, requiere el esfuerzo solidario de todos. Actitudes como la que comentamos no sirven ni para defender los intereses de los empresarios.
