Inflación y salarios

Pero la pregunta que se hacen los empresarios al conocer el fracaso de las previsiones inflacionistas del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) -pacto a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos- es de dónde van a obtener los recursos para hacer frente a esa obligación de pago.La pregunta podría ser considerada absurda si no se diesen ciertos supuestos que colocan a quienes hayan de hacer efectivas las diferencias salariales ante una disyuntiva trágica, como es la de elegir entre el cumplimiento del pacto y la descapitalización, grave de la empresa, o exponer la imposibilidad de cumplir lo que acordó confiando en la buena voluntad y buen hacer de las demás partes y seguir manteniendo la fábrica, el comercio o el negocio en su difícil posición económica actual, es decir, capear el temporal y mantener el empleo presente a toda costa, que fue, es y debe seguir siendo el objetivo fundamental de las partes fIrmantes del ANE.

FaLlo espectacular de las previsiones

Pero antes de contestar a aquella pregunta, conviene destacar cinco hechos fundamentales que han influido decisivamente en el fallo espectacular de las previsiones del Acuerdo:

Primero. El Gobierno inició la ruptura del pacto presentando a la aprobación de las Cortes un Presupuesto para 1982 disparatadamente inflacionario, según se denunció en su momento.

Segundo. El Gobierno continuó ignorando lo pactado al facilitar un asombroso incremento del déficit público admisible durante el primer semestre de 1982, según también se denunció en su momento.

Tercero. Las centrales sindicales denominadas mayoritarias, pero con una afiliación real que, con el mayor de los optimismos, puede cifrarse en el 8% del colectivo total de trabajadores, desencadenaron una notable conflictividad laboral para que los empresarios asumiesen en la negociación colectiva para 1982 -a todas luces simplificada por lo pactado en el ANE- obligaciones insólitas en materia de acción sindical y de creación de empleo, cuando la citada acción se desarrollaba ya con la amplitud prevista en el Estatuto de los Trabajadores, y cuando el único compromiso que figuraba en el ANE en materia de empleo lo asumió el Gobierno, que estaba obligado a establecer una política económica que hiciese efectivo el compromiso de mantener, al final de 1982, la misma población ocupada global que la existente en el mes de junio de 1981 (el compromiso suponía la creación de unos 350.000 nuevos puestos de trabajo entre junio de 1981 y diciembre de 1982).

Conflictividad laboral que volvió a perturbar la difícilmente enderezada situación económica lograda por muchas empresas al amparo del bienio de paz social propiciado por el Acuerdo-Marco Interconfederal (AMI).

Cuarto. Los acuerdos secretos del Gobierno con las denominadas centrales mayoritarias, mediante los cuales se las subvencionaba con cargo a los Presupuestos del Estado y se comprometía a restringir al máximo posible toda la normativa sobre contratación temporal y la que subvencionase la creación de puestos de trabajo de carácter no fijo mediante la reducción de, las correspondientes cuotas de la Seguridad Social.

Quinto. La incomprensible actitud restrictiva de la autoridad laboral competente para autorizar los expedientes de regulación de empleo que iniciaron empresas en evidente situación angustiosa por razones económicas o tecnológicas, para evitar que plantillas completas quedasen solidarizadas, con la nave hundida definitivamente, mediante el cobro por todos sus trabajadores de la percepción por desempleo, que pagamos todos los españoles a un altísimo precio material y moral. Hecho que, unido al de la fuerte conflictividad laboral y al acuerdo restrictivo en materia de contratación temporal, ha paralizado multitud de iniciativas empresariales que hubieran contribuido a reducir el ingente paro actual y a aligerar la carga económica y social que supone para la colectividad la forzosa inactividad laboral de tantas personas en condiciones de trabajar.

Honestidad indiscutible de las respuestas

Con estos antecedentes, la respuesta del 99% de las empresas, supervivientes a la pregunta con que iniciábamos este comentario está siendo de una honestidad indiscutible, tanto si se contempla la contestación desde la perspectiva de sus economías particulares como si se contempla desde la realidad de la economía nacional.

Si no se poda el árbol que con esta operación corre el riesgo de desaparecer, si no se mueve la tierra que rodea al edificio cuando éste amenaza con derrumbarse con la excavación, tampoco se puede obligar al empresario a distraer fondos que necesita imperiosamente para desarrollar su normal actividad o para no quedar condenado a una muerte rápida, sobre todo teniendo en cuenta que han sido las otras partes firmantes del pacto las grandes causantes de una desastrosa situación que no se podía lógicamente esperar si cada una de aquéllas hubiese cumplido las nítidas obligaciones que les imponía el acuerdo alcanzado.

No es justo que quienes sufrieron injustificadamente la alteración de la paz laboral, vieron reducido su acceso al crédito, contemplaron cómo se dificultaba la necesaria flexibilización de sus plantillas y soportaron la metódica inaplicación de la mayor parte del programa económico gubernamental ahora tengan que pagar también el durísimo precio de los incumplimientos y omisiones ajenos, dispongan o no del dinero necesario a tal efecto.

No es justo, además, que ese precio se abone sin recibir la menor contrapartida en productividad de quienes van a ser los beneficiarios de su percepción. No es justo, igualmente, que puedan perderse más puestos de trabajo o no se creen otros nuevos empleos.

Y es injusto, por último, que la desconfianza en futuros acuerdos de carácter general en materia socioeconómica vuelva a ser un obstáculo fundamental para armonizar intereses, deshacer equívocos y convencer a los que no creen en el diálogo, que cada vez van siendo más, desgraciadamente, por imperativo del más elemental principio de legítima defensa económica.

La inversión, consecuencia de la confianza

La inversión en las empresas es una consecuencia de la confianza en ellas del ahorrador, del que tiene dinero, porque le sobra o porque no lo gasta, y esa confianza se destruye cuando quien va a exponer su capital conoce cómo la actividad del empresario está frenada constantemente por dificultades de toda índole que le impiden cumplir los objetivos propuestos con su actividad, dificultades que no son una parte del riesgo lógico a que está sometido todo proyecto humano de creación de riqueza y de empleo en bien de quien lo inicia y de la comunidad, destinataria final del éxito, sino artificial invento de quienes no creen en que el hombre puede modificarlo todo, cuando pone una auténtica voluntad de trabajo y una fe inquebrantable en el buen fin de su actividad.

Es, pues, la libertad de iniciativa, de avance y de retroceso, de modificación de objetivos, de adaptación al mercado a la menor reacción positiva o negativa de éste; es la pura y simple libertad de combinar trabajo, capital y técnica, la fórmula sencilla y, a la vez, mágica que nos hará despertar de la pesadilla, que venimos padeciendo durante ya largos años, todo ello, naturalmente, dentro del marco jurídico claro e inconmovible exigido por un Estado de derecho en el que de la norma no se deducen posiciones absolutamente dispares para los muchos que se van arrogando la facultad de interpretarla, y en el que la justicia, sin adjetivos que la desfiguran y empobrecen, no otorga a nadie la condición de ciudadano más favorecido, cuando todos los españoles, de acuerdo con la Constitución, son radicalmente iguales ante la ley y, por tanto, nadie puede ser discriminado por razones de sexo, religión, raza, etcétera, ni tampoco por su propia condición de empresario.