Las comisiones por la compra de los F-18A pueden ascender a casi 500 millones de pesetas

El vicealmirante E. R. Seymour, jefe del comando de sistemas aeronavales de la Marina norteamericana, ha expresado sus dudas acerca de la legalidad de las comisiones que la compañía McDonnell Douglas Corp. planea pagar a sus intermediarios españoles por sus servicios en la operación de venta de 84 aviones F-18A a las Fuerzas Aéreas españolas, según reveló ayer el New York Times. Estas comisiones, de acuerdo con la información del diario neoyorquino, ascienden a cuatro mibones de dólares -unos 456 mifiones de pesetas-. Uno de los principales beneficiarios de esta cifra fue la Compañía Aeronáutica Española (CAESA).

El Gobierno español se decidió definitivamente, hace un mes, por la compra del F-18A Hornet, dentro del programa FACA -Futuro Avión de Combate y Ataque-, frente al F-16C, fabricado por la también norteamericana General Dynamics, en lo que se calificó como el contrato del siglo. Este contrato totalizaba una inversión de 310.000 millones de pesetas en la compra de las 84 unidades del F-18A.La información del New York Times indica que el vicealmirante E. R. Seymour, jefe del comando de sistemas aeronavales, comunicó, en una carta dirigida al entonces jefe de operaciones navales, almirante Thomas B. Hayward, que los términos de un acuerdo firmado entre la McDonnell Douglas y su agente en España, Compañía Aeronáutica Española, "excedían, aparentemente", los límites impuestos por la normativa gubernamental norteamericana. Esta normativa prohíbe ciertos pagos de más de 50.000 dólares a los intermediarios, mientras que la McDonnell propuso a sus agentes en España un pago total de alrededor de cuatro millones de dólares, fraccionados, en cantidades parciales de 350.000 dólares anuales.

El New York Times, en su información, no olvida citar los casos de pagos ilegales de las compañías Lockheed y Grumman, el primero de los cuales tuvo importantes repercusiones en nuestro país.

Diferencia de cifras

Sin embargo, el diario neoyorquino no llega a afirmar que, en esta ocasión, se tratase de comisiones ilegales, ya que solamente se violarían las normas gubemamentales vigentes en el caso de que el pago a los intermediarios de la operación haya repercutido en el precio final de los aviones, y no ya en los beneficios obtenidos por los vendedores.

La carta del vicealmirante Seymour, de la tan sólo se ha tenido conocimiento ahora, fue escrita el pasado 5 de febrero al almirante Hayward, quien, por cierto, se retiró recientemente de su cargo, por razones de edad.

Aunque un portavoz de McDonnell Douglas subrayó, a la vista de esta información, que la compañía aeronáutica había actuado de acuerdo con las normas y reglamentos en vigor, medios competentes españoles expresaron su sorpresa ante el elevado precio alcanzado por los aparatos vendidos a España -casi 37 millones de dólares cada uno-, frente a los 22,5 millones que ofrece por cada F-18A la Marina de los Estados Unidos (precio aún en discusión).

Estos medios especulan, a la vista de estas cifras, con la posibilidad de que las comisiones se encontrasen incluidas en el precio de venta de los aparatos a nuestro país, pese a la existencia de las numerosas contraprestaciones comerciales ofrecidas por la firma aeronáutica norteamericana.

CAESA, gran beneficiaria de las comisiones

La gran beneficiaria de las controvertidas comisiones sena la Compañía Aeronáutica Espafíola (CAESA), empresa presidida por Ricardo Fuster, quien, de acuerdo con un reciente informe aparecido en la revista Tiempo, sería amigo de Ramón Lladó, hermano del hasta hace poco embajador español en los Estados Unidos y miembro del bufete del abogado y líder del Partido Demócrata Liberal Antonio Garrigues Walker.

De acuerdo con este informe, personas afectas a CAESA no han dudado en afirmar que "superaremos ampliamente" la cantidad de 50.000 dólares impuesta por la legislación americana como límite en las comisiones a pagar a intermedíarios.

Según los cálculos de la citada revista, la comisión recibida por la compañía española puede superar los cien millones de pesetas, es decir, una cantidad superior en casi veinte veces al límite permitido por la legislación estadounidense.

Aunque en mucha menor medida, el bufete de Garrigues también se habría beneficiado de la conclusión -que, formalmente, no tendrá lugar hasta el mes de enero próximo- del contrato FACA.

En este bufete se han realizado para la McDonnell Douglas los borradores de contratos, traducciones, asesoramientos, informes, etcétera, trabajos en los que participaron no menos de cuatro abogados del despacho de la calle de Antonio Maura. Los honorarios, según la revista Tiempo, ascenderán a unos quince millones de pesetas, lo cual, se puntualiza, nada tiene que ver con la percepción de comisiones.

Operación de Gobierno a Gobierno

En el caso de FACA, la operación comercial está clasificada por Washington como ventas militares al exterior, lo que significa que el contrato global de compraventa ha de realizarse de Gobierno a Gobiemo, sin intervención privada.

Pero posteriormente se efectúa la firma del contrato básico entre el Gobierno español y la compañía aeronáutica McDonnell Douglas, del que se derivará una larga serie de minicontratos entre las distintas compañías americanas que participan en la fabricación del sofisticado avión de combate y ataque y las diversas empresas españolas que se favorecerán de las contraprestaciones establecidas. En la mayoría de estos minicontratos intervendrán, por otra parte, en calidad de asesores, los abogados del despacho de Antonio Garrigues Walker.

Siempre según el citado informe, una de las empresas que intervienen en la fabricación del F-18A, la Northrop -que aporta el 40% de los elementos del avión-, contó con la colaboración en nuestro país de la empresa especializada en imagen Gesmagen, a la que está ligado Rafael Ansón Oliart, cuya participación en las mediaciones fue presentada como muy ventajosa a la empresa norteamericana, en razón de su parentesco con el ministro de Defensa, Alberto Oliart.

Pero el desarrollo y desenlace del programa FACA no parece, concluye el citado informe, haber tenido ningún punto oscuro en las esferas de la Administración española, y mucho menos en el ámbito militar: "El tema ha sido de una transparencia absoluta", comentó Oliart.