La 'foto fija de la transición /y 2
La negociación de convenios colectivos durante el presente año ha originado mayor cuota de conflictividad que en los años 1980 y 1981, incrementándose el número de horas perdidas en un 16,85% durante los seis primeros meses del año en relación con el mismo período del año anterior.De otra parte, la imagen empresarial ha aparecido ante la opinión pública distorsionada. Se ha acusado al empresariado de incumplir el ANE, de no propiciar la creación de empleo, de practicar una política de resistencia pasiva, de huelga de inversiones, etcétera.
Necesariamente, hemos, de preguntarnos qué es previsible suceda durante los próximos meses, en orden a determinar o no las respectivas políticas de los sindicatos Interlocutores sociales en relación con 1983, por lo que a concertación global se refiere. A nuestro juicio, los sindicatos sólo podrían repetir el mismo esquema de comportamiento que les llevó al ANE sus exigencias.
UGT ha sostenido recientemente que el objetivo fundamental del sindicato socialista será, durante 1983, pelear por la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores. En todo caso, renunciar a incrementos salariales a cambio de mayores niveles de gasto público, más cobertura de servicios sociales y una creciente intensificación de la presencia de los sindicatos en toda clase de organismos públicos por la vía participativa, obligando indirectamente al Gobierno a consensuarlo todo en materia económico-social, podría justificar la reedición de un nuevo ANE para CC OO y UGT. Si ello ocurriera, el Gobierno habría renunciado de antemano a abordar una política económica singular, y UCD, como partido que sostiene al Gobierno, renunciaría a su propio programa en beneficio del deducido previsiblemente de la concertación misma.
La CEOE definirá en septiembre sus conceptos y criterios en materia de política económica. No es previsible que difieran de los mantenidos en repetidas ocasiones durante el transcurso de 1982. La suscripción de un nuevo ANE por la CEOE le- obligaría a reconsiderar buena parte de las ideas y convicciones públicamente manifestadas hasta ahora. Así, para la CEOE, contener el gasto público resulta esencial como medio para contribuir a abaratar el crédito y favorecer la inversión privada, evitando la socialización paulatina de la economía española. Un nuevo ANE viajaría en dirección contraria a estos últimos propósitos.
ANE: ¿remedio contra todo?
Evidentemente, los programadores gubernamentales de la economía creyeron que bastaría con reducir los salarios, esperar una favorable coyuntura exportadora, liberar excedentes y ello traería como consecuencia nuevos empleos. El argumento, aparentemente sólido, ha sido incapaz de desenvolverse en la práctica. Sólo la inversión privada puede crear empleo en medida suficiente. Pero ello no ocurrirá mientras las expectativas económicas internacionales no meJoren y reduzcamos los costos que nos distancian todavía del horizonte competitivo empresariáI con el que necesariamente hemos de enfrentarnos. Los crecientes ingresos fiscales de los que se han beneficiado los Gobiernos de la transición, han financiado los gastos corrientes y los subsidios de desempleo, y no han podido evitar la elevación extraordinaria del déficit público. Tales circunstancias no favorecen las vocaciones empresariales; por el contrario, contribuyen a la burocratización del país. Sólo la cuota de desempleo en año y medio ha pasado de representar un 2,7% a alcanzar el 6% de los salarios reales devengádos. El ANE haquerido ser lenitivo para todos los males que padecemos, pero sólo lia conseguido gastar con profusión el dinero de todos, sin resolver el cada vez más acusado déficit de empleos, gravísimo problema que trasciende de la bondad de un mero acuerdo.
¿Cuál, es la actitud del empresariado ante la doble alternativa de mantener o no lapolítica de concertación global para 1983?
Evidentemente, a áquellos sectores afectados en menor medida por la crisis y en condiciones de responder positivamente a la natural defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadoressostenida por los sindicatos, la ausencia de un nuevo ANE les supondrá asumir un mayor costo salarial, al perder la justificación -referida a la existencia de un pacto de nivel superior restrictivo de los salarios susceptibles de ser pactados- de ofertar niveles salariales por debajo de sus posibilidades. Pero tales sectores constituyen, desgraciadamente, una excepción en nuestro país hoy. La mayoría de nuestras ramas de producción, con ANE o sin ANE, negociarán durante 1983 convenios a la baja y con unos costos en conflictividad no necesariamente superiores a la observada durante 1982.
Pactos racionales
La inexistencia de un pacto que afecte a los incrementos de rentas salariales no implica necesariamente que los sindicatos y las organizaciones empresariales vuelvan a nuestro más inmediato pasado, íetrotrayendo las relaciones industriales a 1977, 1978 y 1979, cuando las partes sociales se desconocían iné luso entre sí, y se constituían en la mesa de negociaciones como enemigos irreconciliables.
El pacto y los pactos -son varios posibles-, en todo caso, deben discurrir sobre sendas de estricta racionalidad. No es posible negar al sindicato lo que es suyo, ni puede una organización empresarial renunciar a sus más íntimas convicciones, ni a su peculiar entendimiento de la política que, a su entender, es preciso llevar a cabo para afrontar la crisis, en defensa de una concepción artíficial de la concertación, administrada ésta políticamente al constituirse el Gobierno en artífice de la misma, asumiendo el mayor costo.
En efecto, reducir la presión salarial, no ofreciendo como contrapartida reivindicaciones que son susceptibles de ser aceptadas o administradas por el empresariado, conlleva de hecho la existencia de una concertación política, no estrictamente económico-social. Esto es necesariamente otro tema.
En todo caso, para la CEOE, sin duda, resulta esencial analizar cuidadosamente el inevitable riesgo que para ella misma comporta un acuerdo de estas características. Sería absurdo que el precio a pagar por la reedición de un supuesto ANE fuera excesivo y, además, no remediara nada; es decir, siguíeran cayendo el empleo y la inversión privada, aumentara el gasto público y, además, ninguno de los corresponsables de nuestra economía se hiciera responsable de lo que ocurre.
La foto fija de la transición ya no tranquíliza a casi nadie.
