La 'isla de la belleza' contará con mayores poderes que las demás regiones francesas

Desde el centralista Juan Bautista Colbert (ministro de Luis XIV), pasando por Napoleón, hasta la V República vigente en este mes de agosto de 1982, la historia del jacobinismo francés puede resumirse con pocos datos: en vísperas de la primera guerra mundial, Francia era la potencia número uno del mundo. Su lengua y su cultura brillaron en todo el planeta, y aún hoy secundan a la Francia mitterrandista que pertenece al club nuclear, que continúa ejerciendo una atracción sobre el resto de los pueblos, que posee una industria de vanguardia; que es, en definitiva, la cuarta potencia mundialEl surgimiento del regionalismo

¿Es posible, y oportuno, rebelarse contra el monstruo centralista estatal, que, a fin de cuentas, ofrece un saldo bruto que ni un solo francés considera negativo? La pregunta y consideración anteriores centran toda la problemática de la descentralización decidida por la Administración socialista: la reticencia o la oposición de la derecha; un cierto desinterés de los franceses, acostumbrados a inclinarse ante el Estado y a protestar acto seguido, y, en última instancia, la cautela del Gobierno, que en un primer tiempo lo ofreció todo a corto plazo y a medida que han pasado los meses ha recortado por todas partes y se ha resignado a escalonar las diversas etapas de la descentralización hasta 1985.

A pesar de la gestión eficaz del centralismo a lo largo de los siglos, la descentralización, el regionalismo, incluso el federalismo, según los casos, han sido un tema público en Francia desde el final de la segunda guerra mundial. El renacimiento de las culturas regionales o de los nacionalismos, al igual que el malestar general que manifestó el país durante la revolución de mayo de 1968, erosionaron progresivamente al dios Estado jacobino. El general Charles de Gaulle, en 1969, tuvo que abandonar la presidencia de la República al perder el referéndum con el que proponía la regionalización.

Sus sucesores, Georges Pompidou y Valery Giscard d'Estaing, disertaron sobre este tema, pero, no realizaron nada. Es el Gobierno del presidente socialista, François Mitterrand, quien ha lanzado el desafío de la descentralización como la más importante reforma del septenio. Según los sondeos de la opinión pública, la mayoría de los ciudadanos (hasta el 70%) están de acuerdo con el principio de la descentralización. Pero los responsables oficiales y todos, los, demás admiten que una reforma que para la gran mayoría de los países democráticos es agua pasada, para el enraizado centralismo francés es una revolución que necesitará mucho tiempo para que llegue a ser operacional con normalidad.

Ley Defferre

El ministro del Interior, Gastón Defferre, es quien ha elaborado la denominada, por ello, Ley Defferre. Según dicha normativa, la Administración francesa se escalona en cuatro niveles: el Estado, el departamento, la región y el municipio. Los tres últimos se convierten en colectividades territoriales que se autoadministran.

El símbolo del centralismo francés erá el prefecto, nombrado por el Consejo de Ministros y ejecutivo, a la vez, por parte del Estado y del departamento. El prefecto ha desaparecido ya, y con él la tutela del Estado. En lo sucesivo, ese prefecto se llamará comisario de la República y sólo representará los intereses del Gobierno. El alcalde, en el municipio, y los presidentes de las asambleas regional y departamental, elegidos por sufragio popular, serán los ejecutivos a su nivel, pero no legisladores.

A partir de esta nueva ordenación administrativa, lo importante serán las competencias y las fuentes económicas de cada una de las colectividades territoriales; pero esta cuestión aún no se ha resuelto con precisión. Las generosas intenciones iniciales han sido frenadas sobre el terreno.

El caso de Córcega se inscribe en el desarrollo de esa ley de descentralización, pero con poderes más amplios, estipulados en el denominado Estatuto particular. La especificidad corsa no ha muerto tras dos siglos de intentos de asimilación por parte de Francia. Desde que, en el siglo XVIII, su héroe nacional, Pascale Paoli, consiguió la independencia de la isla, que apenas duró cuarenta años, el nacionalismo corso ha resistido todos los embates de su movida y, a veces, trágica existencia.

Semejanza con el País Vasco

Como todas las regiones periféricas de los Estados-nación europeos (Cataluña y el País Vasco español son una excepción), Córcega no realizó la primera revolución industrial y quedó convertida en una pobre montaña en el mar, manantial de sol para los turistas y de hombres para las guerras o para engrosar su diáspora (un miflón de corsos). Desde hace un cuarto de siglo, el nacionalismo corso, como los del resto de Europa occidental, rompió su silencio.

Su configuración actual se asemeja a la del País Vasco español, con la salvedad de que este último no es una isla. Un movimiento autonomista, la Unión del Pueblo Corso (UPC) -legal-, y otro violento, clandestino y separatista, el Frente de Liberación Nacional de Cárcega (FLNC), han escrito la historia de las explosiones o de la lucha por la liberación corsa. Sólo en lo que va de 1982 se han contabilizado 280 atentados (todos contra bienes, salvo uno del FLNC que causó la muerte de un legionario). El FLNC rechaza la descentralización por considerarla como "una nueva máscara del colonialisino". El resultado que consiga la autonomista UPC revelará la amplitud y el futuro del nacionalismo en la isla de belleza.

El caso corso es el más específico de todos los que, en términos más culturales o económicos (el bretón, el occitano), caracterizan más los particularismos franceses. El País Vasco francés mantiene su nacionalismo, pero apoyado por una minoría que, de antemano, reconoce que su eventual futuro sólo será plausible de la mano de Euskadi sur.

Fraude electoral

La gravedad acuciante y persistente de la situación corsa, generada por la lucha nacionalista, es la que ha aconsejado al Gobierno central concederle rápidamente el Estatuto particular, destinado, en primer lugar, a instaurar la paz civil en la isla. Tras los comicios del próximo domingo, Córcega gozará de la normativa descentralizadora común a todas las regiones francesas, además de las ventajas que le concede su Estatuto propio: un derecho de proposición de la Asamblea corsa al primer ministro sobre leyes referentes a la isla; dos consejos a los que la Asamblea tendrá que consultar obligatoriamente: uno, económico y social, y otro, de cultura, educación y entorno.

Excepto el independentista FLNC, todos los partidos concurren a las elecciones. Pero el sistema proporcional decidido por el Gobierno como regla electoral ha dividido a todos los partidos centralistas, y cada grupo disidente presenta una lista propia. Teóricamente deben votar algo más de 200.000 electores, pero no se sabe en qué medida este primer acto del año primero de la nueva historia de Cárcega suprimirá el fraude característico de la isla. Un municipio que en 1975 reivindicó 1.500 habitantes declara ahora 230. El Gobierno ha eliminado a 5.000 electores falsos, pero se sospecha aún de muchos más submarinos.

El Partido Socialista, en el poder, es minoritario en la isla. Los Radicales de Izquierdas, también pertenecientes a la mayoría gubernamental, tienen actualmente tres diputados de los cuatro corsos (el otro es gaullista). La mitad aproximadamente del electorado está integrada por antiguos combatientes autóctonos, pero ligados a Francia, y por extranjeros, que, se pronostica, podrían conseguir el lote de escaños más sustancial para el neogaullismo continental, encarnado por Jacques Chirac.