Intervención administrativa posible solución para Lemóniz

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La intervención administrativa, según fuentes solventes, requeriría un estudio jurídico a fondo respecto a la forma de aplicarla y, en cualquier caso, necesitaría, tal como la incautación, que Iberduero desgajase de su patrimonio la central, que quedaría bajo propiedad de una nueva sociedad con eventual participación de la compañía eléctrica.

Esta fórmula de la intervención se ha analizado dentro de, por lo menos, cinco alternativas diferentes para reanudar las obras de la central nuclear. Estas alternativas van desde el simple cierre indefinido de la instalación a su incautación directa o nacionalización por parte del Estado. Estas dos soluciones no cuentan con mucho apoyo en medios del sector eléctrico -por el precedente que significan- ni en la Administración, que ve serias dificultades en traducir en términos económicos el coste de hacerse cargo de instalación nuclear.

Aunque es prematuro hablar de soluciones definitivas para poner en marcha de nuevo las obras de la central nuclear, en fuentes solventes se ha apuntado una salida viable como puede ser la intervención administrativa, bajo cuya fórmula el Estado -o quien sus responsables designen- se haría cargo de la terminación de las obras bajo la protección de los cuerpos de Seguridad y Defensa de la nación.

Como en el caso de la incautación, esta solución forzaría la simple militarización de la central nuclear, cuya protección pasaría a ser responsabilidad del Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional o una combinación de las tres fuerzas. En el lado administrativo, la intervención no encerraría los riesgos que algunos sectores contemplan en la nacionalización.

Dentro del mismo abanico de alternativas se ha estudiado también la posibilidad de hacer cumplir los acuerdos de la pasada primavera entre los Gobiernos central y vasco, pero con el apoyo firme de la militarización de la central. Aquellos acuerdos preveían la creación de una sociedad de gestión, con mayoría vasca, que se encargarse de la puesta en marcha de la central. El problema para la adopción de esta alternativa es la terminación de las obras.

Amenazas contra las familias

Por otra parte, según informa Arantxa Elu desde Bilbao, la mayoría de los miembros que actualmente cubren el servicio de seguridad de la central nuclear vizcaína de Lemóniz han sido amenazados de muerte a través de cartas firmadas por ETA Militar, en las que se les conmina a abandonar su puesto de trabajo en el plazo de un mes. En la misma comunicación, recibida a mediados del pasado mes, ETAm anuncia la existencia de un comando de su organización especialmente creado para seguir los pasos del personal encargado de la seguridad de la central.

El personal de seguridad era, en la práctica, hasta estos momentos la única parte del personal en activo de Lemóniz desde que el pasado mayo, a raíz de la muerte del ingeniero jefe de la central, Angel Pascual, por la misma organización armada, Iberduero decidiera la redistribución de sus empleados dentro de su plan de paralización total del proyecto.

Una vez que los empleados de Iberduero dedicados al servicio de seguridad han comenzado a ocupar otros puestos, dentro del programa de reestructuración de la plantilla que, según fuentes de la empresa, afecta a ochocientos empleados del servicio de seguridad de la misma central, integrado inicialmente por 150 miembros, quedó a cargo de las empresas Prosesa y Prosegur, con un total de sesenta agentes, además de los servicios de protección a la central por parte de la Guardia Civil.

Ambas empresas guardan silencio sobre las amenazas recibidas por sus empleados en la central nuclear de Lemóniz.