Espera forzosa

DESDE EL pasado jueves, los usuarios de Iberia y Aviaco se han visto obligados a soportar retrasos sin cuento en los atestados e incómodos aeropuertos españoles como consecuencia de una huelga de celo -formalmente no declarada- de los pilotos del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), que persigue, al parecer, el objetivo -tampoco formalmente declarado- de conseguir una mejora en la situación de este cuerpo. De esta forma, las familias que comienzan sus vacaciones o los ciudadanos que tienen que utilizar los medios aéreos de transporte por razones de trabajo se han convertido en el blanco de una acción de represalia emprendida por un sector cuyos intereses corporativistas nunca se dan por satisfechos en su espíritu reivindicativo, pese a los elevados ingresos y considerables privilegios de que disfrutan sus miembros.La tecnología de la moderna aviación exige una larga y costosa etapa de formación y entrenamiento que hace prácticamente imposible la improvisación de especialistas y concede a los miembros de ese cuerpo una posición de enorme fuerza en la defensa de sus privilegios gremiales. El juego de la oferta y la demanda en este caso puede ser calificado de todo menos de libre, ya que el mercado de trabajo queda enrarecido por el oligopolio de quienes ponen a la venta sus servicios. Ahora bien, la circunstancia de que los enormes gastos que exige la preparación de un piloto hayan sido pagados, en la mayoría de los casos, por los contribuyentes, dado que buena parte de los pilotos de Iberia y Aviaco proceden del Ejército del Aire, debe figurar en el debe de estos profesionales.

El artículo 29 de la Constitución ha reconocido "el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses". Sin embargo, nuestra norma fundamental -señala a renglón seguido que una ley futura, destinada a regular el ejercicio de ese derecho, "establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Las divisiones internas dentro del Grupo Parlamentario Centrista, las resistencias de las Cortes Generales a cumplir algunos mandatos constitucionales básicos y la negligencia o descuido de diputados y senadores para llevar a cabo un desarrollo coherente de nuestra norma fundamental explican lamentablemente que la huelga siga estando regulada en nuestro país por un decreto de marzo de 1977, anterior incluso a las primeras elecciones democráticas. Aunque haya que aguardar a la próxima legislatura, el vacío legal sobre la huelga, especialmente cuando resulte indispensable -como ocurre con el transporte aéreo- garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, deberá ocupar un lugar prioritario en las preocupaciones de los diputados y senadores que formen las próximas Cortes Generales.

Entre tanto, cabe reconvenir a los miembros del SEPLA por la forma irregular, no anunciada y un tanto salvaje, en que están llevando a cabo su protesta, y pedirles que pongan en la balanza de sus decisiones los perjuicios que su actitud ha producido a los viajeros españoles. En este sentido, la nota difundida ayer por esta organización puede ser considerada como un buen principio para la resolución del conflicto.