Encerrados de nuevo con un solo juguete
CARLOS ROBLES Piquer, nada más tomar posesión de su cargo como director general de RTVE, mostró gran preocupación por las minas, supuestamente instaladas en la época de su antecesor, que amenazaban, en forma de programas conflictivos, con hacerle saltar por los aires de la indignación pública. Nunca se ha llegado a saber con exactitud cuáles eran esas trampas explosivas, pero los cambios en el equipo directivo, la supresión de algunos espacios y los esfuerzos para rebajar los techos de los programas informativos dan pistas sobre las técnicas aplicadas para desactivarlas. Pero hete aquí que un reportaje titulado Golpe a la turca, difundido por la primera cadena en una hora de máxima audiencia y tras el partido Argentina-Hungría, ha convertido esas famosas minas en artificios inofensivos y ha producido efectos similares a la explosión de una santabárbara. La reprobación del polémico programa por la Comisión de Control Parlamentario de RTVF- reabre el contencioso entre el Congreso y el director general de RTVE, archivado hace dos semanas, por el temor del PSOE a que una moción de censura votada por el Congreso alta produjera la dimisión del presidente del Gobierno o elecciones en pleno verano.Durante los últimos meses, el monopolio televisivo ha ahogado los brotes de creatividad y originalidad que el Estatuto había hecho posible al permitir a algunos profesionales de Prado del Rey salir de la rutina de muchos años, pensar por su cuenta y perder el medroso conformismo que toda organización burocrática interioriza en sus miembros. El actual equipo puso la televisión a las órdenes del presidente del Gobierno (otros dicen que al servicio de la gran derecha, estrategia compartida por Alianza Popular y por importantes sectores de UCD) en el terreno informativo y bloqueó cualquier oportunidad para una crítica distanciada y profesional de la vida pública. La catástrofe electoral de UCD en Andalucía y la frecuencia de las apariciones previas de Fraga en la pantalla desataron una ofensiva de cualificados sectores centristas contra el director general, acusado de no haber trabajado en favor de las candidaturas del Gobierno, sino en provecho de las listas de Alianza Popular. La crítica, sin embargo, bordea casi con el cinismo, ya que las acusaciones de esos círculos centristas no se dirigen contra la falta de neutralidad de Televisión en una campaña electoral, sino contra el hecho de que la parcialidad no redundara en beneficio exclusivo de UCD y acogiera en su benevolente seno al partido de Fraga.
El incidente provocado por el reportaje de Jesús González Green, volcado en sus valoraciones en favor del golpismo turco, merece cuando menos dos lecturas. No queremos creer que Golpe a la turca fuera rodado o programado como una apologética carta persa en favor de los condenados en el juicio de Campamento. En cualquier caso, la inoportunidad de su difusión salta a la vista y no tiene más explicación -si no se admite un propósito favorable al golpismo- que la incompetencia de los directores del programa y del realizador de éste. Ahora bien, el acuerdo reprobatorio de la Comisión de Control muestra, una vez más, aunque en esta oportunidad la razón esté formalmente a su favor, que los partidos políticos tienen ideas muy parecidas acerca del destino de Televisión, concebida por los unos y por los otros como simple correa de transmisión de las opiniones, las informaciones y hasta los gustos de los dirigentes de las fuerzas parlamentarias.
En alguna ocasión comentamos, tomando en préstamo a Juan Marsé el título de una de sus novelas, que buena parte de los políticos españoles parecen estar encerrados con un solo juguete, por su obsesión casi mono maníaca con los asuntos televisivos. Se diría que, para ellos, la pantalla mágica, o la caja tonta, es una fuente inagotable y casi única de satisfacciones y de disgustos. Aparecer el mayor número de veces posible en televi sión, tener abiertas las puertas para que se informe exhaustivamente de los acontecimientos políticos, los actos culturales o los juegos florales en los que participen ellos o sus amigos, ser consultados sobre las virtudes o los defectos de los programas de José María Inigo y Kiko Ledgard o los ciclos cinematográficos, recomendar realizadores, presentadoras o botones y ser escuchados cuando opinan sobre los planos cortos, los fundidos en negro o el cromakey figuran entre las preocupaciones y objetivos de algunos de nuestros políticos.
Los sucesivos Gobiernos de UCD fueron los primeros en ponerse a la cabeza de esta manifestación, como demuestra que todos los directores de Televisión nombrados desde 1977 -Rafael Ansón, Fernando Arias Salgado, Fernando Castedo y Carlos Robles Piquer- tuvieran, como nota en común, un desconocimiento profesional del medio que se les confiaba y una clara vocación política. Mucho nos tememos que la tendencia a que Televisión dependa de los propósitos, los gustos y los caprichos de los dirigentes de los partidos y de los diputados de sus grupos sea una enfermedad contagiosa cuya propagación haga a la larga imposible el cumplimiento de los objetivos y principios contenidos en el Estatuto del Ente Público.
El problema no está tanto en la personalidad o la gestión del director general como en la sumisión de éste al poder y en la falta de autonomía que Televisión padece respecto a las fuerzas políticas. Desde antes de ser nombrado, la gestión de Robles Piquer venía ya marcada por el sello de la calamidad, precisamente por la abusiva forma en que fue destituido Castedo y los modos inadmisibles con que el Gobierno quiso hacer suya la televisión de todos. Hoy parece que ya no se quiere que sea de todos, sino de cada uno, lo que puede resultar harto peor. "La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones", "el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y linguístico" y "el respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución" carecerán de futuro mientras la clase política no entienda y no acepte que sólo una televisión confiada a los profesionales de los medios de comunicación, para quienes la práctica de su oficio tiene bastante menos glamour que para los aficionados, puede llevar a la práctica esos principios consagrados por el Estatuto de RTVE.
La decisión de profesionalizar el monopolio estatal resultará dolorosa a los políticos. Sin embargo, creemos que es la única vía para que Televisión Española deje de ser esa caja de resonancia de vanidades y ese tubo de intoxicación informativa a que ha sido reducida. De un nuevo director general, de su capacidad de independencia, de su no sumisión al mando, de su actitud profesional, dependerá en gran parte conseguir esta autonomía del medio. Algo que está bien claro se diseña ya como una verdadera batalla frente al poder político.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Mociones censura
- I Legislatura España
- Comisión RTVE
- UCD
- Política nacional
- Opinión
- Carlos Robles Piquer
- Gobierno de España
- Manipulación informativa
- Congreso Diputados
- Vídeo
- Audiovisuales
- TVE
- Soportes audiovisuales
- Comisiones parlamentarias
- Legislaturas políticas
- RTVE
- Producción audiovisual
- Partidos políticos
- Parlamento
- Grupo comunicación
- Televisión
- Gobierno
- Medios comunicación
- Administración Estado