El seguro se resiste a ceder negocio a otros intermediarios

De hecho, los fondos de pensiones ya existen en muchas empresas, sobre todo grandes, que en algunos casos los tienen contratados con entidades de seguros. Para éstas, la única necesidad importante, según un empresario del sector, sería conseguir mayores exenciones fiscales. Pero el proyecto de ley no ofrece más y, por el contrario, facilita el acceso al mercado de otros intermediarios, no sólo como depositarios, sino como gestores (las instituciones de inversión colectiva y los bancos).La ley del Impuesto de Sociedades consideró gasto deducible para las empresas las aportaciones a los sistemas complementarios de previsión e introdujo la exención para los planes de pensiones. Ahora, desde determinados círculos del sector seguros se pretende que sólo sean deducibles los gastos que supongan ingresos para las compañías. Y lo cierto es que el proyecto de ley de Instituciones de Inversión Colectiva no promete a los fondos de pensiones mayores estímulos que los disfrutados por los tradicionales montepíos, mutualidades y fundaciones laborales. Por el contrario, introduce más controles para la inversión de activos.

Alto nivel de secreto

Anualmente, decenas de miles de millones de pesetas van a parar a planes de pensiones, o a pensiones que compran las empresas para sus trabajadores. Sólo la banca, autorizada por el Banco de España a llevar sus dotaciones a una cuenta de fondos especiales dentro del capítulo Otros beneficios y quebrantos, ha comunicado que en 1981 dedicó a tal fin 2.113 millones de pesetas.

Según un estudio del servicio de planes financieros de pensiones de las cajas de ahorro, la experiencia ha detectado "un alto nivel de secreto" por parte de los patrocinadores de sistemas de previsión social privada, por prejuicio de colectivo privilegiado o por miedo al intervencionismo de la Administración.

Sin embargo, se sabe que cuentan con estos sistemas privados de jubilación, viudedad o invalidez los sectores de entidades crediticias, eléctrico, cemento, grandes monopolios (sobre todo, Telefónica), Instituto Nacional de Industria y, principalmente, gran número de multinacionales. No se ha podido conocer el número de trabajadores incluidos, objetivos, estrategias o políticas de gestión. Sí puede aventurarse que son más de medio millón los trabajadores beneficiarios.

De otro lado, de las 214 grandes empresas y 726.757 trabajadores incluidos en la reciente encuesta del Ministerio de Economía sobre La negociación colectiva en 1981, el 51% de los convenios y el 52,1% de los trabajadores tenían pactada jubilación voluntaria. En cuanto a las cajas de pensiones, las empresas revelaron su existencia en el 27,7% de los convenios y para un colectivo de trabajadores del 45,9%. Estos conceptos, como las ayudas para vivienda, los comedores, economatos o transportes de empresa, van a integrar el creciente porcentaje de masa salarial bruta (se habla del 4% al 8%) que dedican las empresas a las llamadas Ventajas sociales, en muchos casos bajo el incentivo de eludir impuestos o cuotas a la Seguridad Social.

Muchas de esas empresas se resisten, no obstante, a asegurar sus planes de pensiones. Según ha declarado José Veganzones Calvo, director del libro Fondos de pensiones y Seguridad Social, en estos casos, "cuando se produce la contingencia, lo cargan al ejercicio, con lo que en realidad contraen un riesgo muy grande". La última ley del Impuesto de Sociedades pone como condición para las deducciones que los fondos sean independientes en su administración y disposición de las empresas. A este respecto, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta interpreta que bastaría para reconocer dicha independencia que la empresa sea retribuida por esos fondos.

Pero si responsables de las instituciones de inversión colectiva, de bancos y, en menor medida, de compañías de seguros han urgido los fondos de pensiones es porque les auguran un gran futuro. Todos están de acuerdo en que, al pairo de los problemas financieros de la Seguridad Social (véase cuadro adjunto), adquirirán gran desarrollo en los próximos lustros, pese a que últimamente no hayan avanzado o incluso haya retrocedido su importancia, como en la banca, cuyo convenio de 1980 excluye del 100% de jubilación garantizada a los nuevos empleados.

"La necesaria regulación", ha dicho Jesús Lladó, de Urquijo Gestión de Patrimonio, SA, "hará viable y atractiva en España la posibilidad de que empresas y trabajadores acuerden libremente establecer dotaciones financieras para el pago, en su día, de prestaciones complementarias a las que efectúe en el futuro la Seguridad Social".

Banqueros y aseguradores se frotan las manos cuando se ponen a estimar la fuente de financiación a largo plazo, mecanismo casi reducido en España al crédito oficial, que serían los fondos de pensiones, además de cumplir su importante función social.

Según Juan Palacios, del Banco de Vizcaya, "en Estados Unidos los fondos de pensiones detentan el 35% del capital de las empresas americanas, mientras que en Inglaterra alcanzan casi el 25%, y se prevé que estos porcentajes se doblarán en quince años. En Holanda, Alemania e Inglaterra, sus activos superan la capitalización bursátil de sus mercados de valores, lo que les ha obligado a diversificar la inversión hacia otros activos y hacia el extranjero".

Por su parte, Hipólito Sánchez González, del grupo asegurador Sanjurjo, ha recordado que en Estados Unidos se ha dicho que, de seguir la tendencia actual, el centro de poder y decisión podría pasar de la clase capitalista a los gestores de fondos de pensiones y al colectivo de los futuros jubilados. Allí, los activos acumulados por los fondos superan los 400.000 millones de dólares, y sólo tres grandes aseguradoras (Prudential, Equitable Life y Metropolitan Life) administraron en 1978 una cifra equivalente a diecinueve veces la recaudación total del seguro español en 1979.

¿Por qué tanto optimismo, cuando la situación económica no está para más salarios, aunque sean diferidos? No parece haber otra respuesta que la esperada incapacidad de la Seguridad Social, pues la realidad es que las empresas con avanzados sistemas complementarios de protección tratan de limar sus costes y las que estudian su implantación se lo piensan más que antes.

Para Veganzones, "se han creado muchas ilusiones. Pero la realidad de la empresa española es muy otra: no puede soportar más costes mientras que la Seguridad Social crezca al ritmo que lo hace. Los únicos avances se registran quizá en colectivos pequeños. Se compran pólizas de vida colectivas, mejoras en seguros individuales, etcétera, pero verdaderos esquemas complementarios, para alargar las pensiones por jubilación al 100% del último sueldo, hay pocos. El problema es que en España se arranca de niveles altos de pensiones públicas (ahora la media puede estar en el 60% o 65%. para trabajadores con ingresos de 1,5 millones anuales), pero luego se va acumulando una gran masa con pensiones mínimas".

El panorama pintado por los citados optimistas es claro: cuantas menos pensiones públicas, menos demanda de fondos empresariales y más espacio para la iniciativa privada. Este fue el sustrato del planteamiento de la CEOE ante las fracasadas negociaciones tripartitas de principio de año para la mejora y racionalízación de la Seguridad Social.

La salida del Gobierno, luego criticada por el PSOE como más próxima a los planteamientos empresariales que a los de los sindicatos, fue anunciar que las pensiones deben alimentar en función de la inflación esperada para cada año, así como ser reguladas a partir de períodos de cotización más amplios que los tomados actualmente como base de partida.

El 10% de probable crecimiento para 1983 ya supondría mantener la desaceleración de los últimos años. Poco más parece que dará de sí un presupuesto de la SS, que va camino de suponer dos tercios de los recursos disponibles por el sistema público, cuando en 1976 apenas representaba el 33%, y seguir creciendo por el estrecha miento de la pirámide poblacional a mayor ritmo que la posibilidad de incrementar la financiación estatal.