Las comunidades autónomas vasca y catalana provocarán un aplazamiento en la promulgación de la LOAPA

La propuesta realizada en el Pleno del Congreso el pasado martes por el secretario general del PSOE, Felipe González, para que el Gobierno no aplique la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) hasta que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional, sólo parece viable, según altas fuentes jurídicas consultadas por EL PAIS, a través de la interposición del recurso previo de inconstitucionalidad. Entre quienes están legitimados para ello, lo más probable es que lo formulen los Gobiernos o los Parlamentos autónomos vasco y catalán, lo que implicaría la suspensión automática de los últimos trámites para su promulgación y consiguiente entrada en vigor.

La Ley Orgánica del Tribuna Constitucional legitima para la interposición, tanto del recurso previo de inconstitucionalidad como del recurso de inconstitucionalidad -la diferencia esencial entre uno y otro es que el primero suspende la tramitación del proyecto de ley, mientras que el segundo no afecta a la vigencia de la ley, que continúa hasta que se produzca la sentencia-, al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores. En caso de leyes que puedan afectar a su propio ámbito de au tonomía -como la LOAPA- están también legitimados "los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las comunida des autónomas".En su intervención parlamen taria, Felipe González se refirió al recurso de inconstitucionafidad, es decir, el que se plantearía una vez que la LOAPA estuviera en vigor. Su propuesta consistía en que el Gobierno se comprometiera a no aplicar la ley, aunque estuviera vigente, hasta qué juzgara el Tribunal Constitucional.

De ahí que cuando, inmediatamente después de la propuesta, el minis tro de Administración Territorial, Rafael Arias-Salgado, anunció que el Gobierno, una vez finalizada la tramitación parlamentaria, plantearía el recurso previo, el líder socialista manifestó que tal propósito gubernamental no podría realizarse y expresó su opinión de que "no exíste la posibilidad de hacer recurso previo de inconstitucionalidad por parte del Gobierno".

Con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la mano es claro que el presidente del Gobierno está legitimado para interponer el recurso previo, con lo que se paralizaría su tramitación y tendría plena eficacia la iniciativa del PSOE. Sin embargo, la propuesta socialista apuntaba a un compromiso político del Gabinete para no aplicar la ley, a .pesar de su vigencia. Pero la aceptación de este planteamiento, según los expertos consultados, sería "una aberración jurídica, ya que no es posible mantener en vigor una ley, cuyo primer cumplidor ha de: ser el Gobierno, y no aplicarla". Tal vez, para salvar esta dificultad, sería preciso incluir en la propia ley el retraso de su vigencia, como apuntó en el Congreso el propio Arias-Salgado.

En cualquier caso, la vía más correcta para aplazar la aplicación de la LOAPA hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional es, tanto en opinión de los juristas como de los portavoces parlamentarios, el recurso previo, que ha de formularse en el plazo de tres días desde que el proyecto de ley esté concluido, y cuya mera interposición deja en suspensión la ley.

El grupo comunista ha anuncíado la preparación de dicho recurso previo, así como los contactos con otras minorías para obtener el número requerido de cincuenta diputados que lo suscriban. Los sondeos efectuados por EL PAIS permiten augurar que los comunistas no obtendrán las firmas necesarias. Nacionalistas, andalucistas y comunistas sólo sumarían 43 diputados, insuficientes para presentar el recurso.