El Gobierno afirma que la LOAPA ni limita ni mediatiza el poder de las comunidades autónomas

El debate de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) se inició ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados con las intervenciones del presidente del Gobierno, el ministro de Administración Territorial y los portavoces de las minorías nacionalistas, con encendidas defensas y descalificaciones respectivas de la ley, en el terreno de los principios generales. Frente al argumento de la necesidad imperiosa del Estado de contar con una ley que ordene el proceso autonómico, defendido por el Gobierno, los nacionalistas acusaron a la LOAPA de reformar la Constitución y de ser un reflejo de la recesión autonómica, fruto de la fracasada rebelión militar del 23 de febrero de 1981.

Nada más iniciarse el debate tomó la palabra Miguel Roca, que en nombre de la Minoría Catalana y de la Vasca pidió que antes de entrarse en la discusión de la LOAPA se trataran los puntos pendientes del orden del día de la semana pasada. La propuesta fue rechazada por 166 votos en contra, 33 favorables y cuatro abstenciones.

En una breve intervención, Calvo Sotelo se refirió, en primer lugar, al discurso de investidura que pronunció el 19 de febrero de 1981, y retomó la afirmación de que "la construcción autonómica ha de hacerse en su integridad y no parcialmente, y además con rigor político y administrativo especialmente atentos".

"Esta integridad", afirmaba entonces el hoy presidente de Gobierno, "incluye al Estado mismo, como es elemental. El Estado no es un simple almacén de competencias que se van trasladando o transfiriendo a las unidades territoriales y en el que al final queda un conjunto residual más o menos fortuito. El Estado es una pieza esencial del propio sistema autonómico, el que tiene que asegurar la articulación del conjunto, hacer posible su funcionamiento y la observancia final de los valores de unidad, de solidaridad y de igualdad que la Constitución ha impuesto como cuadro general del sistema".

Evocando nuevamente su discurso de investidura, el presidente del Gobierno afirmó, como lo hizo en febrero de 1981, que en el título octavo de la Constitución no sólo se definen las competencias transferibles a las comunidades autónomas, sino aquellas que han de mantenerse en manos exclusivas del Estado y también un conjunto importante que han de compartirse entre las dos instancias. "Es, pues, preciso", recordaba Calvo Sotelo, "que, a la vez que se ahonda en el sistema autonómico, se pongan a punto y se perfilen técnicamente esas competencias exclusivas o compartidas del Estado, sin las cuales el sistema no funcionaría en los términos que la Constitución impone. Y ello no para limitar las autonomías, sino precisamente para servirlas. Un autonomismo fuerte es un Estado fuerte".

Después tomó la palabra el ministro de Administración Territorial, Rafael Arias Salgado, quien pronunció un largo discurso en defensa de la LOAPA. Empezó por referirse al título octavo de la Constitución, como origen del proceso autonómico español hoy generalizado ya, y defendió la LOAPA como una mejora del mismo. "Dicho título requiere, al generalizarse su aplicación a todo el territorio nacional, determinadas precisiones que consoliden con nitidez algunos de los perfiles básicos del Estado y garanticen funcionalmente las autonomías".

"La LOAPA no expresa", dijo, "una crítica al título octavo de la Constitución. Es, por el contrario, una confirmación de su virtualidad al servicio de la democracia española, pues nada hay en la LOAPA que no esté implícita o expresamente recogido en el texto constitucional".

En opinión de Arias Salgado no es preciso modificar la Constitución para ordenar las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, sino más bien extraer de ella todo su jugo. "Ni por vía legal ni por vía jurisprudencial se ha extraído de la Constitución toda su sustancia".

"La LOAPA", precisó, "ni mediatiza o limita un ápice más de lo que hace la propia Constitución el poder político de las comunidades autónomas. Buena parte de su título primero está precisamente dedicado a regular las relaciones internormativas, lo que es expresión del reconocimiento de que la función de dirección política se instrumenta en gran medida a través de las leyes de las comunidades autónomas".

Destacó también el ministro la virtud de la LOAPA de ordenar el sistema de las autonomías "en clave de unidad y no de separación". "Se ha manejado en ocasiones", añadió, "una peligrosa interpretación de nuestro sistema autonómico, según la cual la Constitución sena un mero punto de referencia para la elaboración de los estatutos, y que, una vez aprobados éstos, pasarían a ser el eje único para la interpretación de la situación jurídica de cada comunidad autónoma. Tal afirmación no es de recibo. Ni la Constitución se agota en cada aplicación concreta, ni es admisible que su texto se desvirtúe en tantas interpretaciones singulares como comunidades autónomas".

La parte última de su intervención la dedicó el ministro de Administración Territorial al carácter institucional de la LOAPA, "ya que en parte alguna de la Constitución", enfatizó, "se prohibe que un único texto normativo integre preceptos orgánicos, de organización, e incluso ordinarios. "Todo esto, en fin, no significa que se modifiquen o recorten los estatutos", afirmó luego Arias Salgado. "Se utilizan poderes constitucionales. Simplemente eso. No puede haber leído la Constitución con detenimiento quien afirme que la puesta en pie de una comunidad autónoma y la articulación de sus relaciones con el Estado se agotan con la aprobación del Estatuto".