El jardín de las delicias

LOS PERIODICOS han difundido, algunos con gruesos titulares y apreciable despliegue de reproducciones fotográficas, la noticia facilitada por la policía de la desarticulación de un próspero negocio de prostitución instalado en Madrid, fuente, al parecer, de buenos ingresos para las mujeres que lo atendían y de suculentos beneficios para el empresario que lo controlaba. La peripecia de este caso apenas ha durado un par de días y los protagonistas detenidos están ya en la calle. Pero bien puede servir la anécdota para meditar brevemente sobre la categoría. Pues el Código Penal castiga a los dueños, gerentes, encargados, empleados e incluso arrendadores de los locales dedicados a la prostitución, entre los que parece figurar esa Manzana del Paraíso o Jardín de las Delicias que tan boyantes dividendos producía; y ningún reparo se puede poner formalmente a la aplicación de la ley. Pero algunas reflexiones sobre la nube de hipocresía social y de discriminación jurídica que envuelve este asunto no estarán de más.La discusión de juristas, sociólogos y moralistas sobre esa variante de delito sin víctima que es la prostitución suele distinguir entre las mujeres dedicadas a esa vieja profesión y el mundo gangsteril que con frecuencia las envuelve en gradaciones que van desde los simples chulos a las bandas organizadas de trata de blancas. Parece evidente que no son lo mismo esos sórdidos negocios internacionales o nacionales que comercian con la lujuria mediante el chantaje y la amenaza, que la aceptación voluntaria por unas mujeres de unas condiciones contractuales en el comercio sexual, sin duda humillantes para ellas, pero en cualquier caso negociadas. La distinción entre estos diferentes delitos resulta esencial sí se quiere aventurar un juicio sobre el problema de la prostitución en nuestras sociedades. Y la escena de las redadas policiales para limpiar de putas la ciudad parece más reservada ya a las comedias que a las páginas de los periódicos. Con buen sentido.

Por eso, lo que sorprende esencialmente del caso del Jardín de las Delicias es la publicidad que ha obtenido, gracias a un despliegue informativo de la policía que para nosotros quisiéramos en otro tipo de delitos de mayor interés. Así resulta que todo lo que han tenido que hacer los investigadores es leer las secciones de anuncios de los periódicos y revistas para enterarse de la existencia de La Manzana del Paraíso, y es bien probable que todavía se esté preguntando el regente del local por qué le habrá tocado a él la china del cierre y la represión. Descubrir a estas alturas que la prostitución existe en España y que se anuncia en las columnas de la prensa no habla precisamente bien de la perspicacia policial. La suposición de que existen razones ocultas, quizás la de dar un escarmiento o un aviso al sector -¿pero de qué tipo?- está bien fundada. Por lo demás es bien claro que esta prostitución de lujo difícilmente puede ser comparable con la de las colipoterras y rabizas de los barrios bajos, y solo puede pervertir -a quince mil pesetas mínimo el coito- a capas muy determinadas de la población. Socialmente hablando, las capas dirigentes y de alto poder adquisitivo, que se enfrentan ahora al puritano e hipócrita juego de cerrar por la violencia los prostíbulos que muchos de sus integrantes han hecho florecer con el placer.

Sorprenden también por eso las airadas críticas contra los negociantes de la prostitución, ya que da la impresión de que las protestas no se dirigen tanto contra esos tinglados como contra la elevación de las tarifas a las que da lugar la intervención del intermediario. Se diría que lo que se defiende no son las buenas costumbres sino los bolsillos de los que las conculcan, quienes no se indignan por la práctica de pagar por el intercambio sexual sino por la inflación de precios producida por la suma del salario de las empleadas y los beneficios de los patrones. Y por la tendencia al alza que el Mundial de fútbol significa. Más valdría sustituir esos desgarramientos de vestiduras por la exigencia de un control legal sobre los empresarios de burdeles que permitiera, entre otras cosas, que no abusaran de sus empleadas, que mantuvieran la higiene de sus locales y que tributaran a Hacienda. Pero ninguna de estas cosas parece estar en el ánimo de los investigadores policiales que han cubierto el servicio luego tan bien aireado en los papeles.

Los negocios de prostitución florecen en este país bajo la tolerancia de unas autoridades que, con acierto, consideran imposible poner puertas al campo e inviable perseguir mediante la policía y los tribunales a quienes no tienen otro remedio, por deformaciones educativas, presiones ambientales, o simplemente apego a un vicio más que comprensible, que recurrir al pago al contado -o con las tarjetas de crédito- para pecar contra el sexto mandamiento. En estos asuntos, sin embargo, pocos se preocupan de la situación de las mujeres que se ven abocadas a esa profesión como consecuencia de sus dificultades para encontrar trabajo o tener ingresos dignos. Pero sea como sea hay que preguntar al Ministerio del Interior si desconoce la existencia de otros burdeles en España y cuáles son las razones, en el caso de que su respuesta sea sincera, que avalan su decisión de desarticular unos negocios de prostitución y permitir, en carabio, la supervivencia de otros. La sospecha de que la tolerancia pueda tener su precio en dinero o en avales de influencia prestados por notables usuarios de los establecimientos no perseguidos, se halla demasiado extendida. También la de que a través de este tipo de negocios los servicios de información del más variado pelaje tratan de chantajear, a base de la elaboración de doossiers y lindezas por el estilo a algunos de sus más prominentes usuarios. Pero entonces habrá que convenir que en ese caso no deberían ser las prostitutas y los proxenetas los que dieran con sus huesos en la cárcel y con sus fotos en los periódicos. No primordialmente ellos.