Maquillaje democrático

El PSOE entiende que el proceso democratizador de las cajas de ahorro, iniciado en 1977 con la liberalización del sistema financiero, que dirigió desde la Vicepresidencia Económica del Gobierno Enrique Fuentes Quintana, no ha pasado de la superficie. Según el Estatuto de 1933, las cajas están definidas por su carácter popular, ausencia de ánimo de lucro, tutela pública e implantación geográfica limitada."La ambigüedad jurídica de unas instituciones definidas así y que, sin embargo, administran un tercio de los depósitos del sistema bancario", dicen los socialistas, "genera un problema inmediato: quién las controla y administra. El decreto de 1977 fue el primer paso para resolver esta cuestión con un cierto aire democrático. La solución establecida por él, con suponer un avance con relación al caciquismo sin coto anterior, no es sin embargo satisfactoria". En primer lugar, el sistema de sorteo para elegir compromisarios que a su vez eligen a los consejeros se ha prestado a manejos diversos, como la apertura de cuentas en varias sucursales, especialmente las menos importantes, para aumentar la probabilidad de salir elegidos, muy utilizado por los empleados de las cajas de ahorros fieles a la dirección. O como el halago o el trato discriminatoriamente favorable a los compromisarios-depositantes dúctiles.

En segundo poder, el poder casi onmímodo de los directores que pueden revocar incluso acuerdos de los consejos de administración, invalida, en buena medida, la moderada democratización, sobre todo si se tiene en cuenta el gran poder de la CECA en lo s procesos de selección de estos directivos, cuyo conservadurismo está casi siempre justificado.

En consecuencia, "la democratización ha sido más aparente que real. En muchos casos ha habido cambios de nombres y rostros, pero no de estilo. Esta ausencia de cambio se evidencia en la CECA, donde apenas nada se ha alterado en este período".

El partido socialista si opina, sin embargo, que las cosas han cambiado con respecto a las operaciones, la expansión o las fusiones. Una orden ministerial de diciembre de 1979 permitía la expansión fuera de la región donde radique la sede central, autorización que ha sido aprovechada por las cajas más grandes (Caixa, Caja de Madrid, Caja de Aragón y Rioja, Caja de Ronda y Caja de Valencia).

La modernización

Según el PSOE "esta implantación provoca múltiples problemas, como es el cómputo de inversiones regionales, la alteración de la imagen estrictamente regional o la posibilidad de existencia futura de un órgano central de compensación y apoyo, que al estilo del existente en la República Federal de Alemania pudiera crearse en el futuro, si bien la CECA está más preocupada por el control de los consejos y directores que por prestar servicios, por mucho que abaraten los costes de las cajas".

Otra forma de evitar la democratización, diluyendo la representación de organismos públicos, o prepararse para resistir la aplicación de los estatutos de autonomía, donde se reconoce a las comunidades autónomas competencias en relación a las cajas, ,les la política de fusiones entre cajas de diferentes provincias y regiones". Política con un éxito relativo, gracias a, las reticencias de las cajas pequeñas y "a las críticas de toda índole recibidas".

La conclusión que los economistas del PSOE sacan de este maquillaje democrático de las cajas de ahorro es la de que "es imprescindible aumentar la representación en los consejos de administración de los entes públicos más cercanos a los ciudadanos -corporaciones locales- y mejorar el control por parte de las autorídades financieras, todo ello en un marco jurídico renovado que partiendo del vigente de 1933, elimine la actual dispersión de normas". Los autores de esta propuesta entienden que a pesar de la aparente obsolescencia o anacronismo del marco jurídico de las cajas, no puede alterarse.