El IVA reducirá las cuotas empresariales de la Seguridad Social en una cuarta parte

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, ha reafirmado el compromiso de destinar todo el aumento de recaudación que suponga el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a descargar las aportaciones empresariales a la Seguridad Social. Si se cumplieran las previsiones de recaudación cuando entre en vigor la estrella de la futura imposición indirecta, a partir de 1984, las cuotas de los empresarios se verían aliviada en 440.000 millones de pesetas de 1981, el 2,6% del valor anual de todos los bienes y servicios producidos.La financiación total de la Seguridad Social, de ella las tres cuartas partes a cargo de los empresarios, puede superar el próximo año los tres billones de pesetas, para acercarse el siguiente a 3,5 billones y, en 1985, a cuatro. En términos de producción anual de bienes y servicios, las cuotas empresariales suponen casi el 10%. Es decir, que el IVA las reduciría en una cuarta parte, siempre que en los próximos años se mantenga el objetivo de congelar la participación de los gastos de la Seguridad Social en el PIB, esbozado por el Gobierno para 1983.

Desde diversas tribunas, los empresarios han pedido en los últimos meses un compromiso público en este sentido. Ya la memoria, enviada hace un año por el Gobierno al Congreso con el proyecto del IVA, recogía una estimación similar de posible sustitución de prisión fiscal por cuotas, y el subsecretario de Hacienda, Arturo Romaní, había repetido últimamente que el IVA no aumentará la presión fiscal.

Ahora, el ministro García Añoveros lo ha reafirmado con mayor concreción ante el pleno del Congreso de Diputados al presentar el proyecto del IVA. "Los impuestos absorbidos por el IVA", dijo, "representan un 3,4% del PIB (unos 562 millones de pesetas de 1981), mientras que el IVA, al tipo figurado en el proyecto, representa un 6% del citado PIB. La diferencia de 2,6 puntos constituye la cuota de la Seguridad Social a financiar por el Estado, quedando en definitiva la presión fiscal conjunta invariada".

La ambigüedad, mantenida hasta ahora por el Gobierno, alimentó la oposición impresarial de la CEOE a las propuestas de racionalización y mejora de la Seguridad Social negociadas hace medio año, pues el documento de la Administración demoraba la reducción de cuotas empresariales a cuando lo permita la recaudación.