El PNV afirma que la LOAPA rompe un pacto político de Euskadi con el Estado

El vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández, y el portavoz del PNV en el Congreso, Marcos Vizcaya, manifestaron ayer públicamente en Madrid, en vísperas del pleno de la Cámara baja en que se debatirá la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que no están dispuestos a aceptar esta ley, que consideran jurídicamente ilegal e inconstitucional, y políticamente un "acto de fuerza" contra el proceso autonómico, así como la ruptura del pacto político que entre el pueblo vasco y el Estado constituyó, en su día, el estatuto de Guernica.

En este sentido se pronunciaron los dos cualificados representantes del Gobierno vasco y el PNV, en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en el Congreso de los diputados, donde presentaron un dictamen sobre la LOAPA, elaborado por un grupo de profesores de la Universidad de La Laguna y firmado por el constitucionalista Gumersindo Trujillo, en el que se descalifica jurídicamente a esta ley.Mario Fernández puso especial énfasis en rechazar como "maniobra" las afirmaciones del ministro Arias Salgado y de representantes del PSOE en el sentido de que las discrepancias del PNV con la LOAPA se reducen a la fórmula del artículo 4. "Eso no es así", precisó el vicepresidente del Gobierno vasco. "Ellos utilizan esa fórmula para que así, si a última hora nos ofrecen una nueva redacción al artículo 4 y seguimos diciendo no a la LOAPA, puedan presentarnos ante la opinión pública como intransigentes e intolerantes. Estamos en contra no sólo del artículo 4, sino del 2, del 10 y de todo el título referido al funcionariado. El rechazo a la LOAPA va desde la esencia misma de la ley a la práctica totalidad del contenido".

"Cualquiera que fuese el contenido de la LOAPA", matizó, "aunque fuera el propio programa político del PNV, no podríamos aceptar su calificación de ley orgánica ya que sería tanto como aceptar la existencia de leyes capaces de interpretar el contenido de los estatutos y la propia Constitución".

"Nosotros creemos", agregó, "que la LOAPA supone una modificación encubierta de la Constitución, y buscamos precisamente en ella apoyos jurídicos para combatir la ley. Cualquier modificación de la Constitución o los estatutos debe hacerse por los cauces previstos en aquella.

Por eso es que planteamos, técnica y jurídicamente, el rechazo a la LOAPA desde la defensa del orden constitucional".

"Estatuto de mínimos"

Desde el punto de vista político, afirmó Mario Fernández, el estatuto vasco era para el PNV un "estatuto de mínimos", pero al mismo tiempo un pacto político histórico entre la comunidad autónoma vasca y el Estado, "un pacto derivado de la propia Constitución, que aprobó y ratificó el pueblo vasco". "La LOAPA", añadió, "atenta al principio de autonomía que a través del estatuto aceptó el País Vasco, y nosotros queremos defender ese estatuto tal y como lo leyó el pueblo vasco, tal y como se le explicó por parte del PNV y también desde la UCD y el PSOE. si la LOAPA sale tal y como está, tendremos que explicar al pueblo vasco que el estatuto que queda no es el que se aprobó, y que no son aceptables los restos del naufragio".

Manifestaron ambos representantes del Partido Nacionalista Vasco su convicción de que desde el 23-F y la llegada de Calvo Sotelo a la presidencia del Gobierno español se ha producido un claro freno al proceso autonómico, "en el que el PSOE ha prestado una valiosa ayuda a la UCD". En este sentido, precisó Mario Fernández que la LOAPA no es sino la parte más notable de lo que calificó como "cerco a la autonomía". En este capítulo incluyó el representante el Gobierno vasco la congelación de las transferencias ("la comisión mixta no se reúne hace cuatro meses"), la distribución del fondo de compensación, los vaivenes de la LAU y la "LOAPA sanitaria".

La aprobación de la LOAPA significaría, en opinión de Marcos Vizcaya la ruptura de la política de diálogo y pactos entre la comunidad autónoma vasca y el Estado mantenida desde la aprobación del estatuto, "una política que con voluntad y sin LOAPA", dijo, "ha servido para resolver escollos importantes como, por ejemplo, los conciertos económicos o la policía autónoma". "Frente al modo de entender las relaciones por la vía del diálogo, la negociación y los pactos", añadió el diputado nacionalista, "se ha utilizado, tras el 23-F, la vía de la imposición por medio de una ley hecha a nuestras espaldas, que va contra la autonomía".

Pacto de legislatura

Reveló a este respecto Marcos Vizcaya que 48 horas antes de la investidura de Calvo Sotelo en 1981, cuando se tanteaba al PNV buscando su apoyo a la misma, su partido ofreció a UCD un pacto de legislatura. "A la reunión", recordó, "en la que llegamos a redactar un texto sin firmas, asistieron los ministros Rosón, Pérez Llorca, Pío Cabanillas y Martín Villa. Nosotros nos comprometíamos a apoyarles con los grandes temas de Estado con la reserva de puntos referentes a la autonomía. Como contrapartida -y ello no deja de ser curioso- pedíamos la ordenación y coordinación del proceso autonómico, la aclaración de lagunas y ambigüedades de los estatutos y la constitución en materia autonómica".

"La oferta", agregó, "no llegó a concretarse porque Martín Villa dijo que en la búsqueda de una mayoría UCD tendría en el horizonte acuerdos electorales con otras fuerzas incompatibles con los nacionalistas".

Tanto Marcos Vizcaya como Mario Fernández se mostraron ciertamente reservados en lo referente a las medidas institucionales y de partido que una denominada comisión de defensa del estatuto vasco tiene preparada. Con respecto a una de estas medidas filtradas que significaría la disolución del Parlamento vasco, Marcos Vizcaya precisó que es una medida a estudiar que presumiblemente no se llevará a efecto ni a corto ni a medio plazo.