Divergencias entre patronal y sindicatos sobre la reestructuración del calzado

El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del pasado 14 de mayo, un decreto por el que se declaraba "en reconversión" el sector del calzado. Y hoy se reúne la comisión tripartita compuesta por la patronal centrales sindicales y Administración para poner a punto dicha reconversión.

El plan, cuya duración prevista en principio hasta 1984, es, ajuicio de Rafael Calvo., secretario general de la patronal del sector, la Federación de Industriales del Calzado de España (FICE), corto, al haberse retrasado su puesta en marcha, "aunque eficaz". El decreto no satisface del mismo modo a los implicados en la larga, dura y nada fácil problemática del calzado, primera industria de la provincia de Alicante, con un volumen de 58.800 millones de pesetas exporiados en 1981."El papel que el ministro de Trabajo ha protagonizado en el lanzamiento de este decreto ha sido importante ya que ha tenido en cuenta todos los trabajos anteriores de estos últimos años", según el secretario general de FICE. "Es más, los trabajos de infraestructura que durante este tiempo hemos venido haciendo han incidido en el Gobierno, pero faltaba, naturalmente, un empujón de naturaleza política".

El decreto llegó tras un auténtico rosario de interpelaciones parlamentarias, proposiciones no de ley, interminables reuniones y la creación de la llamada comisión tripartita, integrada por patronal, centrales sindícales impuestas en el sector y Administración central. Prácticamente todo lo anterior no había servido de casi nada, cuando por sorpresa, según casi todos los sectores afectados, y mediante presiones de la patronal FICE, el asunto fue aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y, de inmediato, por el Consejo de Ministros. Este hecho ha sido calificado por igual por Felipe Tornero, de la ejecutiva estatal de la federación de la piel de CC OO, y por el diputado del Partido de Acción Demo crática (PAD), Luis Berenguer, como una medida "puramente electoralista". Incluso la misma semana en que era aprobada la reconversión, tal medida era solicitada por unanimidad por el Consell del País Valenciano, a propuesta del consejero de Trabajo, socialista, Angel Luna, pidiendo que el plan de reconversión fuera negociado a tres bandas entre la administración, las centrales CC OO, UGT y USO, y la Administración del Estado.

Reconversión 'sui géneris'

Hasta tal punto se duda sobre el decreto de reconversión zapatera que, por una parte, según CC OO, "extraña el hecho de que éste ha sido el único sector que sufre reconversión vía Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, cuando ha habido repetidas negativas anteriores por parte del Gobierno". En el extremo casi contrario, sin embargo, el ejecutivo Rafael Calvo, de FICE, manifiesta su satisfacción por cuanto "el plan refleja lo que pedíamos, aportando unas medidas más amplias que para cualquier otro sector".En opinión del secretario general de la patronal, "se trata de un auténtico plan de reestructuración, no de medidas coyunturales". El del calzado es el primer sector de producción para el que, en junio de 1980, y por acuerdo del Congreso de los Diputados, se crea una comisión tripartita, a la que aludimos más arriba. Comisión, según la diputada Pilar Brabo, del Grupo Parlamentario Comunista, cuyos trabajos, a pesar de la aprobación del plan de reconversión, deben continuar, "insistiendo en el papel que aquélla debía desempeñar", por cuanto han sufrido constantes interrupciones, de las que tanto la patronal como los sindicatos acusaron en su día a los ministerios de Industria y Energía y de Economía y Comercio.

Para los sindicalistas comunistas, el plan ahora aprobado "ni se acerca a lo acordado en la comisión, no contando con ella para nada, ni informando acerca del contenido del decreto", lo que desde CC OO se interpreta como fruto de presiones de la FICE: "Se trata de un plan de reconversión con el que los empresarios se muestran satisfechos, con el que obtendrán ventajas fiscales y abaratar el despido".

Felipe Tornero opina que no se ha cuantificado el costo de esta reestructuración, que "afectará, en expediente, a más de 20.000 trabajadores".

30.000 trabajadores del calzado se concentran en la provincia de Alicante, distribuidos en más de mil empresas, localizadas en las comarcas de Elche, Elda y Villena. Cabe tener en cuenta que en toda España son 1.846 las empresas zapateras, que agrupan un total de 56.000 trabajadores. De esas empresas, entre los años 1976 a 1980, cerca de 1.700 se vieron sometidas a expedientes de crisis, muchos de ellos de carácter temporal.

Las intervenciones parlamentarias que desde los grupos socialista, comunista y mixto se han dado en los últimos años, y de modo especialmente insistente en los últimos meses, abundaban en la necesidad de que el calzado fuese incluido en el real decreto-ley de reconversión industrial, lo que fue desechado en la actitud del Gobierno y produjo nuevas interpelaciones y preguntas. Habiendo cambiado en algo la situación en el último año, lo que por parte del grupo socialista y su diputado Angel Franco fue interpretado como coyuntural, y por tanto nada fiable, en base a la paridad del dólar y el crecimiento desmesurado de lo clandestino en la industria, como razones básicas, se incidía en estas circunstancias en la necesidad de una reestructuración sería que convirtiera el calzado en un sector expansivo, evitando así "que continúe la actual tendencia regresiva, que se aceleraría de cara al ingreso en la CEE", según la proposición no de ley socialista.

Las repetidas peticiones de reconversión no pretendían esto. Roque Miralles, secretario general de la USO en Alicante, a preguntas de este diario indica que no es por esto por lo que se ha estado luchando dos años y medio: "Quien ha llevado adelante esta cuestión ha sido el Gobierno y beneficia a una serie de empresas. Se ha incumplido más de la mitad de lo acordado por la comisión tripartita, ya que la Administración no ha reconocido los acuerdos entre patronal y las centrales.

Las medidas económicas de tipo fiscal que acoge el plan son mínimamente buenas para algunas empresas, pero para el sector en sí y los trabajadores, a largo plazo, no, porque no se va a poder controlar".