La ausencia diputados 'suaristas' facilitará la mayoría parlamentaria favorable al cese de Robles Piquer

Si no se producen novedades de última hora, el próximo jueves, 17 de junio, a las 19.30 horas, comenzará en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate de dos mociones, comunista y socialista, que proponen a la Cámara que solicite del Gobierno el cese de Carlos Robles Piquer como director general de RTVE. La incorporación de ambas mociones al orden del día del Pleno que comienza el martes fue ya avalada por la mayoría de la Junta de Portavoces, y solo está pendiente de su inclusión formal, que corresponde al Presidente de la Cámara, o en su defecto, al propio Pleno. Las dificultades del partido gubernamental para obtener el apoyo parlamentario de las minorías y del sector suarista de su propio grupo, así como las diferencias de criterio entre los miembros centristas del consejo de administración de RTVE, han impulsado al Gobierno Calvo Sotelo a intentar impedir o retrasar el pronunciamiento del Parlamento sobre la gestión de Robles Piquer, en cuyo debe hay que anotar, en opinión de los suaristas, una censura permanente de la imagen del anterior presidente del Gobierno.La ausencia de diputados suaristas en la votación parlamentaria sobre el cese del director general de RTVE -confirmada a este periódico-, redondeará la mayoría necesaria para que el Pleno del Congreso desautorice a Leopoldo Calvo Sotelo en su deseo de mantener en el cargo a Carlos Robles Piquer. Para evitar este desenlace y su repercusión política contra el jefe del Ejecutivo -que resultaría, de hecho, censurado-, el Gobierno trata de impedir la votación del próximo jueves o, al menos, retrasarla. Si fracasan las negociaciones con los suaristas y las gestiones para sumar alguna otra minoría al único apoyo seguro del grupo de Fraga, Calvo Sotelo solicitará probablemente de Robles Piquer su previa dimisión.

Por el momento, sin embargo, la posición oficiosa del partido gubernamental es que, dado el carácter no vinculante de las proposiciones no de ley, aunque el Pleno del Congreso apruebe las mociones de la izquierda, Carlos Robles Piquer será mantenido en el cargo. Entre los argumentos aducidos figura la celebración del Mundial 82, cuya organización, en su aspecto televisivo, podría resultar afectada por el nombramiento de un nuevo director general.Fuentes parlamentarias de la izquierda calificaron esta argumentación de peregrina y fruto solo del deseo de disuadir a la oposición para que no insista en deshacer el entuerto de la sustitución de Castedo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE y diputado de Coalición Democrática (CD), Antonio de Senillosa, declaró a EL PAIS: "Si prospera la moción, y pienso que prosperará, será muy difícil que Robles Piquer continúe al frente de RTVE".

En opinión de Senillosa, "el acoso y derribo a Robles Piquer no lo es tanto a él como al incumplimiento de unos acuerdos generales entre los dos principales partidos, acuerdos de los que fue sustraído su nombramiento para la dirección general de RTVE". De acuerdo con el propósito de despersonalizar los ataques a Robles Piquer, del que participan otros diputados, Senillosa añadió: "creo que Robles Piquer puede prestar servicios muy importantes al Estado en otros cargos".

El grupo de Fernández Ordóñez, con la izquierda

Los diez diputados del Partido de Acción Democrática (PAD), que lidera Francisco Fernández Ordóñez, confirmaron a EL PAIS su posición definitiva ante el debate que se avecina. Votarán a favor del cese de Robles Piquer. El propio Femández Ordóñez considera que la sustitución de Fernando Castedo fue un error de Calvo Sotelo, con quien no se considera comprometido en esta materia por el ofrecimiento que le hizo de apoyarle en las cuestiones de Estado.

Un portavoz oficial del PAD manifestó que, con el nombramiento de Carlos Robles Piquer, "el Gobierno se ha saltado a la torera el Estatuto de RTVE. Discrepamos en su momento del nombramiento, porque con él se rompió el espíritu del Estatuto, más por la forma como se hizo que por la persona, y ahora votaremos en contra de su continuidad en el cargo, porque significa la permanencia en la violación del consenso alcanzado entre la inmensa mayoría del Parlamento sobre el funcionamiento de un medio de comunicación social tan importante como la televisión estatal".

Los apoyos seguros con que cuenta la moción comunista, a la que se ha acumulado para su tramitación otra similar del Grupo Socialista, son los votos de los dos principales partidos de la izquierda (118 socialistas y veintidós comunistas); los diez del PAD y otros cuatro del Grupo Mixto (los diputados Bandrés, Tamames, Sagaseta y Andrés Fernández); los siete del PNV, y otros siete del Grupo Andalucista. En total, 168 votos, cinco menos de los que resultaron representados el pasado martes en la reunión de la Junta de Portavoces que apoyó la tramitación de la moción, en virtud de que Bandrés, como portavoz del Grupo Mixto, contabilizó los votos de Clavero, Aizpún, Gómez de las Roces, Pi-Suñer y Piñar.

Contando con que estos cinco votos se unieran a los 151 centristas y a los trece de CD, el Gobierno sumaría 169 diputados contrarios a la moción y ganaría la votación por un solo voto de diferencia. Pero es preciso, ante tan escaso margen, contar con las ausencias, algunas obligadas, como la de Antonio Fontán -si no se recupera de su reciente enfermedad- y otras de conveniencia, como las confirmadas a este periódico por destacados miembros del sector suarista, y que podrían significar un mínimo de veinticinco votos, que decidiría el resultado de la moción. De ahí el interés gubernamental por negociar con el grupo de Suárez.

Abstención, 'en principio', de la Minoría Catalana

La posición inicial de la Minoría Catalana (ocho diputados, después de la dimisión de Ramón Trías) es de abstención, aunque no se descarta que, si sus votos fueran absolutamente precisos para el Gobierno, el grupo vinculado a Convergencia Democrática de Cataluña no tendría inconveniente en votar en contra de la moción de la izquierda. Fuentes próximas a la Minoría Catalana aseguraron que, a pesar de los esfuerzos de Rafael Arias-Salgado por impulsar la tramitación de la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), "es un hecho que esta batalla la ha perdido el PSOE, y ahí está la clave de la actitud de la Minoría Catalana".

Las responsabilidades de gobierno en la Generalidad hacen, por otra parte, a la Minoría Catalana poco propicia a favorecer las iniciativas de censuras atípicas contra ministros y altos funcionarios. Un portavoz del partido de Jordi Pujol manifestó a EL PAIS que el Parlamento tiene que estar por encima de estas descalificaciones. "De seguir por este camino, se llegará a presentar una moción de censura contra el funcionario seflor González, que se negó a poner una póliza", dijo.