Tasas y subvenciones de las universidades públicas

La realidad, sin embargo, sigue por los cauces habituales. El Consejo de Ministros del día 14 del corriente, según la información publicada por la Prensa, decidió arbitrar fórmulas de urgencia para las finanzas universitarias: subvenciones extraordinarias cifradas en 2.300 millones de pesetas para 1980 y 6.400 millones para 1983. Quizá convenga recordar recientes contactos entre los rectores de universidad y las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia dada la similitud de las cifras apuntadas con las que se barajan en el Informe sobre la situación presupuestaria de las universidades públicas, que publicó en octubre del año pasado la Conferencia de Rectores de las Universidades del Estado.Según el informe citado, la capacidad de gasto de las universidades públicas ha sufrido un notable deterioro en los últimos años. El alumnado ha pasado desde 336.734 alumnos en 1971-1972 hasta 633.455 en 1979-1980. En términos reales (1972=100), las tasas académicas, por curso completo, aumentaron en un 327%, y la subvención media decreció en un 9,1% durante el período 1972-1980. Dado el mayor peso relativo de las subvenciones, el gasto medio por alumno era en 1980 el 50%. del correspondiente a 1974. Con las tasas académicas en vigor y los 8.420,5 millones de pesetas del proyecto de presupuesto de las universidades, en 1982 harían falta 7.500 millones de pesetas para alcanzar las cifras de gasto medio por alumno de 1974. Este déficit debería ser eliminado mediante un aumento en las subvenciones de 2.500 millones para 1982 y aumentos en cantidades iguales -en pesetas de 1982- para 1983 y 1984.

Las cifras del informe son reveladoras. De los datos publicados cabe concluir que el gasto público se asigna a las universidades con una falta de transparencia y rigor notables. Se aprecia -igualmente que esta situación hace muy difícil. para los rectores la gestión de las universidades. Como botón de muestra, las grandes diferencias, no analizadas, entre gastos iniciales presupuestados, gastos definitivos y gastos realizados, que en 1980, y en millones de pesetas, fueron, respectivamente, de 1.576,6, 4.084 y 1.957,5.

La falta de transparencia y rigor en la asignación, gasto y control de los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia parece endémica, como ya se indicaba en el informe elevado al Gobierno por la comisión evaluadora de la ley general de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa elaborado en 1977.

Con la petición de una subvención adicional de 7.500 millones de pesetas se quería volver a las cifras de gasto medio por alumno de 1974. Tal empeño tan sólo se apoya en que la cantidad de 1974 es la más elevada de los últimos años. Sin embargo, la demanda merece una argumentación más sólida. Habría que referirla -como mínimo- a las prioridades explícitas o implícitas existentes en el ámbito de la enseñanza universitaria, por ejemplo, en relación a la remuneración del profesorado. No obstante, lo adecuado sería partir de un orden de prioridades de gasto entre niveles educativos. No parece, sin embargo, que se haya hecho así en los proyectos de ley de Autonomía Universitaria y de Financiación de la Enseñanza Obligatoria y en los libros blancos sobre la reforma de las enseñanzas medias publicados el pasado año. En los debates que han tenido lugar dentro y fuera del Parlamento se ha puesto en evidencia la limitada importancia que los diferentes grupos políticos asignan a los aspectos económico y financiero, hasta el punto de que no existe estudio alguno de los costes alternativos de las posibles reformas de las vías de financiación.

El acercamiento de las tasas académicas a los costes medios de la enseñanza superior, unido a un. aumento en las ayudas directas a los alumnos, constituye una fórmula alternativa a la subvención creciente a las universidades públicas. Con ello se podría conseguir que el alumnado y sus familiares -y el profesorado- tuvieran un incentivo adicional en la buena marcha de la enseñanza -particularmente con la eliminación de las limitaciones a la movilidad estudiantil ligada a la existencia de distritos universitarios-. Las subvenciones y los préstamos a los alumnos atenderían a quienes carecieran de medios. Además, estudios sobre otros países suelen destacar que la principal criba de alumnos carentes de recursos económicos se da al comienko y a lo largo de la enseñanza media no obligatoria. Argumento este que ilustra la importancia de las prioridades entre los diferentes ámbitos del sistema educativo cuando se trata de subvencionar.

Hay quienes argumentan que la competencia entre centros educativos, derivada de la creciente financiación vía tasas académicas, provocaría una pérdida en la calidad de la enseñanza: carreras o asignaturas más fáciles en aquellos centros donde los alumnos no acudan en número suficiente para cubrir los presupuestos. Tal eventualidad no debe descartarse, pero tampoco hay que llevarse a engaño con la fórmula actual. El número de alumnos también pesa decisivamente en la distribución de las subvenciones. Quienes viven de cerca la situación conocen múltiples casos de diferencias de calidad en la enseñanza y de su repercusión en la expansión, o pervivencia, de los centros de formación universitaria. Es decir, el peligro de deterioro de la enseñanza por el cambio de fórmula de financiación no puede ser un argumento decisivo.

El argumento de la descapitalización cultural tampoco es concluyente. La cantidad de educación -como cultura- debe competir con otros usos de los recursos económicos tales como la salud o la seguridad ciudadana, y no es fácil saber si un poco menos de educación y un poco más de, por ejemplo, medicina preventiva resultaría económica y socialmente me nos ventajoso. Tampoco caben afirmaciones tajantes en relación al valor laboral de un poco menos de educación para un conjunto de la población. Existen ya funda mentadas razones para pensar en una cierta sobreeducación para la gama de empleos que ofrece una economía como la española.

Para concluir, quizá sea conveniente no perder de vista que, independientemente de las ventajas o desventajas de las diferentes fórmulas para financiar la enseñanza superior, el informe de la Conferencia de Rectores confirma que hay que seguir la investigación y debate público de la realidad económica de las universidades públicas. Además, la retirada de la ley de Autonomía Universitaria de las Cortes, las subvenciones recientemente anunciadas, la cercana discusión de la ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria y la publicación de los libros blancos sobre las enseñanzas medias ofrecen -a todos, y no sólo al Gobierno- una oportunidad excelente para analizar y debatir las prioridades, los costes y la financiación de los diferentes niveles educativos.