La LOAPA consagra la doctrina del Tribunal Constitucional sobre competencias del Estado y de las comunidades autónomas

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados rechazó ayer los textos alternativos a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) defendidos por el PNV y el Grupo Comunista, y dio su aprobación al artículo primero del proyecto de ley, en el que se establece el principio de la no interferencia entre el poder central y las comunidades autónomas en cuanto a las respectivas competencias exclusivas, según la doctrina que viene manteniendo el Tribunal Constitucional

En el debate se agruparon las fuerzas nacionalistas y comunistas frente al bloque formado por centristas y socialistas con la guinda del Partido de Acción Democrática (PAD), mientras Coalición Democrática (CD) fluctuó entre el apoyo a este bloque, la abstención o la reticencia al pacto autonómico de los dos grandes.El único texto aprobado en la sesión de ayer, por veintinueve votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones (comunistas, Minoría Catalana, PNV, Hipólito Gómez de las Roces por el Grupo Mixto) establece que "en las competencias que sean exclusivas de las comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución, sus estatutos de autonomía y la legislación del Estado a la que aquélla o éstos se remitan, el Gobierno y las Cortes Generales no podrán interferir el libre ejercicio por las comunidades autónomas de sus potestades legislativas o ejecutivas, fuera de los casos previstos en la propia Constitución, y que, en estricta aplicación de la misma, se regulan en los artículos siguientes".

El mismo precepto añade que el ejercicio de dichas competencias "no será obstáculo para la actuación por el Estado de las que a éste se reservan por la Constitución, ni podrán excusar el exacto cumplimiento por las comunidades autónomas de los deberes que ante el propio Estado y los ciudadanos españoles les imponen la Constitución y, en especial, los artículos 138 y 139 de aquélla".

Frente a este texto, elaborado en la ponencia con la colaboración de los principales oponentes a la LOAPA, algunos de los cuales pedían la devolución del proyecto de ley, el artículo inicial fruto de los acuerdos entre el Gobierno y el PSOE señalaba que "en las materias que sean de exclusiva competencia de las comunidades autónomas, por no incidir en los ámbitos que la Constitución reserva al Estado, el Gobierno y las Cortes generales no podrán interferir..." y continuaba de modo análogo al texto finalmente aprobado.

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Josep Pi-Suñer, se opuso a este artículo, que en su opinión es innecesario, dada la existencia del Tribunal Constitucional para los fines establecidos en el propio precepto. En la misma línea, el diputado de la Minoría Catalana Miguel Roca expresó la necesidad de descargar de conflictividad la LOAPA mediante la supresión de artículos inútiles. Contestó a ambos el centrista Jesús Esperabé, quien señaló la conveniencia de consagrar la doctrina que evita la interferencia entre las comunidades autónomas y el Estado.

Por CD, Antonio Carro anunció la posición contraria de su grupo a toda la LOAPA si no se admitía una enmienda transaccional, según la cual el artículo primero de la ley diría que "el objeto de la presente ley es armonizar los efectos concurrentes de las competencias exclusivas que la Constitución y las leyes conceden al Estado y a las comunidades autónomas". Carro añadió que la LOAPA pretende rectificar un proceso autonómico en el que CD no intervino, sino que por el contrario defendió siempre la reforma del título octavo de la Constitución.

La enmienda de Carro sólo obtuvo su propio apoyo y el del diputado del Grupo Mixto Hipólito Gómez de las Roces, mientras votaron en contra UCD y el PAD, y los socialistas sumaban su abstención, ante el asombro del resto de la comisión, a los nacionalistas vascos y catalanes y a los comunistas. Roca explicó la abstención de su grupo en la falta de tiempo para estudiar la propuesta de Carro, pero anticipó que le parecía oportuna la filosofía de colaboración que subyacía en la enmienda.

Las otras enmiendas de supresión del artículo, patrocinadas por Pi-Suñer y Roca, contaron con el único apoyo comunista y nacionalista y fueron rechazadas por los votos unidos de socialistas y centristas.

La sesión se inició con el debate a la totalidad de las enmiendas de sustitución patrocinadas por el PNV y el Grupo Comunista. En nombre del primero, Marcos Vizcaya manifestó el acuerdo con una ordenación del proceso autonómico, pero no a través de ley orgánica ni de armonización que, en definitiva, viene a recortar los estatutos. Explicó en detalle su texto alternativo y recordó que con ocasión de los pactos autonómicos firmados por Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, el PNV pidió que los estatutos ratificados antes de tales pactos no resultasen afectados por la LOAPA, y añadió que este deseo debería incorporarse a la propia ley mediante una disposición final. El centrista Oscar Alzaga destacó el carácter "enormemente autonómico" de la LOAPA, ya que busca el interés general propio de todos los entes públicos en un Estado autonómico cuasifederal.

El comunista Jordi Solé Tura estimó que formalmente la LOAPA no modifica los estatutos, pero sí lo hace materialmente al esfumarse las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Denunció las presiones y contrapresiones recibidas durante la elaboración del título octavo de la Constitución, cuya "redacción tortuosa" no debe dar pie a una modificación de hecho de su contenido. La socialista María Izquierdo calificó a la LOAPA de ley de garantías autonómicas para la generalización de un proceso que no puede permitir situaciones de privilegio.

La LOAPA y el 23-F

El diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan María Bandrés, defendió todas las enmiendas formuladas a la LOAPA, a la que calificó de nefasta y "consecuencia directa de los sucesos del 23-F, aunque esta afirmación moleste a algunos". Denunció la confluencia en dicha ley de intereses de sectores políticos y no políticos. Entre estos últimos se refirió a poderes fácticos próximos a los golpistas, así como a "determinados funcionarios que no habían visto afectados sus intereses por el cambio de régimen". En cuanto alos intereseis políticos señaló que UCD y PSOE desean frenar el arraigo de las fuerzas nacionalistas.El socialista vasco Enrique Múgica negó que existiera un supuesto amedrentamiento ante el intento golpista del 23-F y aseguró que, en cambio, la LOAPA trata de impedir la repetición de aquellos hechos mediante la consolidación de unas autonomías solidarias y el desarrollo adecuado de la Constitución. También insistió en que los pactos autonómicos impulsan los estatutos de autonomía, y rechazó críticas como la de monseñor Uriarte, que valora la LOAPA como "balones de oxígeno para el movimiento terrorista".