Polémica en la UCD canaria por la ubicación de las sedes autonómicas

El Estatuto de autonomía de Canarias, que será votado en el pleno del Congreso de los diputados el próximo día 25, es motivo de una fuerte polémica que ha trascendido los medios informativos de Tenerife para pasar a provocar tensiones en el seno de UCD, donde han surgido serias discrepancias respecto a la situación de las sedes autonómicas. El pasado lunes el presidente regional de este partido, Juan Julio Fernández, presentó su dimisión de dicho cargo, que no le fue, aceptada en principio, al considerarse atacado por un sector de UCD en Tenerife que le acusa de haberse dejado presionar por los dirigentes centristas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en detrimento de los intereses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.El debate creado en tomo al Estatuto no se ha debido al alcance del mismo, que UCD y PSOE coinciden en calificar de máximo, sino en otros dos aspectos principales: la ubicación de las sedes de los órganos autónomos y la composición del parlamento canario. Respecto al primero, un sector de UCD opina que Santa Cruz de Tenerife, capital de provincia, ha quedado marginada frente a la ciudad de La Laguna, localidad situada a muy pocos kilómetros de la capital, donde residirá de forma fija el parlamento.

Los mismos datos son analizados de distinta manera en fuentes centristas de Las Palmas. Bravo de Laguna, presidente del comité provincial de UCD, opina que el Estatuto ha respetado el equilibrio regional y Lorenzo Olarte, diputado y anterior titular de este mismo puesto de dirección, considera por su parte, que, en realidad, en el reparto de las sedes ha salido ganando Tenerife, dadas las competencias propias del Parlamento, junto con el hecho de que el Gobierno autónomo tendrá residencia compartida entre una y otra capital de provincia.

Por su parte, los presidentes de los cabildos de las islas periféricas (La Palma, La Gomera, Hierro, Lanzarote y Euerteventura) han echado más leña al fuego, al oponerse, en una reunión conjunta, al número de representantes que corresponderá a cada uno en el Parlamento, donde se ha intentado lograr una paridad entre las dos provincias. En su opinión, es deseable otra paridad diferente: entre islas menores e islas mayores.