La nueva ley del Patrimonio Nacional asegura el control del Estado sobre los bienes para uso de la Corona

La ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada la semana pasada por el Pleno del Congreso de los Diputados, no sufrirá alteraciones en el Senado y podrá entrar en vigor en breve plazo, gracias al acuerdo alcanzado entre las principales fuerzas parlamentarias en torno a un texto que asegura el control estatal sobre unos bienes afectados al uso y servicio de la Corona, para la alta representación que la Constitución le atribuye. El consenso obtenido permitió la retirada de las dos enmiendas, socialista y comunista, a la totalidad del proyecto de ley y su aprobación prácticamente por unanimidad. El proyecto de ley prevé compatibilizar el uso por el Rey y la familia real de los citados bienes con su utilización para fines culturales, científicos y docentes.

La nueva ley cumple el mandato constitucional al transformar el tradicional Patrimonio de la Corona en Patrimonio Nacional. La configuración de su Consejo de Administración como una entidad de derecho público moderniza la situación jurídica de un conjunto de bienes sobre los que ya no será posible que nadie, en nombre de un trasnochado monarquismo haga y deshaga. La transparencia en la administración de estos bienes, el control público y muy específicamente el del Tribunal de Cuentas, y el cumplimiento de fines sociales complementarios del liso y servicio del Rey, transforman el Patrimonio Nacional en un instrumento al servicio de la Monarquía Parlamentaria, dentro del ámbito indudable del Estado.Durante el proceso de elaboraión de la Constitución, el socialista Alfonso Guerra simbolizaba la necesidad de modernizar el enfoque jurídico y político del Patrimo nio Nacional en la eliminación de las atribuciones sobre ellos que concurrían en personas como Fernando Fuertes de Villavicencio. El proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y publicado en diciembre de 1980 suscitó en principio una dura oposición de la izquierda, que se materializó en 35 enmiendas, dos de ellas a la totalidad. La tramitación parlamentaria permitió la aceptación generalizada del texto final, a la que se sumó según ha podido constatar este periódico, la satisfacción de la propia Zarzuela por la regulación progresiva de un conjunto de bieties de raigambre tradicional.

La viabilidad del texto aprobado por el Congreso parece asegurada, por cuanto fuentes de los dos principales grupos del Senado, el centrista y el socialista, han anticipado su propósito de no modificarlo. El senador centrista, Manuel Villar Arregui, uno de los artífices de la negociación de la ley -en su calidad de subsecretario de Coordinación legislativa del ministerio de la Presidencia-, expresó su convicción de que la Cámara alta ratificará en el más breve plazo posible el texto pactado en el Congreso.

Entre las novedades introducidas en la regulación del Patrimonio Nacional, destaca que quedarán fuera del ámbito de actuación de su Consejo de Administración, cuyos miembros designará el Gobierno determinadas fincas rústicas y urbanas, actualmente gestionadas por el Consejo del Patrimonio, con arreglo a la obsoleta ley de 7 de marzo de 1940, que ahora se deroga.

Los rendimientos ingresarán en el Tesoro Público

En la presentación del proyecto de ley al Pleno del Congreso, el ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, destacó "el total abandono de la pretensión de autosuficiencia y la resuelta incardinación del Patrimonio Nacional en el ámbito del Estado", que conlleva estas dos importantes consecuencias: de una parte, que "serán los Presupuestos Generales del Estado los que provean, en cada ejercicio, la dotación de los créditos necesarios para que la entidad cumpla sus fines", y de otra, que "los rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes, ingresarán en el Tesoro Público".Rodríguez Inciarte señaló que la ley mantiene en el Patrimonio Nacional, "por fidelidad a la Historia", los derechos y cargas sobre una serie de fundaciones, denominadas reales patronatos y que, "por primera vez incorpora una preocupación por el medio ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas e impone al Consejo de Administración el deber de velar por ellas". Resaltó que muchos de los principios establecidos por la ley solo vienen a consagrar la actitud defendida por don Juan Carlos. "El Patrimonio Nacional, desde hace algunos años", dijo, "ha dejado de ser coto cerrado o realidad misteriosa para abrirse al conocimiento del pueblo español, por expresa voluntad del Rey".

El proyecto de ley, al que no se mantuvo en el Pleno ninguna enmienda, fue aprobado por 267 votos favorables, uno negativo y dos abstenciones. La única opinión contraria al texto aprobado fue la de Ramón Tamames, quien explicó su abstención en su calidad de diputado por Madrid y en las dificultades encontradas por la pro posición de ley para la protección del monte de El Pardo y su entorno, al parecer, según dijo, vetada por el Gobierno. Denunció las pre siones de fuerzas que siguen con trolando la administración del Pa trimonio Nacional y que defienden "no los intereses del Rey, sino intereses que no siempre han sido ex plicados". Se refirió concretamente a una serie de clubes, terrenos y zonas segregados temporalmente del monte de El Pardo.

Socialistas y comunistas justificaron, por su parte, el voto favora ble de sus respectivos grupos, a pesar de las enmiendas a la totalidad formuladas al proyecto de ley gubernamental. El socialista cata lán, Salvador Clotas, destacó la claridad jurídica lograda por la ley respecto a los bienes que integran el Patrimonio Nacional, la transparencia en cuanto a su uso y la modernización de los aspectos negativos introducidos por la dictadura. Entre las triejoras introducidas durante el trámite parlamentario, Clotas resaltó la mención que se hace a la ley de Protección del patrimonio histórico- artístico. También el comunista Josep María Riera explicó el voto favorable de su grupo, entre otras razones, en la referencia a la futura ley del Patrimonio histórico-artístico. Asimismo, recordó que el proyecto inicial "daba carta blanca al Gobierno" para el envío del inventario de los bienes del Patrimonio, mientras que el texto final prevé una comisión de tres expertos que emitirá dictamen, en el plazo de seis meses, sobre el inventario que se someterá al Gobierno para su remisión a las Cortes Generales. La incorporación de representantes de los ayuntamientos al Consejo de administración del Patrimonio Nacional y las garantías sobre el control de su contabilidad fueron otras de las novedades de la ley -"que se parece bien poco al proyecto inicial"- para el portavoz comunista.