Libertad de información
LA APERTURA en El Escorial de la Asamblea del Instituto Internacional de Prensa, ha sido presidida por los Reyes, que han dado con su presencia una especial solemnidad a la inauguración. El discurso de don Juan Carlos se ha hecho eco, del significado de la elección de España como sede de los trabajos, en tanto que reconocimiento de que "la joven planta de la democracia española ha demostrado ya, cumplidamente, que es una realidad vigorosa", y ha subrayado, mientras prosigue su sangriento y absurdo curso la guerra en las Malvinas, que España es un país a la vez europeo y americano."La agenda de trabajo de la Asamblea incluye problemas de carácter profesional, la denuncia de los retrocesos de la libertad de Prensa en diversas partes del planeta, el desafío de los grupos terroristas, las responsabilidades de los regímenes dictatoriales por la muerte y el encarcelamiento de periodistas y, algunas cuestiones tan polémicas como las propuestas de la UNESCO para un Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC) en los países subdesarrollados, con apoyo financiero de las grandes potencias y control gubernamental de uso de los fondos. La reunión, que permite a los profesionales españoles enorgullecerse como anfitriones de sus colegas M mundo democrático, es una buena oportunidad para hacer un inventario de los progresos y de las restricciones de la libertad de Prensa en nuestro país.
Tan insensato resultaría minimizar los espectaculares avances logrados durante el período transcurrido entre la coronación del Rey y el 23 de febrero de 1981 como cerrar los ojos ante las amenazas, expresas y latentes, que se ciernen sobre la libertad de Prensa -y sobre todas las libertades- como consecuencia del golpe de Estado frustrado. Las dos reflexiones son complementarias, ya que han sido precisamente los altos techos informativos y críticos conseguidos durante la transición lo que ha despertado la voluntad de silenciar o poner sordina a las voces que se esfuerzan por reflejar la plural, contradictoria y compleja sociedad española, hasta hace poco obligada a mirarse en el espejo deformante de la propaganda oficial.
Evidentemente, el mayor peligro -la solución total- para los profesionales, del periodismo provendría de,. la repetición -esta vez victoriosa- de un golpe de Estado, que clausuraría toda posibilidad de una información veraz e independiente y que secuestraría, en beneficio de una nueva dictadura, la libertad de Prensa, sustituyéndola por órganos dóciles a las autoridades, amordazados por el temor y vigilados por la censura. Pero el carácter catastrófico de esa eventualidad no debe servir de coartada o de pretexto para invitar a los profesionales de la información a que acepten los males menores que, de forma más o menos abierta, proponen los grupos de poder, que consideran excesiva y peligrosa para sus intereses una dictadura, pero que desean, al tiempo, el vaciamiento interno de las instituciones democráticas y el establecimiento de un régimen colectivo de libertad vigilada.
En esta perspectiva, la libertad de Prensa, entendiendo la expresión en su sentido más amplio, que incluye a la radio y a la televisión, ha recibido, a lo largo de los últimos catorce meses, serias embestidas y ha sido objeto de emboscadas y trampas. La aprobación por las Cortes Generales de la ley de Defensa de la Democracia ha puesto en manos del Gobierno un arma de grueso calibre para derribar empresas editoras y clausurar medios de comunicación. La Audiencia Nacional, órgano más cercano a los tribunales de excepción -expresamente prohibidos por la Constitución- que a la jurisdicción especializada, sigue disfrutando del monopolio que le concedió un decreto-ley de 1979 para juzgar los llamados delitos de desacato cometidos a través de los medios de comunicación; impreciso tipo delictivo que castiga con penas de privación de libertad a los que calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren a las autoridades -gubernativas o judiciales- en el ejercicio de sus funciones. De esta forma, los periodistas reos de desacato son entregados a la misma jurisdicción especial que conoce de las causas de terrorismo, falsificación de moneda, tráfico de drogas, prostitución organizada y comercio pornográfico. Aparte de los profesionales ya condenados por sentencia firme o por sentencias pendientes de recurso, son abundantes los poriodistas procesados como consecuencia de su trabajo profesional, bien sea a instancias del ministerio público o de querellas privadas. La condena a siete años de Xavier Vinader, en noviembre de 1981, por imprudencia profesional, tras la publicación de unos reportajes sobre grupos ultraderechistas en el País Vasco y el asesinato por ETA de dos personas citadas en dichos artículos, ha sido interpretada por muchos de sus colegas como un ominoso aviso.
La normalización de la televisión estatal, llevada a cabo por el nuevo equipo, ha frenado el desarrollo del Estatuto de Televisión como institución autónoma y ha reducido hasta tal punto los techos informativos del monopolio estatal que 180 redactores de los programas de noticias han elevado un escrito de protesta contra esa política censoria de la que el Gobierno se aprovecha para propósitos electorales. Una oportuna sentencia del Tribunal Constitucional ha cerrado el paso, afortunadamente, al proyecto del Gobierno de autorizar las televisiones privadas por simple decreto y hurtando al Parlamento sus competencias para Iegislar sobre esta importante materia. No faltan, tampoco, presiones del Poder sobre la Prensa independiente, si bien las formas ocultas y las vías indirectas en que se realizan diversas operaciones de corrupción o amedrentamiento no siempre son fáciles de advertir o prevenir. La compatibilidad entre cargos de favor gubernamentales y el ejercicio de la profesión periodística no sólo plantea graves problemas deontológicos a la Prensa española en su conjunto, sino que es uno de los medios más eficaces del Ejecutivo para .sesgar informaciones u opiniones en su provecho.
Queda, finalmente, un problema, quizá crucial en estos momentos para la libertad de información en España: el enfrentamiento o empeoramiento de relaciones entre un sector de las Fuerzas Armadas y la Prensa. Pese a los esfuerzos llevados a cabo por destacados militares y un grupo de periodistas democrátas para limar asperezas y mejorar el mutuo conocimiento, incidentes como los producidos en el juicio de Campamento, donde los valores democráticos han sido vilipendiados por defensores y codefensores, no ayudan en lo más mínimo a descargar la tensión y despejar recelos y agravios. Sin embargo, difícilmente podrá hablarse en España de Prensa libre mientras existan campos cerrados y materias exentas de información, opinión y crítica. El Ejército tiene derecho al respeto de la sociedad española, y por propia estimación debe y tiene que estar sometido a la misma crítica que cualquier otra institución del Estado recibe. Sin entender por ello que se atacan -pues en manera alguna es cierto- valores honorables o tradiciones dignas de aprecio en el acervo común de nuestra Historia, sino que se ejerce, limpia y llanamente un derecho constitucional.
