Los fabricantes de máquinas 'tragaperras' presionaran contra las últimas medidas de la Administración
Los fabricantes de máquinas tragaperras acordaron ayer tarde cerrar sus empresas si no se produce un diálogo con la Administración sobre el real decreto-ley y el decreto del Ministerio del Interior aparecidos el sábado en el Boletín Oficial del Estado, que tienden a erradicar de bares y otros establecimientos públicos el juego de boletos y el casi medio millón de máquinas con premio existentes y que, según los fabricantes, puede ocasionar el cierre de 250 empresas.Ambas disposiciones elevan de 6.000 a 40.000 pesetas las cuotas fiscales anuales de las máquinas recreativas con premio, introducen un sistema para controlar con eficacia el devengo y pago de la tasa, y -lo que los fabricantes consideran más grave- limitan los juegos de boletos y las máquinas tragaperras a casinos, barcos autorizados, salas de bingo y salones recreativos.
La Compañía Internacional de Recreativos, SA (CIRSA), la fábrica de máquinas tragaperras más importante de España, cerrará a partir de hoy sus puertas, según anunció su director de fabricación, Juan Lao, como medida de presión contra las medidas adoptadas por la Administración.
Durante las tres horas de la asamblea convocada para adoptar posturas unitarias hubo un amplio debate sobre las medidas a seguir.
Al final de la asamblea, el centenar largo de asistentes acordaron exponer -ante la Administración, banca, Prensa, sus trabajadores y sindicatos- los problemas que se derivarían del cierre de las fábricas: dejar sin trabajo a 64.000 personas, echar por la borda una inversión de 70.000 millones de pesetas y 40.000 millones de riesgos bancarios. Además de concretar los efectos de los eventuales cierres en un informe, la asamblea decidió volver a reunirse el jueves para analizar los resultados de las citadas medidas y estudiar la viabilidad de otras más fuertes.
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