La asistencia 'privilegiada' a los afectados por el envenenamiento origina tensiones entre los beneficiarios de la Seguridad Social

Esta situación de carencias es lo que reiteradamente ha denunciado la comisión clínica y por lo que presentó su dimisión el pasado día 10 de febrero para ser ejecutada en abril -mes en que se ha conocido públicamente-, con el fin de que el Ministerio de Sanidad y Consumo tuviera tiempo de crear el relevo y que los entrantes pudieran hacer coincidir su rodaje durante varios meses de trabajo compartido con los salientes.El hecho de que, a la llegada de la fecha tope para efectuar la dimisión, no se haya procedido al relevo de expertos presenta la situación aún más confusa. Los afectados, en comunicados al efecto, muestran su preocupacion por estos hechos, así como por la insuficiente capacidad ejecutiva del director del nuevo programa de atención. Eduardo Sanz Ortega se ocupará de la dirección unificada, pero con categoría de subdirector general del Insalud, con lo cual aparecen muy mermadas las facultades que, en un principio, el Ministerio de Sanidad y Consumo anunció que tendría la nueva dirección de atención al síndrome.

Objetivos prioritarios

Eduardo Sanz ha manifestado a El PAIS que "hay dos objetivos prioritarios: la asistencia social a los afectados y centrar las líneas de investigación sobre las causas de la enfermedad".

Independientemente de los relevos que se produzcan, la comisión clínica dimitida continuará, no obstante, sus trabajos para ultimar el primer simposio organizado por la misma sobre el síndrome tóxico, así como el estudio de un protocolo científico en torno a una muestra de 1.500 afectados de los primeros seis meses de la enfermedad.

El simposio, que se desarrollará en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid los días 11 y 12 de junio, estará costeado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. A su apertura se pretende distribuir la edición de 2.000 ejemplares de un libro en el que se contendrán las ponencias base del simposio. Este se prepara como una presentación de los datos biomédicos del síndrome tóxico a disposición de la comisión clínica y diversas ponencias aportadas al simposio por cuantos investigadores han querido someter sus traba os a este encuentro científico. "Servirá para ordenar la información existente, discutirla y ponerla a disposición de todos suficientemente criticada, analizada y debatida", según ha explicado uno de los organizadores.

Probablemente, este simposio carecerá de presidencia de honor. La comisión clínica propuso que estuviera formada por una representación del Ministerio de Sanidad y Consumo, una representación parlamentaria y una representación de los afectados. Las autoridades sanitarias apuntaron, sin embargo, que sería preferible evitar presidencias honoríficas puesto que "no se tratará de una celebración, sino de unas jornadas de trabajo".

Es en este marco de insuficiencia de conocimientos, de carencias asistenciales y de informaciones confusas y perturbadoras en el que se inscribe otro aspecto, no menos conflictivo, del problema del síndrome tóxico: el de la discriminación de la asistencia sanitaria y la neurosis de renta de algunos afectados propiciada por la Administración.

Un joven apellidado Bengala, perteneciente a una de las asociaciones de afectados -en Madrid han presentado ya la documentación necesaria para convertirse en federación- negó de forma tajante, durante un reciente acto público, que los enfermos de este envenenamiento -como los afectados prefieren llamar a la enfermedad- sean unos privilegiados con respecto a otros beneficiarios de la Seguridad Social. La opinión expuesta por Bengala y otras personas parece ser compartida a nivel generalizado entre las víctimas de la intoxicación masiva, y el simple hecho de someterlo a duda o discusión despierta en ellos una clara irritación.

En el análisis de la asistencia sanitaria primaria, realizado por el doctor Gerardo Hernández Less ante un público, principalmente, de afectados del síndrome, se planteaba la necesidad de forzar un cambio asistencial sanitario -en el que podrían ser un ejemplo o una estructura básica las mejoras que han supuesto las unidades de seguimiento del síndrome tóxico- con el fin de que todos los beneficiarios de la sanidad pública tengan acceso a unos mínimos como los creados para los enfermos del aceite. Numerosos médicos y profesionales sanitarios se manifiestan ya, hoy día, en el senti do de que existen otros enfermos crónicos a los que la Administración no atiende, ni por lejana aproximación, como, por razones políticas, asiste a los enfermos del síndrome tóxico.

Los afectados insisten, primero, en que "las otras enfermedades son ley de vida o cosas que manda Dios", justificando así la atención especial que se les dedica por "un envenenamiento que nos ha caído estando sanos". Y en segundo lugar, señalan que, fuera de la asistencia de las unidades de seguimiento, de tipo general, en el resto de las prestaciones de especialistas "padecemos el mismo caos que los demás". Y a ello añaden, con respecto a las unidades, que "no puede generalizarse su buen funcionamiento". En este sentido recuerdan la desconexión entre estas unidades -especialmente sanitarias- y los canales de ejecución de las demás ayudas sociales, o bien la deficiente información ginecológica que se les imparte o las dificultades para acceder a medios anticonceptivos, etcétera.

La 'neurosis de renta'

Entre los miembros de los equipos psiquiatricos que atienden a estos pacientes se habla ya desde hace meses de la neurosis de renta que a arece en un número considerable de éstos. El dispositivo sanitario asistencial, creado ante la insuficiencia de infraestructura general para atender a la intoxicación masiva, y los sistemas de compensación económicas, establecidos para lavar la Administración sus responsabilidades, habrían servido para generar y estimular en los afectados un deseo de seguridad permanente y un aprovechamiento de la situación. La clase médica se siente preocupada de que existan, por ejemplo, enfermos con parálisis cerebral que llevan meses esperando turno de rehabilitación porque este servicio está prácticamente al completo con los afectados del síndrome, quienes, a su vez, también esperan turno porque el servicio es insuficiente.