Electrificación gratuita para varias zonas rurales

Los vecinos de las zonas rurales de Cantabria que se beficien del Plan de Electrificación Rural (PER) no deberán pagar ninguna cantidad por ello, según decidió el pasado martes el consejo de gobierno de la Diputación Regional de Cantabria. Esta decisión rectifica la adoptada por la institución provincial e impuesta por UCD al contar con mayoría de votos, por la que se obligaba a los futuros usuarios a pagar una parte de los costos de la electrificación.La oposición de numerosos municipios afectados a pagar las cantidades exigidas por la Diputación Provincial que, en algunos casos, superaban las 30.000 pesetas, y la actitud del presidente de la comisión encargada de la puesta en marcha del PER, Leandro Valle, que pretendía la supervisión personal de los proyectos elaborados por los técnicos, mantenía prácticamente paralizada desde hace varios meses la aplicación del plan. Desde la aprobación de éste, en 1980, por el pleno de la Diputación Provincial y a pesar de contar con 1.500 millones de pesetas para la ejecución de la primera fase, provenientes de la emisión de deuda pública y de las aportaciones de la Administración central, organismos de desarrollo agrario y empresas eléctricas, tan sólo una decena de millones han sido invertidos en el pago de honorarios por la realización de proyectos.

Necesidad urgente en más de doscientos pueblos

La paralización del PER, de vital importancia para la ganadería cántabra en la perspectiva de su adecuación a las normas impuestas para la entrada en el Mercado Común, contrasta con la existencia de más de doscientos núcleos de población con "necesidad urgente" de que se proceda a la electrificación rural, bien porque carecen de ella o bien, en mayor número de casos, por la escasa potencia de que disponen, lo que hace imposible la mecanización de la producción lechera.El acuerdo del consejo de gobierno, que supone en la práctica la gratuidad de la electrificación para los beneficiarios, se acompaña de una descentralización de las decisiones en torno a este tema, al dar una mayor participación a los ayuntamientos en la resolución de aquellas cuestiones que se deriven de la puesta en marcha del Plan de Electrificación Rural.