La Asamblea Regional de Cantabria puede asumir el control de la Caja Rural

La Asamblea Regional de Cantabria tomará postura, en su próxima reunión, sobre las irregularidades observadas en la Caja Rural de Santander, según una petición depositada en la mesa de la Asamblea por el diputado Ciriaco Díaz Porras, del grupo parlamentario Socialdemócratas de Cantabria (PAD). La caja santanderina, gestionada provisionalmente por el Consorcio Nacional de Cajas Rurales por acuerdo del Banco de España, atraviesa por una difícil situación y, según Díaz Porras, a pesar de haber sido cesados el consejo y su director "como responsables de numerosas actuaciones irregulares, el consorcio no ha mejorado su gestión".

La Asamblea de Cantabria, en la que ha quedado en minoría el sector oficialista de UCD que lidera uno de los implicados en las irregularidades de la caja, el diputado Justo de las Cuevas, deberá debatir, además, según la interpelación del portavoz socialdemócrata, la conveniencia de constituir "una comisión especial de investigación" sobre la situación actual de la entidad de crédito agrario de acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de Cantabria, que habla de "la ordenación del mundo cooperativo regional".Díaz Porras apela también al artículo 28 del citado estatuto para solicitar al Gobierno central Ia competencia de la comunidad autónoma en materia de control de la Caja Rural provincial y, más concretamente, la administración de la entidad asumiendo los cargos del consejo rector y director hasta la convocatoria de la asamblea general de socios cooperativos".

Falta de voluntad política

Entre los actos de gobierno de los administradores provisionales del Consorcio que demuestran Ia falta de voluntad política por resolver este enojoso asunto que afecta a la gran mayoría de los cooperativistas y ganaderos de Cantabria", el diputado Díaz Porras destaca su negativa a readmitir a cinco trabajadores despedidos caprichosamente" por el anterior director general, Tomás Mier, a pesar de que la Magistratura de Trabajo ha fallado ya en contra de esos despidos.Uno de los afectados por la postura de los nuevos responsables de la caja santanderina es el subdirector que se negó a firmar el balance de 1981, "sustancialmente falseado" según confirmó después la inspección del Banco de España. Otro despedido, miembro del comité de empresa, lo fue por recoger firmas solicitando la intervención del propio Consorcio, que ahora no acepta su readmisión.

Además, se acusa a los administradores del Consorcio de "connivencia con los directivos cesados", a los que mantienen los créditos" aún en los casos en que se demostraron irregulares, enviando el sueldo al domicilio del dimitido director general sin exigirle la comparecencia en el trabajo. En cambio, el consorcio ha fijado ya tipos de interés más altos a los créditos disfrutados por los trabajadores despedidos, Ilegando a prohibir a otros trabajadores el que hablen con ellos".

Todos estos hechos han sido contrastados y figuran en uno de los últimos informes de la llamada Comisión de seguimiento de las irregularidades de la Caja Rural, integrada por partidos, centrales sindicales y sindicatos agrarios de la región.

La Caja Rural de Santander fue investigada hace más de un año, a raíz de diversas diligencias efectuadas por el Banco de España como consecuencia de las reiteradas denuncias por supuestas irregularidades. La intervención fue encargada al Consorcio Nacional de Cajas Rurales.

Por otra parte, se esta a la espera de un Decreto que implantará el Fondo de Garantía de Depósitos para las Cajas Rurales, en condiciones similares al creado para bancos y cajas de ahorros. La iniciativa de la Administración trata de salir al paso de la media docena de crisis de cajas rurales registradas en el último año.