Responsabilidades y responsables

SEGUN AVANZAN las horas y se conocen mayores detalles sobre el alevoso atentado terrorista contra la central telefónica de Ríos Rosas, parece más evidente que la dejación o el descuido de reponsables de Telefónica y de la policía, que no garantizaron un servicio de vigilancia suficiente, facilitaron con esa actitud la comisión del delito. El atentado ha generado gravísimos daños no sólo a la Compañía Telefónica, sino a infinidad de industrias, comerciantes, y usuarios privados, que han visto perjudica da su normal actividad por el corte de las comunicaciones y que ya comentan, con ese malsano humor negro de los españoles, sobre cuándo subirá la compañía la tarifa de los teléfonos para resarcirse de las pérdidas origina das por la bomba. Después, o por mejor decir antes, está el daño político, generado, la debilidad añadida a la situación del Gobierno, la creación de inseguridad ciudadana, la provocación entregada al golpismo. Tratar de combatir la amenaza terrorista descargando sólo la adrenalina de nuestra indignación contra las bandas armadas no tendría sentido. Una investigación en regla sobre las eventuales responsabilidades que los dirigentes de Tele fónica y determinados mandos policiales hayan podido tener en el fracaso de la operación de seguridad -operación Menta- prevista está siendo necesaria. Y, consecuentemente, una reparación política. La Compañía Telefónica disfruta. de un monopolio estatal, y la presencia del Estado en el capital de la misma ha venido permitiendo que sus presidentes sean personas vinculadas al aparato gubernamental o a su partido, y a las que se paga con espléndidas gavelas sus servicios políticos. El Gobierno del señor Calvo Sotelo no puede permanecer al margen del descrédito que supone contemplar cómo las negligencias de los administradores de esta compañía y de sectores de los servicios de seguridad del Estado son pagadas por la sociedad entera y por los usuarios de las setecientas mil líneas telefónicas afectadas en el atentado sin ejercer una acción ejemplificadora sobre los responsables de esta dejación. El Parlamento no puede ser tampoco ajeno a estas cuestiones y debe debatirlas y pronunciarse al respecto. Sólo así podrá contribuirse entre todos a fortalecer las instituciones democráticas y a destruir las mínimas bases de apoyatura social con que terrorismo y golpismo cuentan entre nosotros. Pero si se pretende una vez más abordar el tema como la consecuencia exclusiva del terror desatado por un grupo de mafiosos y bárbaros, y se hurta de nuevo la cara a las responsabilidades políticas que la autoridad tiene en la cuestión, solo logrará sembrarse la desconfianza y el desánimo entre los ciudadanos.