El Gobierno trata de superar los problemas financieros de las autonomías sin que se desborde el gasto público

La polémica suscitada entre distintos ministerios por la supuesta sobrevaloración de las transferencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que ha hecho suspender sus vacaciones a algún alto cargo de la Administración central, fue el tema casi monográfico de la reunión que celebraron el miércoles en el recinto del Palacio de la Moncloa los subsecretarios del Gabinete, con la presencia inusitada de tres ministros del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo: los de Hacienda, Jaime García Añoveros; Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte; y Administración Territorial, Rafael Arias, Salgado.

Según varios asistentes, los reunidos conocieron un informe "muy importante" y que trata de "sensibilizar a todos" sobre la marcha del proceso autonómico, que se enfrenta a la gran prueba de su viabilidad financiera sin aumentar mucho o nada el gasto público, pues está previsto aplicar el modelo económico de autonomía catalana a las restantes, al menos en gran medida.En síntesis, los mecanismos legales y administrativos para impedir el incremento de gasto -muy complejos- se basan en que la Administración central reste de sus recursos el coste de las competencias transferidas. La primera prueba, la del País Vasco, no tuvo tan amplias repercusiones. A juicio de un cualificado observador, facilitaron la operación la peculiaridad del sistema de concierto y un hábil encaje de las resistencias administrativas. Al elaborar los Presupuestos del Estado para 1982, los ministerios se vieron obligados en dos semanas del mes de septiembre a dar de baja las contrapartidas por el 6,25% de imputación de renta.

El modelo general

Para Cataluña (véase EL PAIS de ayer), el sistema es distinto. Al margen de los recursos que le sean asignados para inversión pública nueva por el Fondo de Compensación Interterritorial, así como de los recargos o tributos que establezca la Generalidad, debe hacer frente a las competencias recibidas con la recaudación en su territorio de los tributos cedidos (cuatro, que se estima le depararán unos 53.000 millones de pesetas) y con un porcentaje de participación sobre los ingresos del Estado por los tributos no cedidos (otros 34.000). Este porcentaje ha sido fijado en el 1,581%, como suma del coste de las varias decenas de decretos de traspaso de competencias dictados en los últimos cuatro años.Tras el acuerdo alcanzado el pasado 25 de febrero en la comisión mixta de transferencias, los datos de Hacienda no cuadraron con la suma de los de cada ministerio, ausentes de las negociaciones; estos estimaron en conjunto una sobrevaloración próxima los 25.000 millones con respecto a las previsiones iniciales, y expresaron su protesta, pues alguien debería quedarse sin cobrar. Hacienda les atribuyó errores de cálculo y resistencias a dar de baja en las disponibilidades de cada ministerio los gastos de personal y de funcionamiento para apoyar, dirigir o coordinar los servicios transferidos; su explicación se basa en que, sin estas bajas, hay doble imputación de gastos: en la Administración central y en los incluidos en la valoración a Cataluña, lo que es incompatible con el equilibrio presupuestario y los créditos previstos.

Al parecer, la polémica llegó al Consejo de Ministros del pasado día 2, que no habría resuelto nada. Hasta entonces, diversos ministerios, y sobre todo Hacienda, trataron de extender un tupido velo ante la opinión pública. Incluso desde algunas esferas se recomendó que, ante una eventual demora en su envío a las Cortes, no circulara el proyecto de Ley que fija el porcentaje de participación de Cataluña en los ingresos del Estado y contiene normas sobre valoración de servicios transferidos a las comunidades autónomas.

Pero en Cataluña no hubo tales reservas. Los negociadores, en especial Ramón Trias Fargas, consejero de Economía y Finanzas, no ocultaron su satisfacción. En este contexto, de la segunda mitad de marzo, se supo que la Generalidad quiere trámite de urgencia para el proyecto, pues parece que empezará a recibir el dinero en el momento de que el texto entre en el Congreso; no desea, en cualquier caso, que se inicien las vacaciones parlamentarias de verano sin que haya sido aprobado.

El propio Trias, destacado crítico del proyecto de Fondo de Compensación Interterritorial durante el pasado verano, declaraba el 2 de abril ante la comisión de Economía del Parlamento catalán que el presupuesto de la Generalidad para 1982 es adecuado para el funcionamiento de la autonomía: en total, 126.000 millones de pesetas, procedentes de los citados 89.137 (recordó que hace unos meses Hacienda proponía 73.683), 13.344 por participación en el Fondo, 23.344 por transferencias corrientes (familias y empresas industriales, comerciales y financieras, o instituciones sin fines de lucro), y 389 para el funcionamiento de las instituciones autonómicas (es la única partida de nueva implantación; las otras proceden de segregaciones).

El informe del miércoles

Para zanjar la Polémica en la Administración, que ya empezaba a ser comentada en círculos restringidos de opinión, fue presentado el informe a la comisión de subsecretarios del miércoles, preparatoria de la próxima reunión del Gobierno. A la salida de la reunión, varios asistentes dieron a entender que la presencia de tres ministros (el de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte; el de Hacienda, Jaime García Añoveros; y el de Administración Territorial, Rafael Arias Salgado) avalaban un inmediato entendimiento.La solución propuesta se inclina por los planteamientos de Hacienda, según medios cercanos a este departamento. Todos los ministerios tienen que preparar un plan para evaluar al detalle que es lo que han pasado o van a pasar, y su coste. Los respectivos planes deben estar listos antes del verano.

Según las citadas fuentes, no debe haber aumento de gasto, como se había previsto con motivo de los pactos autonómicos del pasado verano. Una simulación efectuada dos meses antes indicó que, al final del proceso autonómico, dentro de 5 o 6 años, algo más de una tercera parte de los gastos del Estado deben estar descentralizados; todo sin incremento alguno, salvo la cobertura para las instituciones de autogobierno (2.800 millones de pesetas en 1982), cantidad que será decreciente en el tiempo cuando empiecen a generar recursos propios las instituciones.

De acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía, desarrollados luego en los decretos de transferencias, seguirán centralizadas las competencias de Defensa, Interior, Exteriores, así como buena parte de las de Hacienda, Justicia, inversiones públicas, Administración Territorial, Presidencia y Economía y Comercio.

Por el contrario, otros ministerios deberán casi desaparecer, sobre todo Educación (se quedaría con cerca de un 6% de su presupuesto actual, al transferirse sobre todo las enseñanzas básica, media y profesional), Agricultura (sólo conservará la política de precios), Obras Públicas y Urbanismo (mantendrá competencias sobre las infraestructuras nacionales), Transportes, Industria, Sanidad y Consumo, etcétera. En este último caso el futuro está bastante por definir, junto al de la Seguridad Social, que en cualquier caso mantendrá caja única.

Según el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, el proceso sólo aumentará los gastos si la Administración no hace lo que se le ha dicho, ante lo cual hay resistencias de aparato y personales, no políticas. "No se puede decir", afirmó, "ahí van los maestros y sus nóminas, por ejemplo. También hay que pasar los gastos y personas encargadas de su gestión. La LOAPA aporta soluciones para todos los problemas personales".

Algunos errores

Sin embargo, frente a las afirmaciones de que se ha cumplido en las valoraciones catalanas la metodología común para estos casos y las leyes vigentes, otros medios de la Administración señalan que ha habido algunos "errores" voluntarios o involuntarios. Apuntan en concreto que el porcentaje de participación de Cataluña en los Ingresos del Estado (resultado de dividir el coste efectivo de los servicios transferidos por los ingresos no cedidos) ha sido calculado con datos de 1979 aplicados y se ha aplicado a los Presupuestos 1982, cuando es notorio que ingresos y gastos llevan ritmos anuales de crecimiento distintos. Y añaden que el resultado se trata de consolidar, con lo cual teóricamente quedan cada vez menos recursos para las comunidades que alcancen la autonomía financiera.Así las cosas, algunos vuelven a esgrimir las diferencias, ahora financieras, entre la autonomía por el artículo 151 de la Constitución y el camino marcado por el 143. Si se confirma esta versión, surgirían problemas con las próximas autonomías. Si se pretendiera dar marcha atrás, los problemas vendrían de la Generalidad, precisamente en un momento en que es tan necesario para el Gobierno el apoyo parlamentario de la Minoría Catalana, como se ha puesto de relieve en los recientes debates sobre LAU e Incompatibilidades. En uno y otro caso, aún cuando sean superadas las resistencias de los aparatos de la Administración central, los costes políticos son indudables.