Las inversiones públicas adicionales y el apoyo a la exportación garantizarán más de un punto de crecimiento económico

El decreto-ley sobre medidas para fomentar la exportación e inversiones públicas extraordinarias por 50.000 millones de pesetas, enviado ayer al Boletín Oficial del Estado, garantiza algo más de un punto del 3% de crecimiento económico previsto para este año. La estimación fue facilitada ayer por el vicepresidente económico y ministro de Economía, Juan Antonio García Díez, quien justificó la disposición ante varios periodistas, acompañado por el ministro de Hacienda. Jaime García Añoveros.

Tanto el titular de Economía como el de Hacienda, uno diputado por Cádiz y otro por Sevilla, eludieron en sus explicaciones cualquier posible relación de dichas medidas con la proximidad de las elecciones andaluzas y generales. La caída del empleo asalariado en 90.000 puestos durante la segunda mitad de 1981 y la reciente rebaja de 0,5 puntos en las perspectivas de crecimiento dentro de los países industrializados fueron citadas por García Diez como novedades que han aconsejado las inversiones públicas adicionales. No mencionó otro factor citado el viernes en la referencia del Consejo de Ministros y cuestionado por los datos bancarios: la presunta caída de la demanda de crédito en febrero.La negativa del Gobierno durante el debate de los Presupuestos del Estado 1982 a incluir los 150.000 millones de inversión pública adicional propuesta por el PSOE quedó explicada en que entonces se veía alcanzable el objetivo de mantener los puestos de trabajo existentes, previsto en el Acuerdo Nacional de Empleo. "¿Porque haya elecciones vamos a dejar de hacerlo?", dijo García Diez. Y remarcó García Añoveros: "No podemos decir a los parados: "para no ser electoralistas vamos a estar parados".

Los dos ministros insistieron en que el mayor déficit público es perfectamente asumible, pues el inicialmente presupuestado se calculó bajo la hipótesis de no perder reservas exteriores y no pasará nada si estas descienden quinientos o mil millones de dólares. Tampoco esperan tensiones crediticias, y mantuvieron que el crédito al sector privado crezca 3 puntos en términos reales. Los 50.000 millones serán financiados sobre todo con recurso al Banco de España, pero estiman que quizá un 40% sea ahorrado en empleo comunitario para Andalucía o Extremadura o en menos subsidio de paro, pues darán trabajo durante un año a unas 35.000 personas directamente y a otras 20.000 por vía indirecta.

Según García Diez, los 50.000 millones incrementarán el Producto Interior Bruto de 1982 en casi un 0,25%, pero sus efectos indirectos inmediatos añadirán otro 0,10 o 0,15%. Como incidencia de las medidas de apoyo a la exportación, mucho más difícil de medir, aventuró entre un 0,5% o 0,6%. En cualquier caso, se espera que aseguren el esperado crecimiento de las ventas españolas al exterior: entre un 25% y un 30% en pesetas, con lo cual pasarán de 1,8 a 2,4 billones (12% del PIB, frente al 10% de 1980 y al 11% del pasado ejercicio).

Las medidas de apoyo a la exportación tratan de cubrir los más de 110.000 millones de pesetas de brecha entre las dotaciones de crédito privilegiado por valor de 202.000 millones y los 315.000 que se estiman necesarios. De dicha cifra, 80.000 millones serán captados por el Instituto de Crédito Oficial, que recibirá a tal efecto unos 5.000 millones de pesetas ampliables en subvención de intereses, aunque sólo serán necesarios 3.000 o 3.500. Para el resto, se forzará a la banca y cajas de ahorro para sustituir capital circulante por crédito a medio y largo plazo, con la posibilidad de sustituir cédulas para inversiones (reciben por ellas algo más del 7%) por crédito a la exportación (los convenios internacionales fijan su interés en torno al 11%).

Por último, se crea el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación, para agilizar y desburocratizar los procesos de exportación, si bien con controles de eficacia y financieros.