La política regional de la CEE

La Comunidad Europea cumple veinticinco años en 1982, pero la política regional comunitaria tiene sólo siete años. En efecto, se tuvo que esperar hasta la conferencia de París de octubre de 1972 para que los jefes de Estado y de Gobierno decidieran crear un Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuya intervención habría tenido que reducir los desequilibrios regionales más graves de la Comunidad. En este sentido, la existencia de Feder es de capital importancia para un país candidato a la integración como es España, con un desarrollo económico inferior a la media comunitaria.

Con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) se ha buscado en el seno de la CEE un instrumento financiero para la política regional comunitaria. Y es necesario definir los principios que la inspiran y regulan, el soporte conceptual y los criterios operativos.Creo conveniente limpiar el campo de los eventuales errores e ilusiones, que no son únicamente imaginarios, y que se pueden perfilar así:

- La ilusión de que en una situación previsible de dilatado debilitamiento del crecimiento se pueda contar con la movilidad de capitales y, por tanto, con un flujo de inversiones desde las regiones ricas a las pobres, por efecto de un proceso de "descentralización" de actividades productivas (mientras que en las regiones ricas aumenta la demanda de inversiones de reestructuración y reconversión).

- El error de hacer hincapié exclusiva o principalmente en incentivos financieros (contribuciones al capital) para atraer nuevas inversiones en las regiones desfavorecidas.

La ilusión de poder repetir, y artificialmente en breve plazo, la combinación de factores que, a través de una estratificación de acontecimientos y comportamientos de siglos, ha venido a determinar el "modelo de desarrollo" típico de las regiones más desarrolladas, que así se considera como un modelo "natural".

- El error de perseguir la imitación de ese modelo, o bien de considerar la distancia como un abismo insalvable, sin que se cultiven las posibilidades alternativas de desarrollo "apropiado" a las potencialidades existentes y activables en las regiones desfavorecidas.

¿Una inclinación sentimental?

El enfoque correcto me parece el de cultivar en profundidad las posibilidades alternativas de desarrollo "apropiado", las potencialidades existentes y posibles en las regiones desfavorecidas. Sin embargo, el error más difundido es el que lleva a considerar la política regional como una especie de distorsión sentimental con respecto a las inexorables leyes del mercado. A la política regional se le atribuyen finalidades no económicas desde un punto de vista inmediato, sino más bien de carácter social de asistencia y de bienestar. Es fácil afirmar luego que estas finalidades resultan difícilmente compatibles -especialmente en los períodos de crisis- con las exigencias de eficacia. En efecto, nos encontraríamos persiguiendo objetivos contradictorios. La equidad se contrapondría a la eficacia. La política regional se convertiría en un lujo Incompatible con la necesaria austeridad. Pero no es así. El objetivo al que tiende la política regional comunitaria es, en primer lugar, un objetivo económico, es la convergencia de estructuras productivas, de niveles de empleo, de niveles de productividad, de tasas de inflación.

Como parte integrante de las políticas económicas de la Comunidad y de los Estados miembros, la política regional de la Comunidad debe contribuir prioritariamente a lo siguiente:

- A aumentar la eficacia en el uso de los recursos comunitarios a través de la plena utilización de los recursos existentes y la activación de los recursos potenciales en las regiones desfavorecidas.

- A salvar la distancia entre la productividad de estas regiones y las otras más desarrolladas.

- A promover la convergencia entre las economías de los Estados miembros.

- Al crecimiento cuantitativo y a la mejora cualitativa del empleo.

- A la lucha contra la inflación.

Perspectivas y problemas de la ampliación

A partir del momento en que España y Portugal formen parte de pleno derecho de los Estados miembros de la Comunidad, al menos sesenta millones de sus aproximadamente trescientos millones de habitantes se encontrarán en regiones caracterizadas por un PIB por habitante comprendido entre el 20% y el 50% de la media comunitaria, por una estructura económica extremadamente de pendiente de sectores tradicionales de lento crecimiento, por un desempleo más elevado que en el resto de la Comunidad y por una mayor población juvenil que accede al mercado de trabajo.

Entre otras cosas, estas regiones, que se encuentran en Italia e Irlanda fundamentalmente, presentan una menor capacidad de adaptación de sus aparatos productivos a la evolución de la división internacional del trabajo y a los cambios tecnológicos. En efecto, a diferencia de las regiones fuertes, cuentan con pocas industrias capaces de asimilar rápidamente las modernas tecnologías, y los sectores predominantes padecen una demanda mundial disminuida y la competencia creciente de los países en vías de desarrollo.

Por otro lado, estas regiones, a pesar de los ritmos acelerados de desarrollo global de cada país en los años sesenta, no han conseguido nunca sumergirse en una "cultura industrial": por un lado, el nivel de empleo en el campo técnico, la capacidad de investigación, de gestión y de organización de las empresas son débiles, y, por otro, la Administración pública no ha alcanzado niveles de organización que estén a la altura de las tareas de gestión y de impulso que necesitan las economías modernas.

Esta situación implica el riesgo de aumentar la brecha entre regiones pobres y regiones ricas, situadas estas últimas en países preocupados fundamentalmente por movilizar sus recursos para hacer frente a la competencia de Japón y de Estados Unidos en los sectores de alto contenido tecnológico.

La perspectiva de una comunidad que, por el hecho de ampliarse y bajo los efectos de la competencia internacional, se hace cada vez más heterogénea, plantea lógicamente el problema de la capacidad de sus políticas actuales para contribuir realmente a disminuir las divergencias, especialmente cuando las acciones correctoras de la política regional no parecen ser todavía suficientes para asegurar "el desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad", ni para realizar el proyecto de "reducir las distancias entre las diferentes regiones y el retraso de las menos favorecidas".

En la Comunidad de los nueve se han podido tratar los casos de Italia y de Irlanda como casos especiales, incluso excepcionales, a los que en la actualidad hay que añadir el caso de Grecia. En la Comunidad de los doce, el fenómeno de los países rezagados en la vía del desarrollo adquiere un peso preponderante. ¿Es éste un motivo válido para aplazar la ampliación? Ello sería una conclusión aberrante. Si se teme la ampliación, hay que dejar de hablar de Comunidad Europea y limitarse a administrar un mercado común restringido. La ampliación es uno de esos retos a los que no se puede responder con un aplazamiento.

La respuesta a dicho reto constituye un banco de pruebas para la existencia misma de Europa occidental como realidad económica, social y política y como factor para un nuevo orden internacional. La crisis actual puede superarse -si queremos evitar trastornos- con el valor de las grandes reformas. Dicha crisis presenta cierta analogía con las crisis de] ancien réginie de hace dos siglos. Entonces -en junio de 1774- el abate Galiani le escribía a madame D'Epinay que la situación de Francia le recordaba la del imperio romano descrita por Tito Livio, cuando los romanos no eran capaces de soportar los males que les aquejaban, pero tampoco los remedios necesarios para curarlos. En la situación actual, la política regional es uno de los remedios necesarios. Pero no es eficaz administrada en pequeñas dosis. Se hace necesario un gran esfuerzo comunitario de solidaridad y ello implica también sacrificios. Pero -como decia Voltaire- pas de grandes choses sans de grandes peines. Y la unión de Europa occidental es una cosa grande que merece algún sacrificio.

es consejero de Política Regional de la Comisión de las Comunidades