Rechazadas las enmiendas de la izquierda para que la ley afecte a todo el personal médico de la Seguridad Social

El Pleno del Congreso de los Diputados inició anoche el debate de las enmiendas al Artículo primero del proyecto de Ley de Incompatibilidades, que fueron rechazadas, en el que se establece la exclusión del ámbito de la ley del personal no funcionario al servicio de la Seguridad Social. Los portavoces de la izquierda mantuvieron la necesidad de que las incompatibilidades afecten a todo el sector público, civil y militar. El grupo centrista y el propio ministro de Sanidad y Consumo se opusieron a ampliar el ámbito de aplicación de la ley, por estimar que la regulación prevista es suficiente.

El debate central de la sesión plenaria de ayer se refirió a la aplicación o no a todo el personal de la Seguridad Social de la ley de Incompatibilidades. Los socialistas insistieron en suprimir la exigencia de ostentar la condición de funcionario para que la ley sea aplicable, mientras UCD y el Gobierno reiteraron que gran parte del personal sanitario queda afectado por la ley, aunque reconocieron que el no funcionario queda excluido, decisión que justificaron en la conveniencia de no provocar un caos en la actual situación sanitaria española.La enmienda socialista fue defendida por Ciriaco de Vicente, quien manifestó que no se trataba de la enmienda introducida por UCD en favor de los médicos, ya que no afectaba a los parados ni a los cuatro médicos de cada diez que no son pluriempleados. Señaló que no es lógica la distinción dentro del personal sanitario en razón de que sea o no funcionario y destacó que es la primera vez que se establece tal distinción en una ley.

Ciriaco de Vicente aseguró que sin la inclusión de todo el personal sanitario en el ámbito de la Ley de Incompatibilidades no habrá reforma sanitaria en este país. "Los ciudadanos españoles deben saber que no habrá libertad de elección de médico, porque sin incompatibilidades generalizadas, tal elección es imposible", puntualizó el diputado socialista al referirse a las incoherencias derivadas del texto defendido por UCD.

El centrista Juan Manuel Reol calificó de dogmática la intervención precedente y, al margen de reconocer que el servicio sanitario en los ambulatorios es perfeccionable, negó la imagen de los médicos "aferrados a numerosos puestos y con cuantiosos sueldos", as¡ como una UCD defensora de los ayatolahs de la medicina. Aseguró que en el proyecto de ley no se excluye a nadie, aunque se da un tratamiento diferenciado a las distintas situaciones. Frente a esta actitud criticó el deseo socialista de introducir por la puerta trasera un sistema burocrático y estatalizado.

La libre elección de médico

De Vicente replicó que la ley estaba concebida inicialmente por el Gobierno como aplicable al sector público, al que pertenece la Seguridad Social. Reflejó alguna de las presiones producidas, que responden a la concepción expresada el lunes por los dirigentes del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, según la cual si el enfermo puede elegir médico, y lo paga la Seguridad Social, ya está solucionado el problema de las incompatibilidades. El diputado socialista señaló que su grupo defiende la libertad de elección de médico, pero sin un mayor coste público.

El ministro de Sanidad y Consumo, Manuel Núñez, subió a la tribuna de oradores para oponerse a la polarización de la atención de la sociedad española sobre los cuerpos sanitarios y más concretamente sobre la clase médica, a propósito de la ley de Incompatibilidades. Negó que la honestidad, la ética, el progresismo y la justicia sean bandera de grupos determinados y añadió que el Gobierno, al lado de ellas, tiene la responsabilidad de seguir gobernando y garantizar el funcionamiento del servicio público sanitario.

Recordó que otras especialidades sanitarias como los veterinarios, farmacéuticos, ATS, etc, se encuentran también afectadas por la ley y reafirmó con énfasis que la regulación de las incompatibilidades que se estaba debatiendo "afecta y regula las incompatibilidades de todos los funcionarios sanitarios de cualquier administración pública civil". Ofreció datos como los 27.097 sanitarios reflejados en los presupuestos de su ministerio, los 11.465 de la Administración institucional de la sanidad nacional y los 5.957 médicos de otros ministerios. Asimismo señaló que el proyecto de ley se aplicará a 21.000 médicos que trabajan en centros hospitalarios de la Seguridad Social. Respecto al denominado personal de cupo, integrado por 36.2.46 médicos, estimó conveniente lo que prevé el proyecto de ley, que es "sencillamente, dejar pendiente la regulación de sus incompatibilidades, con objeto de ser regulada en sus disposiciones específicas".

La exclusión de los militares

Previamente, el socialista Antonio García Miralles defendió la enmienda de su partido para la inclusión del personal militar en el ámbito de la ley, del que queda excluida por la referencia al personal civil. García Miralles consideró incoherente que se excluya a los médicos con uniforme. Contestando a algunas afirmaciones centristas sobre la inexistencia de pluriempleo y plurisueldo en el colectivo de médicos militares, insistió en que sería positivo, en todo caso, como ejemplo, establecer esta incompatibilidad. Preguntó al Gobierno el número de médicos militares con que cuenta la sanidad militar. En su intervención, el ministro de Sanidad aseguró que el Ejército de Tierra cuenta con 1.131, el del Aire con 248 y la Armada con 400.

El centrista José Miguel Bravo recordó que la enmienda socialista no solo se refería a los médicos militares sino a todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Destacó que el objetivo de la ley se circunscribe fundamentalmente a los funcionarios civiles del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución. En respuesta a la intervención del socialista Francisco Ramos en defensa de otra enmienda para impedir la simultaneidad en el desempeño de dos o más puestos de trabajo pagados con dinero público, Bravo de Laguna dijo que cuando se predica esta doctrina "hay que decir a los ciudadanos que eso lleva consigo mayores incrementos del déficit público o de los impuestos".