Fraga rechaza la regulación en la LAU del régimen del profesorado

El presidente de Alianza Popular (AP), Manuel Fraga, se mostró especialmente crítico con la regulación del régimen del profesorado que hace el proyecto de ley de Autonomía Universitaria (LAU), en la carta que dirigió al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el pasado 26 de febrero, para pedirle la modificación del proyecto. El contenido de la carta fue difundido ayer por Europa Press.Fraga expone "'la gravedad del enfoque del título octavo de la ley, dedicado al profesorado", y añade que a juicio del grupo parlamentario que preside -Coalición Democrática (CD)-, el contenido de ese título y de varias disposiciones transitorias "abre la puerta a la posibilidad de graves arbitrariedades, tanto por contenerse previsiones normativas de aparente alcance general, pero que buscan desplazar a un sector prestigioso del profesorado de Ias posiciones de responsabilidad que ocupan en la vida académica (artículo 49.8), como por no respetar derechos legítimos de ciertos profesores actuales (disposición transitoria segunda), o por establecer unas originales cátedras vitalicias sin habilitación e incluso sin doctorado a cubrir digitalmente.

También estima Fraga que la redacción actual del proyecto propicia la degradación del nivel y de la calidad de la enseñanza. "En general", afirma, "todos los dispositivos de selección de los diversos cuerpos de profesores de universidad están absolutamente alejados de las enseñanzas que se pueden extraer de nuestros realidad universitaria". Así, "los dispositivos de habilitación y adscripción que se articulan en el artículo 51, y concordantes con la ley, parecen especialmente diseñados para que cualquier ignorante con apoyos pudiera ingresar rápidamente en el más alto cuerpo elocente".

El líder aliancista pide una selección "con arreglo a los principios de mérito y capacidad que consagra la Constitución", en lugar de "una seudo-democratización que parece seguir modelos foráneos que ya han sido abandonados por sus propios iniciadores tras el irreversible deterioro de sus universidades". La carta alude también a "la desconfianza con que se contemplan las universidades privadas" y califica de inconstitucional la posibilidad de que los alumnos, que libremente acudan a una universidad no pública, se vean privados de las ayudas que recibirían si fuesen a las públicas.