El Vaticano prohíbe a los clérigos que se organicen política o sindicalmente
"Los sacerdotes católicos no se podrán asociar entre ellos con fines políticos o sindicales". Lo afirma un documento de la congregación del clero, aprobado por el papa Juan Pablo 11 el 6 de marzo y publicado el lunes con gran despliegue por L'Osservatore Romano, el diario oficioso del Vaticano.
La declaración de la congregación romana empieza diciendo que han sido algunos obispos quienes han pedido al Papa cómo deben comportarse ante el surgir de toda una serie de organizaciones orgánicas de sacerdotes con finalidades políticas", no como verdaderos partidos, puntualiza la declaración, sino como organizaciones en apoyo de una determinada ideología o sistema político". Y junto a éstas están también las llamadas asociaciones profesionales, con fisonomía prácticamente sindical.La respuesta es tajante: "Sin duda, estas organizaciones son inconciliables con el estado clerical y, por tanto, serán prohibidas a todos los miembros del clero", y esto aun en el caso de que "hayan sido erigidas sólo civilmente". Se trata de grupos, afirma el documento, que "directa o indirectamente, de forma manifiesta o camufliada, persigan finalidades que tienen que ver con la política, aún cuando sé presenten bajo la apariencia externa de querer favorecer ideales humanitarios, la paz o el progreso social.
Razones del documento pontificio
¿Por qué se prohíben? Porque "son un impedimento a la comunión eclesial' explica el documento pontificio, "y dañan la identidad sacerdotal y el cumplimiento de los deberes que los mismos sacerdotes ejercitan a favor del pueblo en nombre de Dios". Más aún: "causan división y discordia en el seno del pueblo de Dios y entre los fieles y los presbíteros, y ensombrecen la misión sacerdotal".Junto a estas asociaciones, la declaración, de la Santa Sede prohibe también "las que intentan reunir a diáconos y sacerdotes en una especie de sindicato, reduciendo el sagrado ministerio a una profesión o trabajo parangonable a las funciones de carácter profano". Y esto porque acabaría "reduciendo el ejercicio sacerdotal a un contrato de trabajo, pudiendo enfrentar a los sacerdotes y a sus obispos"'.
¿Qué hacer con quienes no obedezcan estas normas firmadas por el papa Wojtyla? Lo dice muy claro el documento: "Podrán ser castigados con una pena justa, sin excluir las censuras, servalis de iure servandis" .
La declaración de la congregación del clero no cita ninguna asociación concreta, pero es evidente que se trata, por lo que se refiere a las de carácter sindical, de algunas ya existentes en Estados Unidos y Holanda, donde, por ejemplo, se discuten con los obispos los cambios, el sueldo y los nombramientos. Y por lo que se refiere a las de carácter político, el documento tiene presente, por una parte, algunos grupos de América Latina, como los Sacerdotes para el Pueblo y los Cristianos para el Socialismo; pero, sobre todo, todos los grupos del Este comunista. Entre ellos, figuran el Kracanska Sadsnjost (Actual ldad Cristiana), de Yugoslavia, que se apoya en la leyes de la Constitución, o también la Pacem in Terris, en Checoslovaquia, tan atacada siempre por el cardenal Tomasek, arzobispo de Praga. Ya había amenazado con quitar el nombre de católica a la revista mensual publicada por esta asociación, porque de catorce artículos que les había enviado habían publicado sólo dos. En Hungría existen también Los Sacerdotes para la Paz.
El cardenal Silvio Oddi, prefecto de la Congregación para el Clero, ha afirmado ayer que a estos grupos la Iglesia "nunca los había aprobado ni reconocido", y que la declaración tiene como Finalidad frenar el crecimiento de estas asociaciones, que podrían "serexplotadas por las autoridades". Ahora, el Vaticano ha querido resolver definitivamente el problema con una clara y, dura prohibición.
Postura de los jesuitas
Alguien ha pensado que quizá no sea casual que este documento haya sido publicado en el momento mismo en que el Papa ha pedido a los jesuitas que se centren en su misión espiritual, sin intervenir directamente en los asuntos políticos y sindicales. Ahora, los superiores jesuitas tienen en la mano una nueva arma contra aquellos religiosos que pudieran interpretar como mano ancha las palabras del Papa a los provinciales. Ahora tienen la obligación de prohibirlo y hasta de castigar a los desobedientes, no en base a las propias constituciones, sino apoyados por un documento de la Santa Sede firmado por el Papa.
