El Gobierno prohíbe la venta de tabaco a menores de 16 años

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto sobre publicidad y consumo de tabaco, que entre otras cosas prohíbe la publicidad de este producto en los medios de comunicación oficiales, así como su venta a los menores de dieciséis años. Aunque la referencia oficial de la reunión del Consejo no lo explica, el decreto aprobado establece que la desaparición de la publicidad será obligatoria "una vez cumplidos los compromisos de publicidad existentes a la entrada en vigor del presente real decreto, y en todo caso transcurridos dos años de la entrada en vigor del mismo".

No obstante, la prohibición "no afectará a la publicidad puramente informativa de la aparición de nuevos productos que, por su bajo contenido en alquitrán y nicotina u otras características, supongan un menor riesgo para la salud". Esta publicidad podrá realizarse durante dos años a partir de la salida del producto.El decreto establece también la obligatoriedad de que en las cajetillas de tabaco figure un texto que advierta sobre los peligros del tabaco para la salud. Se da un plazo de un año para cumplir este último precepto. Asimismo, en tres meses de plazo, deberán designarse lugares reservados para fumadores en los transportes públicos y en los locales y grandes edificios, así como en los centros educativos y sanitarios. El mismo decreto establece los máximos de nicotina y alquitrán admisibles.

El Gobierno aprobó asimismo un decreto por el que se podrá aplicar a una o varias empresas convenios de otra procedencia, siempre que sean de ámbito superior al de empresa, y a petición de parte.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros aprobó las prioridades legislativas que el Gobierno enviará a las Cortes para la ordenación de la elaboración parlamentaria de las leyes, pero ni la referencia oficial ni el portavoz del Gobierno especificaron ayer detalles sobre la lista de prioridades.

Tampoco se dio información sobre el contenido del informe que el ministro del Interior ha elaborado sobre los sucesos de Trebujena (Cádiz), en los que un jornalero fue muerto por un guardia civil. El portavoz del Gobierno, Ignacio Aguirre, se limitó a indicar que se ha abierto una investigación judicial para esclarecer estos sucesos.

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