La distribución de facultades de la futura universidad crea tensiones entre las provincias
La decisión parlamentaria de dar vía libre a uno de los más viejos sueños castellano-manchegos, poseer una universidad propia, no ha provocado, como cabía esperar, un unánime sentimiento de alegría y satisfacción. Por el contrario, ha servido para poner en marcha una sorprendente disputa interprovincial que amenaza con destruir el escaso sentimiento de solidaridad regional conseguido desde que se inició el proceso preautonómico. En especial destaca la pugna entre Cuenca y Albacete por la facultad de Derecho.
Castílla-La Mancha es la única región española que no dispone de universidad; las provincias que la integran están distribuidas, a efectos académicos, entre Murcia y las tres universidades madrileñas. Esta carencia ha sido el argumento básico esgrimido por todas las fuerzas sociales y políticas desde hace muchos años para reclamar la implantación del ente universitario regional, postura que ha encontrado la sistemática oposición de los dirigentes del Ministerio de Educación.El estancamiento secular del proyecto de universidad castellano-manchega ha sido roto por el actual ministro, Federico Mayor Zaragoza, quien nada más tomar posesión del cargo anunció estar dispuesto a permitir la implantación de la nueva universidad que, en efecto, ha empezado su recorrido legal por el Congreso, cuya Comisión de Educación ha dictaminado favorablemente la proposición de ley presentada por UCD; el litigio entre las provincias ha surgido al introducir el propio grupo centrista una enmienda que fija ya la distribución de los diversos centros académicos, de la forma siguiente:
En Ciudad Real, el rectorado, las facultades de Ciencias y Medicina y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
En Albacete, la facultad de Farmacia, la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales.
En Cuenca, las facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela Superior de Arquitectura y las Escuelas Universitarias de Ingenieros Técnicos Forestales, Informática e Idiomas.
En Toledo, las facultades de Filosofía y Letras.
En Guadalajara, las Escuelas Universitarias de Ingenieros Técnicos Industriales y de Obras Públicas.
Esta distribución fue negociada dentro del grupo regional de UCD y responde, básicamente, a criterios políticos, dentro de la permanente búsqueda de equilibrio entre los dirigentes de cada provincia para conseguir un ajustado reparto de poderes; entre ellas.
El PSOE, único partido que, además del centrista, cuenta con representantes parlamentarios, se opone a esta distribución y a cualquier otra, estimando que la ejecución de la ley, en consecuencia, la adjudicación de los centros, es competencia del Gobierno.
En el fondo de la polémica surgió, en un primer instante, si el criterio a aplicar debería ser la concentración de todos los estamentos universitarios en una sola ciudad o bien su distribución entre las distintas capitales. La primera posibilidad fue rechazada sin demasiada discusión ante la realidad del hecho regional castellano-manchego, poco propicio a permitir la excesiva potenciación de una sola de las provincias. Por el contrario, los partidarios de la distribución entienden que una de las causas de la profunda depresión de estas ciudades es, justamente, la carencia de centros universitarios, por lo que este factor puede ayudar a un incipiente desarrollo socio-económico.
Sin embargo, el núcleo central de la disputa que en estos momentos agita a las capitales castellano-manchegas reside en Albacete, ciudad que aspira a conseguir la facultad de Derecho, adjudicada por ahora a Cuenca. En la discordia promovida, Albacete lleva claramente la iniciativa, a través de debates, comunicados y manifiestos de instituciones y entidades, e incluso el anuncio de una manifestación pública, convocada por el Ayuntamiento.
En Cuenca, los organismos políticos permanecen en silencio, mientras que la campaña para defender la facultad de Derecho la llevan los empresarios de la ciudad, constituidos en una federación de asociaciones, y dedicados a la captación de firmas y a promover el envío de mensajes a las autoridades académicas, reclamando la permanencia en Cuenca de lo que ha sido adjudicado.
La razón básica que esgrime Albacete para exigir esta controvertida facultad es que, estando ubicada en dicha ciudad la Audiencia Territorial, parece el lugar más lógico para que se establezcan los estudios de Derecho. Sin embargo, los observadores estiman que, en realidad, lo que se intenta es, por esta vía, asegurar la permanencia allí del futuro Tribunal Superior de Justicia, cuya sede también desea alguna otra ciudad.
Las demás provincias castellano-manchegas parecen aceptar de buen grado la distribución de facultades y escuelas dictaminada por la Comisión de Educación del Congreso, si bien hay que observar que Ciudad Real, sede del rectorado, se encuentra satisfecha, mientras que Tolejo y Guadalajara, por su cercanía respectiva a Madrid y Alcalá de Henares no conceden demasiada importancia a la ubicación de centros universitarios.
La polémica, así, aparece centrada entre Albacete y Cuenca y amenaza, como ha reconocido el nuevo presidente de la junta de comunidades, Gonzalo Payo, con introducir un factor de ruptura en el precario sentimiento regionalista de estas tierras, proclives más a la defensa de intereses provinciales o locales. Quince días después de haber sido dictaminado el proyecto, Albacete espera con optimismo y Cuenca con preocupación el próximo trámite parlamenario, en el pleno del Congreso y luego en el Senado, instancias en las que cabe la posibilidad de que sea reformada la distribución de los centros de la nueva universidad.
