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El proceso por la rebelión militar del 23 de febrero

El orden reinó en Valencia

La lectura del sumario solicitada por el coronel Escandell, defensor de Milans y de su subordinado Ibáñez Inglés, trae a la memoria el viejo cuento, tantas veces hecho realidad, del buen muchacho que ansiaba tanto ser bombero y ayudar a sus semejantes que devino en pirómano para poder practicar el bien. Prácticamente todo el Estado Mayor de la tercera región militar, al mando de Milans del Bosch, paseó ayer por los folios sumariales en una cantata obsesiva: el vacío de poder creado por el secuestro físico de los poderes ejecutivo y legislativo, la obsesión por no generar sucesos cruentos, la garantía del orden público, la corrección y el guante blanco para con las autoridades civiles, la obediencia a los deseos del Rey... Uno tras otro, jefes y oficiales de Estado Mayor de la Capitanía valenciana van haciendo su canto del hombre que, según ellos, el 23 de febrero quiso llevar la calma a los valencianos y que logró que aquella noche no hubiera víctimas en su circunscripión militar.

La tesis encuentra algunas fallas en la declaración del comandante militar de Marina, quien escucha de labios de Milans: "Aquí en Valencia no se mueve ni una mosca". O en la del general Hermosilla, jefe de la tercera zona de la Guardia Civil, cuando relata que tras una reunión de la junta de orden público en el Gobierno Civil todos se distendieron, felicitándose por lo relajado de la situación, y mientras comentaban que el bando de Milans no había causado alarma alguna se estacionó un carro de combate en las puertas del edificio. Urrutia, el general de Estado Mayor con quien Milans no consulta en favor de Ibáñez Inglés, subordinado de aquel, ¡lega a precisar la reacción alterada del Capitán General al escuchar por radio el tiroteo en el Congreso: "¡Qué es esto. Esto no era lo previsto; tenía que ser incruento!"

La sesión comenzó a las diez en punto de la mañana, con una puntualidad exquisita y sin duda medida tras los incidentes del día anterior. La asistencia de periodistas -con la excepción de Diario-16- fue normal y la tensión ambiental, que existe, no es sin embargo claramente perceptible. Los encausados se abstuvieron, en la apertura de la sesión, de volver sus rostros para escrutar a periodistas o familiares y se mantuvieron más rígidos que en días anteriores. Sólo Camilo Menéndez se aproximó a Miguel Angel Aguilar para apuntarle: "Mis hijos no se tapan la cara; rectificad, rectificad". Aludía el marino a una fotografía publicada por este periódico en la que un oficial de Marina se cubría el rostro con su gorra y que errónea mente fue identificado como hijo del encausado. Todo sea dicho: el capitán de navío hizo su puntualización con simpatía. Por lo demás, familiares, periodistas, comisiones militares, observadores, se soportan con corrección. Todo lo más, una conversación que se apaga al paso de una tarjeta de identificación de Prensa. Y en no pocos casos cabe el diálogo y la discusión civilizada.

El fiscal terminó ayer su petición de lecturas sumariales con declaraciones de García Carrés -que continúa ausente de la Sala-, oficiales y números de la Guardia Civil relacionados con la inteligencia militar, y Reventós y Ciurana (alcalde socialista de Lérida) a cuenta del almuerzo entre Armada, Múgica y los anteriores. Lo más curioso de la declaración de Carrés -que lo niega todo- es otra negativa: no tuvo el ofrecimiento de un destacamento de serenos armados (el declarante rigió por muchos años el sindicato vertical de actividades diversas) para operar la noche de autos. Sus conversaciones con Tejero, ya ocupante del Congreso, obedecieron, según dice, a la preocupación que tenía este por un hijo suyo con dolores de cabeza. Carrés se ofreció en el papel de intermediario telefónico entre el asaltante y su familia. Y entre recado y recado un comentarío de Tejero: "Lo que quiere Armada es una poltrona".

De lo declarado -y de lo interrogado- a guardias civiles del CESID (Centro Superior de Inteligencia de la Defensa) a las órdenes de los encausados Cortina y Gómez Iglesias, se podría deducir, o bien que individuos de la inteligencia militar facilitaron infraestructura de comunicaciones a los golpistas por incapacidad del comandante Cortina -jefe de operaciones especiales- de mantener la disciplina entre sus subordinados, o que nuestros servicios secretos no alcanzan precisamente la sutileza de lo retratado por Le Carré y se aproximan a lo descrito por Greene, particularmente en Nuestro hombre en La Habana. Así, el secretario de Cortina en el CESID informa que por una señora de la limpieza tuvo noticia de que el sargento Parra rebuscaba en los cajones de los demás agentes a oficina vacía tomando las llaves del llavero general, de lo que informó a Cortina sin que sepa si éste tomó medidas para remediarlo. Sea como fuere, la iconografía de Forges sobre las señoras de la limpieza quedó materializada en la Sala.

En la selección de lecturas del sumario, en la orientación de las preguntas a los declarantes, existe, es lógico, una intención. Acaso rebajar la credibilidad de los servicios del CESID esté en el ánimo de alguien. Bien sea por relación a los dos procesados de este organismo, bien sea a efectos de enmarcar la supuesta información de los servicios, hecha llegar a Milans, acerca de que había armamento en poder de las Comisiones Obreras de Valencia; un papel con notables dosis de veneno político.

Con no menos carga de trastienda política hacia las afueras de la Sala se leyeron declaraciones de Joan Reventós, jefe de filas de los socialistas catalanes, y de Ciurana, alcalde leridano. Ambos coinciden e insisten en que aquel almuerzo de octubre de 1.980, organizado para que: trabaran conocimiento Armada y Enrique Múgica, entraba dentro de las relaciones sociales y de cortesía entre un político experto en temas castrenses y un militar de prestigio. Se habló de política general, y mucho de los problemas agropecuarios de Lérida sobre los que Armada estaba imbuído, y hasta sobre el deseo de Defensa de comprar un aeropuerto leridano. Ambos declarantes coinciden en que para nada se especuló sobre una posible salida de emergencia a la situación política mediante un gobierno presidido por el general, al que darían su aquiescencia y su colaboración los socialistas. Armada se mostró fuertemente severo con los militares de la UMD expulsados del Ejército. Los dos declarantes se ven sometidos a una constante arremetida de preguntas -la mayoría en base a comentarios de Prensa de aquellas fechas- sobre una posible tentación socialista de puentear un vado político aparentemente infranqueable -Adolfo Suárez, sin citarle- mediante un gobierno de transición presidido por una espada independiente. No, no, no y no.

Acabadas estas actuaciones del Ministerio Fiscal, el letrado Adolfo de Miguel solicitó la suspensión de la vista hasta el lunes. El Presidente de la Sala estimó excesiva la petición y, teniendo en cuenta que hoy no se celebra sesión, se limitó a un receso de media hora. Previamente los abogados Segura y Muñoz Perea -que defienden al capitán Muñecas, al teniente Carricondo y al capitán Pascual Gálvez- hicieron que constara en acta una protesta por supuesto quebrantamiento de forma a efectos de casación, a cuenta de la existencia o no de sus firmas en una de las actas sumariales. La casación por quebrantamiento de forma del juicio supondría la repetición de todas las actuaciones sumariales a partir de las actas que dan pie al recurso. El turno de petición de lectura por la defensa, iniciado ayer, sigue el mismo orden que el que tienen asignado los letrados: de mayor a menor empleo y antigüedad de sus defendidos. El coronel Escandell (Milans e Ibáñez Inglés) pidió se leyera la declaración de Gutiérrez Mellado, las citadas al inicio de esta crónica del Estado Mayor de Milans, así como las hojas de servicio de sus dos defendidos. El Presidente de la Sala rogó repetidamente al coronel Escandell evitara la larguísima lectura de los servicios rendidos por un hombre público como Milans, o al menos la lectura de sólo los aspectos más destacados de esta prolongada biografía militar. Prosperó el criterio de la defensa y uno de los secretarios relatores inició, audiblemente fatigado, la lectura de la hoja.

El coronel Escandell rogó que el relator pusiera en su lectura los mismos énfasis y entonación que cuando leía folios solicitados por el fiscal. Respetuosa protesta del aludido en el supuesto de que, obviamente, los relatores no leen siempre igual a tenor de su cansancio. La Sala tuvo que escuchar, casi día a día, un relato de acciones durante la guerra civil espolvoreado de los apelativos militares de la época acerca de los rojos, la campaña de Rusia -sin perdonar el juramento de fidelidad del entonces joven oficial al Fürher- y los años de paz. Casi una hora y los ujieres dormitando. Muy probablemente fue una lectura interasante para esta causa -como la hoja de servicios de Ibáñez Inglés- por cuanto no se debate aquí la profesionalidad, conocida, de los encausados. Para saber del valor físico de Milans basta con ver los cinco galones por heridas en campaña que luce su manga izquierda.

Lógica expectación ante la lectura de un brevísimo documento del CESID en el que se da cuenta a la Capitanía General de Valencia de una conversación privada entre Ignacio Gallego, miembro del Comité Central del Partido Comunista, y dirigentes de las Comisiones Obreras valencianas. Según este informe, Gallego les dice que un golpe de Estado es posible y que ante tal eventualidad hay que reaccionar ocupando los cuarteles. "Armas no nos faltan" se transcribe que afirmó textualmente. A continuación se insiste sobre detección de arsenales de armas cortas adquiridas en Andorra por comisiones de vecinos que visitan el Principado y sobre el puerto de Valencia como punto fuerte del tráfico generalizado de armamento en España. Este es uno de los documentos que esgrime Milans para justificar la Operación Turia -autovigilancia militar en la ciudad- que el 23 de febrero se entremezcló con ejercicios tácticos fuera de Valencia y la orden de Gabeiras de acuartelar y que llevó a los blindados de la división Maestrazgo al centro de la ciudad del Cid.

Por lo demás, ya queda dicho que los jefes y oficiales a las órdenes del Capitán General concuerdan en términos casi idénticos en que, ante las noticias y las decisiones de Milans, nunca pensaron en un golpe de Estado sino en el acatamiento de deseos reales, y la preocupación por el orden y la paz en su región militar. Las órdenes de la Junta de Jefes de Estado, Mayor -dicen- fueron cumplidas a medida que llegaban, así como las posteriores y apremiantes del Rey, al que suponen es siempre leal Milans.

El letrado Ramón Hermosilla (que defiende a Armada; sin codefensor) fue breve en sus peticiones: por razón de tiempo y por su continua renuncia a la lectura cuando cree que se ha oído lo que interesa a su defensa. Solicitó una declaración de Milans en la que éste pregunta a Gabeiras por Armada; una nota confidencial de Gabeiras relatando el 23-24 de febrero y parte de la declaración del general Aramburu. De lo leído se puede decantar una de las intenciones de esta defensa clave en el proceso: demostrar que Armada siempre obedeció las órdenes recibidas y consultó con Gabeiras todos sus pasos. Una de las declaraciones solicitadas por el letrado Hermosilla movió a curiosidad; Pedro Alvarez Soler, magistrado de La Rota, declara escuchar misa diariamente junto a Armada en el monasterio madrileño de la Encarnación. Y el domingo 22 de febrero, en la misa de doce y media le saludó y le convidó a cenar con tres obispos. No se ha dicho en la Sala, pero en esas pías horas de ese mismo día Milans afirma haber hablado por teléfono con Armada. Por ahí, por la investigación de los pasos del general Armada en los días y las horas previas al golpe, en que testigos de Milans le vieron -pero no le escucharon- hablar con Alfonso, van a ir sin duda los mejores pasos de esta defensa.

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