El Gobierno británico autoriza una red telefónica privada

El Gobierno británico ha dado luz verde al establecimiento de una red telefónica privada -destinada principalmente a las empresas- que competirá con los servicios de la compañía nacional British Telecommunications. Este es un lógico nuevo paso en la política del Gobierno de Margaret Thatcher de exponer los monopolios a la intemperie de la competencia, esperando así que mejorarán los servicios y sus costes para los usuarios.

La licencia ha sido otorgada a la empresa Mercury, formada con un capital inicial de 9.500 millones de pesetas, en manos de Cable and Wireless (40%), British Petroleum (40%) y Barclays Merchant Bank (20%). El ministro de Industria, Patrick Jenkins, ha logrado así romper, por primera vez en sesenta años, el monopolio estatal de la red telefónica británica.Se espera que Mercury comience a prestar sus servicios en Londres a principios de 1983, y que poco después establezca su red de comunicaciones interurbanas entre siete centros del Reino Unido.

Conexiones internacionales

La red de cables de fibra óptica será tendida a lo largo de los railes del ferrocarril, y será capaz de transmitir la voz humana, datos y televisión. Cada uno de los finísimos hilos que componen estos cables podrá llevar hasta 8.000 llamadas a un tiempo.Aunque aún no ha completado las negociaciones finales con British Telecom, Mercury espera poder enganchar su red particular a los servicios interurbanos y de conexiones internacionales de la empresa nacional. La interconexión permitiría a los usuarios de Mercury enlazar con la red telefónica nacional.

La conexión internacional, mayor fuente de ingresos de British Telecom plantea problemas internacionales y nacionales y el Gobierno no se ha decidido aún a romper este monopolio. Con una estación independiente en el Reino Unido, Mercury tendrá, sin embargo, acceso directo a las conexiones vía satélite.

British Telecom no se ha alegrado de la decisión del Gobierno. La empresa nacional, que pierde dinero en las llamadas urbanas compensándolo con los ingresos de las conferencias interurbanas e internacionales, está en un proceso de inversión de 400.000 millones de pesetas para modernizar las partes más anticuadas de sus servicios.

El Parlamento británico aprobó el año pasado una nueva ley de telecomunicaciones, para permitir la liberalización del sistema.

La legalización del suministro privado de aparatos telefónicos y el desarrollo de algunos servicios paralelos -como el correo telefónico- utilizando las líneas nacionales, no preocuparon sobremanera a British Telecommunications, que, sin embargo, se resistió cuanto pudo a la creación de una red telefónica competidora en manos privadas.

Liberalización del sistema

En el campo de las telecomunicaciones, el Gobierno británico viene así a situarse a medio camino entre el sistema más liberal imperante en Estados Unidos y el de los monopolios nacionales que rigen en la mayoría de los países europeos. La licencia otorgada a Mercury tiene una duración inicial de veinticinco años, y por ella, la empresa tendrá que pagar unos derechos al Gobierno británico.El Gobierno, firmemente lanzado en una política de privatización del sector público no acepta la existencia de los "monopolios naturales", apoyándose para su argumentación en el caso norteamericano.

En esta política de desmonopolización de los servicios nacionales, el próximo en la línea de ataque del Gobierno conservador es la red de suministros de gas, con un proyecto de ley que pronto será aprobado en el Parlamento a pesar de la oposición que han anunciado los laboristas y la Corporación Británica del Gas.